Hechos
El amenazante mensaje contra Manuel y demás integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, obedece a otra expresión de sectores afectados por el litigio y acompañamiento en el bajo Atrato donde se han develado en instancias judiciales internas e internacionales los vínculos entre militares, paramilitares, políticos y empresarios palmeros, ganaderos, bananeros y del tráfico de drogas en el despojo de tierras, obras de infrastructura.
Manuel es uno de los representantes legales de las víctimas, en uno de los procesos penales contra empresarios como el proceso 3856, que abrió el capítulo de la llamada paraeconomía. En este caso Manuel representa como integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz, dos empresarios fueron sentenciados a penas de 10 años por este tipo de delitos.
Durante este largo proceso de más de cuatro años, luego de 15 años de denuncias las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz han sido objeto de amenazas de muerte directas, telefónicas y por mensaje de texto, secuestro, detenciones y abusos policiales, difamaciones, montajes judiciales, seguimientos ilegales, allanamientos, atentados, montajes judiciales Semanas atrás se conoció un documento y un plan para atentar contra líderes comunitarios del bajo Atrato e integrantes de nuestra Comisión que realizarían en retaliación por los avances judiciales, la protección de los derechos de comunidades negras e indígenas y restitución de tierras, que han imposibilitado operaciones empresariales ilegales y contra derecho.
Manuel es representante de víctimas en los procesos penales por los asesinatos del líder de restitución de tierra Manuel y su hijo Samir Ruíz, los líderes de restitución asesinados Walberto Hoyos, Orlando Valencia, Argénito Díaz.
Ha sido denunciante, como abogado de nuestra Comisión, de las empresas bananeras UNIBAN, BANACOL, PROBAN, SUNISA, BANADEX, MULTIFRUITS, DEL MONTE y CHIQUITA BRANDS, por su responsabilidad en crímenes ocurridos en el bajo Atrato.
Detrás del conjunto de operaciones para imposibilitar y obstruir nuestra labor legal y legitima se encuentran entre otros el general Rito Alejo del Río Rojas, el exministro Fernando Londoño Hoyos, María Fernanda Cabal, Fernando Vargas como se prueba de diversas maneras desde el año 2008.
Desde hace dos meses se solicitó a la UNP ampliación del esquema de protección sin recibir respuesta favorable. Nuestros abogados, los equipos permanentes en terrenos continúan sin garantías materiales para desarrollar nuestra labor, pues no hay respuesta a medidas anteriores que fueron acordadas, aprobadas pero nunca implementadas.
