• En las próximas semanas la Corte Constitucional decidirá sobre el artículo que establece el impuesto a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.
• Organizaciones que llevan más de siete años exigiendo esta medida de salud pública piden a la Corte declarar la exequibilidad del artículo 54 de la Ley 2277 de 2022.
Bogotá, octubre 18 de 2023. En un acto de apoyo a la salud pública y en defensa de medidas que contribuyan a la prevención y reducción de enfermedades no transmisibles, 5.298 ciudadanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra el Colectivo de Abogados y Abogadas ‘José Alvear Restrepo’ –CAJAR-, han unido sus voces para respaldar el impuesto saludable en Colombia. Este movimiento cobra relevancia en un contexto en el que la Corte Constitucional del país evalúa las primeras dos demandas de constitucionalidad (D15129 y D-15137) que buscan declarar inexequible el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, el cual introdujo los impuestos a las bebidas azucaradas y a productos ultraprocesados en Colombia.
Durante más de 7 años, organizaciones defensoras de derechos humanos, la academia y otros sectores de la sociedad civil han estado exigiendo la implementación de esta medida de salud pública, que tiene el objetivo de contribuir a la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. Estas enfermedades representan una creciente carga económica para el sistema de salud del país y afectan la calidad de vida de millones de colombianos.
“La interferencia de algunas industrias, como la de bebidas endulzadas y productos ultraprocesados, en contra de esta medida de salud pública ha sido notoria. Estas corporaciones han empleado una serie de tácticas, desde la difusión de argumentos infundados sobre la eficacia del impuesto hasta la presión ejercida en diversos ámbitos, incluyendo los legislativos, reglamentarios e internacionales, con el propósito de retrasar su implementación.” Afirmó Yessika Hoyos abogada del CAJAR y vocera de la campaña Dulce Veneno que busca proteger el derecho fundamental a la salud de los intereses corporativos.
Las y los defensores del impuesto saludable hacen un llamado respetuoso a las y los Honorables Magistradas y Magistrados de la Corte Constitucional para que declaren la constitucionalidad del artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, como lo han hecho en ocasiones anteriores en casos relacionados con el tabaco, asbesto o el glifosato. La implementación de este impuesto es vital para garantizar el derecho fundamental a la salud de las colombianas y los colombianos.
El respaldo a esta causa se ha materializado en la recolección de 5.298 firmas de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la salud pública. Este esfuerzo conjunto demuestra la importancia que se le atribuye a la protección de la salud y la necesidad de avanzar en la implementación de políticas efectivas para combatir las enfermedades no transmisibles.
La lucha por un impuesto saludable en Colombia continúa, con el apoyo creciente de la sociedad civil y organizaciones comprometidas en la promoción de políticas de salud que beneficien a toda la población. Esperamos que la Corte Constitucional tenga en cuenta este respaldo y tome una decisión que priorice la salud pública.