Hace 30 años, el 18 de enero de 1989 una comisión judicial integrada por 14 funcionarios judiciales y una funcionaria, fueron atacados en la vereda de La Rochela, municipio de Simacota, Santander, por un comando paramilitar integrado por cerca de 40 hombres que actuaba bajo la denominación de “Los Masetos”, con apoyo del Ejército Nacional, quienes los secuestraron y mediante engaño los condujeron a un lugar apartado para luego dispararles ráfagas de fusil. Tres de los funcionarios sobrevivieron.

La Comisión judicial que viajó a La Rochela investigaba 25 expedientes relativos a hechos recientes de asesinatos y desapariciones en la región del Magdalena Medio, incluyendo la desaparición de 19 comerciantes, ocurrida en octubre de 1987, víctimas de la misma alianza entre paramilitares y agentes estatales.

Cabe recordar que para la época operaba en la región una asociación para delinquir compuesta por los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, los paramilitares del Magdalena Medio “Masetos” al mando del paramilitar Henry Pérez, así como con la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio -Acdegam, miembros de la Policía, la V Brigada al mando de Alfonso Vacca Perilla y la XIV Brigada al mando de Juan Salcedo Lora, Farouk Yanine Díaz comandante de la segunda División del Ejército, para asesinar a integrantes del partido Unión Patriótica -UP, el Partido Comunista -PC y toda forma organizativa de la región, incluyendo a los 19 comerciantes asesinados por no pagar impuestos al paramilitarismo.

Después de 30 años, la Masacre de La Rochela sigue en la impunidad, pese a que existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado colombiano y le ordena investigar y sancionar a todos los responsables. Por tal razón, las familias de las víctimas de la masacre de La Rochela, representadas por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar y el Centro Internacional para la Justicia y el Derechos -CEJIL, presentaron un informe ante la Corte Interamericana, por la reciente decisión de la Fiscalía cesar el proceso contra dos de los militares señalados por su responsabilidad en la masacre.

En esta insólita decisión, la Fiscal especializada de la Unidad de Derechos Humanos, Janet Marcela Palomar Gechen, archivó el caso contra los generales Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora, argumentando la falta de pruebas. Al respecto, el abogado del caso Eduardo Carreño Wilches, integrante del Cajar y representante de las víctimas, señaló que: “si bien es cierto que “Vladimir” (paramilitar condenado por la masacre) no menciona al general Juan Salcedo Lora en forma expresa, sí rindió testimonio de que le suministraba granadas, aportando detalles como que les quitaban los pines a las mismas, y que también le vendía municiones y armas para desarrollar su lucha contra las guerrillas al servicio de fuerzas militares. Es decir que se trataba de estructuras criminales que trabajaban conjuntamente”.

Pero incluso, el no haber hecho nada para proteger a la comisión judicial, implica ya una responsabilidad directa de estos mandos militares como cómplices necesarios, señala el abogado Carreño, quien agrega que también existen los testimonios de paramilitares de la misma estructura criminal que ratifican lo que dijo alias “El Negro Vladimir”, así como documentos y otros indicios. Esta decisión es un retroceso más en la búsqueda de la justicia para este caso y constituye un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana.

El trayecto de la impunidad

En el documento presentado ante la Corte, las víctimas también relacionan los incumplimientos en las medidas de reparación contenidas en el fallo en lo concerniente a las opciones laborales y educativas, así como en la atención prioritaria y gratuita en salud. Pero quizás el mayor incumplimiento es la deuda de justicia que tiene la Fiscalía con el ataque a sus propios funcionarios.

Entre enero de 1989 y noviembre de 1990, se desarrollaron las investigaciones por la Masacre de La Rochela que culminaron con una sentencia en la que se estableció la responsabilidad de 10 paramilitares y 2 agentes estatales que fueron condenados a penas menores. El fallo de segunda instancia redujo la condena de los agentes estatales desde entonces prófugos de la justicia y anuló la sentencia respecto de tres paramilitares.

En 1997 el caso fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en sentencia del 11 de mayo de 2007, la Corte Interamericana estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de las víctimas de la masacre y sus familiares.

Desde 1995, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, Alias “El Negro Vladimir” suministró información detallada de la estructura criminal que determinó y ejecutó la masacre, dentro de la cual señaló a los jefes paramilitares Ramón Isaza, Iván Roberto Duque, y a los generales Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla, como directos responsables de la masacre de La Rochela, así como al excongresista Tiberio Villareal, uno de los políticos que más colaboraba con los paramilitares, quien además de recoger la plata a los comerciantes de Bucaramanga para el proyecto, fue “el primero que empezó a presionar para detener esta comisión y el primero que empezó a presionar por intermedio del Mayor Echandía que trabajaba en la división de la Segunda Brigada en Bucaramanga”, según declaraciones de “El Negro Vladimir”.

Aún con este testimonio, la justicia no presentó mayores avances en la investigación y solo hasta 2009, 20 años después de ocurridos los hechos, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, llamó a indagatoria a los referidos generales.

Por otra parte, el Estado otorgó beneficios penales en el marco de la Ley de Justicia y Paz a los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, Alias “Ernesto Baez”, Ramón Isaza, Alias “El Viejo” y Ramiro de Jesús Vanoy, Alias “Cuco Vanoy”, quienes aceptaron su responsabilidad por cadena de mando pero no aportaron sustancialmente al esclarecimiento de los hechos.

Adicionalmente, tres de las víctimas de este caso, viudas de los operadores judiciales fallecidos en la masacre, recibieron múltiples amenazas por parte de grupos paramilitares, por lo que fueron destinatarias de medidas provisionales de protección vigentes hasta 2017 cuando la Corte Interamericana ordenó investigar las amenazas y mantener la protección, retirada por decisión del gobierno colombiano.

Si bien existen avances en relación la sentencia de la Corte, en medidas como indemnizaciones, instalación de placas conmemorativas, y la creación de un documental y una publicación en donde se relatan los hechos del caso, los derechos de las víctimas se siguen viendo limitados por el desarrollo de las investigaciones, lo que sumado a la falta de voluntad y de mecanismos del Estado para cumplir a cabalidad con la sentencia, imponen una carga más sobre los familiares y han convertido el caso de La Rochela en un paradigma de la impunidad que ha reinado en el aparato de justicia en relación con graves crímenes que involucran a agentes estatales.

La masacre de La Rochela hace parte de una serie de crímenes atroces que se enmarcan en el contexto de la expansión paramilitar en la región del Magdalena medio colombiano en los años 80 y 90, en alianza con agentes de la fuerza pública. La verdad y la justicia en este caso son fundamentales para que hechos como estos jamás se repitan. Por esta razón, las familias de las víctimas también esperan que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición -SIVJRNR, creado a partir del Acuerdo Final de Paz y en particular la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP también sea una escenario para conocer la verdad y avanzar en los derechos de las víctimas, a partir del análisis del informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y entregado a este tribunal en mayo pasado.