Este 6 de marzo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Capítulo Bogotá, junto a procesos de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Bogotá, conmemoramos el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, una fecha que nació de la movilización, la denuncia y la resistencia colectiva.

Esta fecha conmemorativa nació en el 2008, en medio de un contexto de estigmatización contra las organizaciones sociales y de negación de la responsabilidad estatal en graves violaciones a los derechos humanos. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) decide convocar una jornada nacional e internacional para denunciar la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la persecución política y el desplazamiento forzado, perpetrados por el Estado y el paramilitarismo.

Desde entonces, esta fecha se consolidó como un acto político de memoria activa y exigencia de justicia, un día para nombrar a quienes intentaron borrar, para dignificar sus vidas y para recordar que la verdad y la justicia siguen siendo deudas del Estado colombiano.

En Bogotá, capital del país y centro de decisiones institucionales, pero también escenario histórico de organización social, reafirmamos que la memoria es una acción política. Aquí miles de víctimas han acudido a exigir verdad ante las altas cortes, la Fiscalía y las entidades del Estado. Y es también aquí donde se evidencian las profundas deudas frente al esclarecimiento total de los crímenes y la sanción de los máximos responsables. Bogotá es también un territorio de memoria y resistencia, donde las víctimas continúan interpelando al Estado y a la sociedad para que estos crímenes no queden en el olvido ni en la impunidad.

La impunidad en Colombia sigue siendo estructural y Bogotá no está al margen de esta realidad. En casos de desaparición forzada, de más de 214.000 hechos reportados en el país, solo 305 han tenido sentencias condenatorias, lo que sitúa la impunidad cerca del 99,86 %. En materia de ejecuciones extrajudiciales, miles de casos siguen sin sanción plena a todos los niveles de responsabilidad. Durante el estallido social de 2021, organizaciones nacionales e internacionales documentaron decenas de homicidios, centenares de personas heridas, muchas con lesiones oculares y múltiples denuncias de violencia policial, mientras los avances judiciales siguen siendo limitados e incluso nulos.

Estas cifras reflejan una brecha profunda entre la magnitud de los crímenes y la respuesta efectiva del Estado. En la capital del país, donde se concentran las principales instituciones, la responsabilidad es mayor: investigar de manera integral, sancionar a todos los niveles de mando y transformar las estructuras que permitieron esas violaciones.

Este mes de marzo nos conecta con luchas internacionales que han demostrado que la memoria organizada puede abrir caminos contra la impunidad.

El 21 de marzo, la red italiana Libera contra la mafia convoca la Jornada de la Memoria y del Compromiso en Recuerdo de las Víctimas Inocentes de las Mafias, transformando el duelo en acción colectiva contra la criminalidad y la corrupción. En el marco de esta jornada se rendirá homenaje a la memoria de Manuel Cepeda y Jorge Soto, víctimas colombianas de criminalidad estatal que, al igual que las víctimas de las mafias italianas, serán traídas a la memoria dignificando su vida y su legado.

El 24 de marzo, en Argentina, organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS conmemoran el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas de la dictadura militar. Su persistencia logró romper décadas de impunidad y abrir camino a procesos judiciales contra los responsables del terrorismo de Estado.

Estas experiencias nos recuerdan que la impunidad no es inevitable cuando las víctimas se organizan y la sociedad asume la memoria como compromiso político. Pero también dejan claro que la justicia sólo es posible cuando el Estado, como garante de derechos, reconoce plenamente su responsabilidad, investiga y sanciona a todos los niveles de mando, y transforma las estructuras que permitieron los crímenes para garantizar que nunca más se repitan.

Desde el MOVICE y las organizaciones de derechos humanos en Bogotá reiteramos nuestras exigencias de verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y políticas públicas de memoria que dignifiquen a las víctimas y reconozcan la responsabilidad estatal.

Reafirmamos que no nos han silenciado y no lo harán. Seguiremos ocupando el espacio público, construyendo memoria colectiva y exigiendo justicia frente a cada intento de negación o estigmatización.

Hoy 6 de marzo estaremos en una acción pública en la Iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, desde las 12:30 p.m., para honrar a las víctimas de crímenes de Estado y para reiterar que la memoria es resistencia y que nuestra dignidad no se negocia.

La lucha contra la impunidad continúa. Seguimos de pie, con la memoria como bandera y la dignidad de las víctimas como camino, reafirmando que #FueElEstado.

El viento de la memoria siembra justicia y disipa la impunidad. 

Suscriben: 

Organizaciones de víctimas.

• Colectivo Narrar es Narrarse.
• ASFADDES.
• Poemapa.
• Hijos e hijas por la Memoria y contra la impunidad.
• Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Bogotá.

Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos.

• Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo.
• Corporación Júridica Yira Castro
• Colectivo Orlando Fals Borda.
• Corporación Humanitaria Reencuentros.
• Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
• Casa Memoria Suba.
• Colectivo Cartas de amor – Memorias desde el corazón.
• Caribe afirmativo.
• Amoratorio.
• Bordanzas de la memoria.
• Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Organizaciones Internacionales. 

• Red Italiana Libera Contra la Mafia.
• Alas América Latina Alternativa.