Antes de ser presentada como víctima de la masacre de Mapiripán ante la Comisión Interamericana, La señora Mariela Contreras Cruz declaró en la Fiscalía 28 de la Unidad de Derechos Humanos, el 17 de octubre de 2002. Luego de confesar que su familia no había sido desaparecida durante los hechos de Mapiripán, en julio de 2012, ante la Fiscalía general de la Nación, la señora Contreras admitió haberle mentido al Estado, por extrema necesidad y pidió perdón “al colectivo y al gobierno”.
1. La masacre de Mapiripán no ocurrió
Respuesta: Víctimas, victimarios y la justicia nacional e internacional, e incluso el Estado colombiano han reconocido la ocurrencia de la masacre de Mapiripán
A nivel nacional, al menos nueve sentencias se han producido por los hechos conocidos como la masacre de Mapiripán. Los paramilitares Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbun, y los militares Lino Sánchez Prado, Juan Carlos Gamarra Polo, Hernán Orozco Castro y Jaime Humberto Uscátegui Ramírez han sido llamados por la justicia para responder por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de casación del general Jaime Humberto Uscátegui, señala sobre los hechos “En ese sitio (los paramilitares) empezaron una incursión armada, así como en el corregimiento aledaño denominado La Cooperativa, allí impidieron la libertad de locomoción y comunicación de los habitantes, clausuraron las vías de acceso terrestres y fluviales, cerraron oficinas públicas, retuvieron y ultimaron a varios de sus pobladores tras señalarlos de ser auxiliadores de la guerrilla, desmembraron sus cuerpos y luego los lanzaron al río Guaviare.” Página 4, sentencia CSJ 2015
En su sentencia del 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de derechos humanos estableció: “… una vez establecida la vinculación de las Fuerzas Armadas con ese grupo de paramilitares al perpetrar la masacre cometida con base en el reconocimiento estatal de los hechos y en el conjunto de pruebas allegadas al expediente, la Corte ha llegado a la conclusión de que la responsabilidad internacional del Estado se ha generado por un conjunto de acciones y omisiones de agentes estatales y de particulares realizadas en forma coordinada, paralela o concatenada con el propósito de perpetrar la masacre” Párrafo 123 CIDH 2005
Posteriormente, la resolución de la Corte IDH del 23 de noviembre 2012 declara que no corresponde la revisión de la sentencia de 15 de septiembre de 2005, y que durante el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la misma, el Estado ha reiterado que reconoce los hechos de la Masacre de Mapiripán ocurridos entre el 14 y 20 de julio de 1997, así como la responsabilidad declarada en dicha sentencia.
2. El Cajar incriminó al general Uscátegui porque quiere “comer general”
Respuesta: La justicia penal militar, la justicia ordinaria y la Procuraduría han señalado responsabilidad del general Uscátegui, no el Cajar
El Cajar no tiene la facultad de acusar ni condenar. La responsabilidad del General Jaime Humberto Uscátegui ha sido reconocida tanto en la jurisdicción penal militar como en la ordinaria.
En 1998, fue condenado por jueces militares a 40 meses de prisión por falsedad en documento público en relación con la masacre, y una vez el caso pasó a la jurisdicción ordinaria por decisión de la Corte Constitucional, el General fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.
La Corte Suprema de Justicia ratificó su responsabilidad y lo condenó, junto con el Mayor Hernán Orozco, por autoría “comisión por omisión”, dado que ostentaban la posición de garantes de la población de Mapiripán, surgida de la competencia institucional, como miembros de la fuerza pública.
Cabe resaltar que la justicia colombiana aún no ha identificado la totalidad de los cerca de 200 paramilitares que participaron en la masacre ni ha establecido toda la cadena de mando responsable de estos hechos atroces.
3. El General Uscátegui no tenía jurisdicción sobre Mapiripán
Respuesta: La jurisdicción del general está probada por oficios militares y por la Corte Suprema de Justicia. Aún sin jurisdicción el general debió actuar, ha dicho la Corte.
La Orden 05 libertad de enero de 1996 registra el traslado del mando operacional del Batallón Joaquín París a la Brigada VII. Con base en esta y otras evidencias, la Corte Suprema de Justicia en su fallo también determinó que la Brigada comandada por el general Uscátegui sí tenía mando operacional sobre este batallón, el más cercano a Mapiripán, como se consigna en el comunicado oficial de la sentencia
Adicionalmente, en su fallo la Corte señala que “Esa gravedad de los hechos informados le impedía quedarse inmóvil pretextando que el territorio donde estaban ocurriendo los mismos no pertenecía al área de su jurisdicción, porque se insiste, al menos debió informar al comandante que en su entender tenía que repeler esos hechos…” Pág 100 CSJ 2015
4. La existencia de las “falsas víctimas” comprueba que Uscátegui está condenado injustamente
Respuesta: Sin esos falsos testimonios la condena contra el general habría sido la misma.
Ninguno de los falsos testimonios de las personas que se presentaron como víctimas de la masacre de Mapiripán acusa directamente de la misma al general Uscátegui. Sin estos testimonios la condena hubiera sido la misma. El general Jaime Humberto Uscátegui está condenado por la Corte Suprema de Justicia en razón de su jurisdicción, mando, conocimiento y condición de garante, por el delito de “comisión por omisión” con base en pruebas testimoniales, documentales y técnicas recopiladas por la Fiscalía y los jueces durante los procesos en su contra.
