En la audiencia las organizaciones de la región mostraron particular preocupación por que las medidas cautelares, medidas de protección que se brindan a víctimas en situaciones de emergencia, se gestionen por medio de trámites sencillos y eficaces, un proceso que algunos gobiernos quisieron complicar.

También se hizo hincapié en la importancia de mantener la integridad del informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, algo que también fue cuestionado por algunos países miembros de la OEA.

Asimismo, los miembros de la sociedad civil resaltaron la importancia de que las elecciones ante la Comisión sean transparentes, particularmente las de su Secretario Ejecutivo, que se realizarán en julio de este año.

Por otro lado, las organizaciones presentes expresaron la importancia de que los acuerdos de solución amistosa se firmen de buena fe y no sólo para evitar que un caso sea enviado a la Corte e incumplirse a posteriori.

Las organizaciones también destacaron la importancia de mantener el capítulo cuarto de cada informe anual de las distintas Relatorías de la Comisión. El tema es sensible para algunos países ya que este capítulo señala a los países que enfrentan mayores desafíos en materia de violaciones a los derechos humanos. Ha sido fuertemente cuestionado por países como Venezuela y Colombia.

En un espíritu de colaboración, las organizaciones también propusieron mecanismos para contribuir a un mayor cumplimiento de las decisiones de la CIDH y medidas para mejorar la eficacia en la tramitación de casos.

Finalmente, se enfatizó la necesidad de que la OEA brinde un mayor apoyo financiero a los órganos de protección de derechos humanos en la región (Comisión y Corte Interamericanas) para asegurar su buen funcionamiento y el respeto a los derechos humanos en las Américas.

Varias de las observaciones que levantó la sociedad civil en esta audiencia fueron ya plasmadas en un documento, firmado por más de 90 organizaciones, que se entregó en el Consejo Permanente de la OEA en enero de 2012.

El documento se produjo en reacción a un informe entregado al Consejo Permanente de la OEA por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Fortalecimiento de la CIDH para el Funcionamiento del Sistema Interamericano, integrado por Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, entre otros.

Algunas recomendaciones de este informe buscan claramente obstaculizar la labor de la Comisión Interamericana, en reacción a acciones específicas de este órgano en su contra, como la admisión reciente o próxima de casos denunciando violaciones a los derechos humanos en sus países.

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Milli Legrain

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