Para la Corte, el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, en conjunción con la obligación de respeto y garantía, de las víctimas de la masacre: Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Fernando Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur Iván Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez previsto en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ver fallo
A pesar de que el crimen ha sido documentado ampliamente, inclusive por una publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica, y que se han implementado las medidas de reparación simbólica ordenadas por la Corte, la justicia sigue siendo inoperante frente a los autores materiales e intelectuales de este grave atentado contra funcionarios de la rama judicial del país, recogido en el documental: La Rochela: Buscando Justicia en tiempos de paz, realizado como parte de los compromisos del Estado colombiano con las víctimas.
El pasado 25 de agosto, durante la Audiencia de revisión de medidas de protección a las familias de las víctimas, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro Internacional para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, presentamos el balance del incumplimiento del Estado colombiano de la sentencia de la Corte IDH, donde se destacan los nulos avances en materia de justicia.
En el informe se recoge que, de más de 36 personas que tuvieron relación con los hechos, sólo los paramilitares Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, y Julián Ríos Avendaño, han cumplido penas. También han sido condenados como ausentes los paramilitares Julio Rivera, Héctor Rivera, Ricardo Ríos Avendaño, Jesús Emilio Jácome Vergara, Oscar Moreno Rivera, Gilberto Silva Cortés, Lanfor Miguel Gómez y Jairo Iván Galvis. A la fecha, sólo se ha hecho efectiva la orden de captura en contra del señor Julián Ríos Avendaño, quien se encontraba recluido en un establecimiento carcelario del municipio de Girón, Santander, expiando una condena por otros crímenes. En el caso de Norberto de Jesús Martínez Sierra, Rafael Pombo y Anselmo Martínez la acción penal se extinguió por muerte de los procesados.
Tampoco la Ley de Justicia y Paz, 975 de 2005, contribuyó a la satisfacción de los derechos de las víctimas en este caso en medida alguna. Ramón Isaza, alias el viejo, Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez de la Serna, fueron vinculados a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) por lo que se suspendieron las investigaciones que adelantaba la Unidad de Derechos Humanos en su contra.
Ramón Isaza recobró su libertad en 2015 por cumplimiento del máximo de la pena que establecía Justicia y Paz (8 años) aunque no aportó sustancialmente a la verdad y solo aceptó su responsabilidad en la Masacre de la Rochela por línea de mando manifestando que algunos de los patrulleros por él dirigidos participaron en los hechos. En igual sentido, en el pasado mes de octubre el comandante paramilitar Ernesto Baez salió en libertad sin que aportara al esclarecimiento de la masacre.
Respecto de los integrantes de la fuerza pública que participaron en la comisión de la masacre, las condenas en contra del teniente del Teniente Luis Enrique Andrade y el Sargento Otoniel Arciniegas fueron proferidas hace aproximadamente 26 años, sin que a la fecha se hayan hecho efectivas las órdenes de captura por lo que los implicados permanecen en libertad.
De igual manera, no hay avance alguno en la investigación contra las generales involucrados Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora. Si bien el proceso penal continúa, a la fecha no se ha dictado ninguna medida de aseguramiento, al haberse desechado la práctica de las pruebas conducentes a validar o desvirtuar esta hipótesis del paramilitar “Vladimir” que los vinculó con estos hechos. En cuanto al general Farouk Yanine Diaz, la investigación terminó por la muerte del procesado en agosto de 2009.
Finalmente, respecto a la investigación que se adelanta en contra de Tiberio Villareal Ramos, senador de la República durante la época de los hechos, quien fue señalado por alias Vladimir como autor intelectual y auspiciador de la Masacre de la Rochela, no existen avances desde 2011 cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlo.
Por otra parte, en materia de reparación integral, aún hay incumplimientos por parte del Estado colombiano en materia de medidas como la garantía de oportunidades laborales y educativas para los núcleos familiares de las víctimas y en relación con su acceso a la salud. También en materia de protección, las familias que han sido amenazadas en su labor de búsqueda de la verdad y la justicia se han visto enfrentadas a dificultades para mantener sus esquemas de seguridad.
Después de 28 años, la justicia tiene una deuda con estos valerosos funcionarios y funcionaria, y con sus familias. Resulta lamentable que ni siquiera cuando se trata de sus propios integrantes, la justicia y en particular la Fiscalía sea diligente en su labor de esclarecer los hechos.
Estos 28 años son también la oportunidad para exaltar la memoria de la comisión judicial y respaldar a las víctimas en su exigencia de verdad y la justicia, para que hechos como la masacre de La Rochela jamás se repitan.