5. El Cajar indujo a Mariela Contreras a presentarse como víctima de la masacre de Mapiripán
Respuesta: La señora Contreras y las otras víctimas de la masacre, fueron reconocidas como tales por la Fiscalía, no por el Cajar
Antes de ser presentada como víctima de la masacre de Mapiripán ante la Comisión Interamericana, La señora Mariela Contreras Cruz declaró en la Fiscalía 28 de la Unidad de Derechos Humanos, el 17 de octubre de 2002. Luego de confesar que su familia no había sido desaparecida durante los hechos de Mapiripán, en julio de 2012, ante la Fiscalía general de la Nación, la señora Contreras admitió haberle mentido al Estado, por extrema necesidad y pidió perdón “al colectivo y al gobierno”.
6. Cajar inventó 40 muertos en falsa masacre de Mapiripán
Respuesta: Ninguna cifra de víctimas de la masacre de Mapiripán proviene del Cajar.
Son las decisiones judiciales y los organismos de investigación los que han calculado la magnitud de estos hechos con base en testimonios de los victimarios y de las víctimas. Ante la Corte Interamericana, la Fiscalía presentó un listado oficial de 27 víctimas, y el 12 de abril de 2011 el Cuerpo Técnico de Investigaciones, estimó en 77 las víctimas de estos hechos.
Por otra parte, frente a la brutalidad y sevicia que incluyó el descuartizamiento de cuerpos y su lanzamiento al río Guaviare, la Corte interamericana consideró: “[l]a metodología empleada en la ejecución de la masacre y la destrucción de los cuerpos de las víctimas, sumados al terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de Mapiripán para causar su desplazamiento, han obstaculizado la plena identificación de las víctimas de la masacre, a pesar del hecho que existe certeza sobre el elevado número de personas torturadas y asesinadas durante esos días de julio de 1997” En su fallo ordenó el dragado del río, y todas las diligencias necesarias con el fin de “individualizar e identificar, en un plazo razonable, a las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como sus familiares”.
7. Abogados del Cajar no han sido investigados por “falsas víctimas”
Respuesta: Abogados del Cajar fueron investigados y absueltos fiscal y disciplinariamente. La Fiscalía no halló mérito para llamar a integrantes del Cajar a responder penalmente
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la buena fe de la actuación del Cajar y de Cejil como representantes de las víctimas.
El 28 de mayo de 2013 la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura archivó la investigación contra los abogados que asumieron el caso por parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y concluyó “…los señores abogados Luis Guillermo Pérez Casas y Eduardo Carreño Wilches no han faltado a su deber profesional, consagrado en el Artículo 47, Numeral segundo del decreto 196 de 1961, hoy Artículo 18 Numeral 6 de la Ley 1123 del año 2007, y en consecuencia, no están incursos en falta a la recta y leal realización de la justicia y los fines de Estado, consagrada en el Artículo 52 Numeral segundo del Decreto 196 de 1971, hoy artículo 37 Numeral 9 de la ley 1123 del año 2007, porque no existe ninguna prueba que determine que aconsejaron, patrocinaron o intervinieron en el montaje que hizo la señora Mariela Contreras y sus familiares para buscar ser reconocidas como víctimas de la Masacre de Mapiripán, porque es que realmente esta sala concluye es que lo que esta persona hizo fue un montaje para después seguir, realmente, con una serie de mentiras buscando de pronto escudar su responsabilidad…”
Audio de la decisión:
8. El Cajar no ha devuelto la plata de indemnizaciones de las falsas víctimas
Respuesta: El Cajar devolvió los honorarios por la representación de la señora Contreras
Ante la justicia, el Cajar no estaba en obligación de devolver honorarios recibidos por su trabajo. Aunque las personas que rindieron falso testimonio en el caso de Mapiripán no habían sido condenadas, por decisión propia y obedeciendo a estándares de ética y transparencia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo devolvió al Estado colombiano la suma correspondiente a los honorarios por representación legal de la señora Mariela Contreras y su núcleo familiar, como consta en el acta de cierre de Indagación preliminar No. 88112-2011-005, Dirección de vigilancia fiscal, Contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras, Contraloría General de la República.
9. El Cajar fabrica falsas víctimas para lucrarse
Respuesta: El Cajar Recibe recursos de cooperación internacional que son objeto de auditoría permanente
Ninguno de los recursos que recibe el Cajar por su trabajo se destina al lucro personal de las y los abogados que lo componen. El Cajar es una organización sin ánimo de lucro que lleva 38 años representando a víctimas de crímenes de Estado. Recibe recursos de cooperación internacional que son objeto de auditoría permanente. Los recursos provenientes de honorarios por indemnizaciones en casos de víctimas de crímenes de Estado se reinvierten en la representación de otras víctimas. En el año de 2012 se realizó una auditoría social de carácter internacional que constató la transparencia en la gestión del Cajar.
10. El Cajar compró el testimonio del Mayor Orozco y le pagó sacándolo a un resort en Miami
Respuesta: El Mayor Orozco Castro salió del país en el año 2003 por gestión estatal para proteger su vida.
La actuación del Cajar en el caso del Mayor Orozco consistió en tramitar medidas cautelares a su favor, luego de que él denunciara un atentado contra su vida en su sitio de reclusión y la muerte violenta de su hermano, capitán del Ejército. Ello en razón de que fue el único miembro de la fuerza pública que informó previamente sobre la inminencia de la masacre de Mapiripán a su superior Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, mediante oficio 2919 del 15 de julio de 1997. La Corte Suprema de Justicia lo condenó como autor, por omisión impropia, de homicidio y secuestro agravados, y como coautor de falsedad material de servidor público en documento público.