La criminalidad de Estado en Colombia ha sido sistemática y generalizada. Las cifras conocidas, aunque en muchos casos constituyen subregistros, evidencian su escalofriante dimensión: al menos 6.402 jóvenes ejecutados extrajudicialmente entre 2002 y 2008 para ser presentados falsamente por el Ejército Nacional como ‘bajas en combate’, más de 130.000 personas desaparecidas forzadamente, más de 6.000 civiles víctimas de un genocidio por motivos políticos y miles de casos de tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, abuso policial y masacres, que configuran patrones sistemáticos de violencia. Además de los miles de liderazgos sociales y personas defensoras asesinadas.
Bogotá, 9 de abril de 2026. Hoy, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), insistimos en que no puede haber memoria sin el reconocimiento explícito del papel del Estado en la comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos tanto por acción como por omisión.
En un país definido por una historia de guerra y exclusión, la memoria no puede ser neutral. Recordar implica tomar posición frente a lo ocurrido, reconocer responsabilidades y exigir transformaciones que garanticen la no repetición.
El 9 de abril es una fecha que interpela al país no solo sobre su pasado de violencia y desigualdades estructurales , sino sobre las formas en que se ha narrado, reconocido o negado por el Estado colombiano.
Si bien esta conmemoración ha sido presentada como un avance en el reconocimiento de las víctimas, no puede reducirse a un acto simbólico en escenarios que generalmente han sido usados para la revictimización. Es, ante todo, un escenario de disputa política por la memoria, la verdad y la responsabilidad.
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) insistimos en que no puede haber memoria sin el reconocimiento explícito del papel del Estado en la comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos tanto por acción como por omisión. Durante años se ha intentado imponer una narrativa que fragmenta los hechos, diluye responsabilidades y presenta la violencia como una suma de hechos aislados e incluso, la ha legitimado, justificado y reproducido. Esa narrativa ha sido funcional a la impunidad y a la comisión de nuevos hechos sin sanciones sociales efectivas.
Las cifras son contundentes y revelan la dimensión de esta realidad. La Jurisdicción Especial para la Paz ha reconocido al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, una cifra que podría ser aún mayor. En materia de desaparición forzada, se registran más de 130.000 personas desaparecidas, mientras que el desplazamiento forzado ha afectado a más de 6 millones de personas en el país. A esto se suman miles de casos de tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos y masacres que configuran patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos.
Estos hechos no son aislados. Diversas fuentes oficiales han señalado la responsabilidad de agentes estatales y su articulación con estructuras paramilitares en un alto porcentaje de estos crímenes. Sin embargo, el país aún no conoce la verdad completa ni ha logrado sancionar a los máximos responsables.
Esta impunidad no es un hecho excepcional: es estructural. Persisten obstáculos en el acceso a la justicia, limitaciones en la investigación de crímenes como la desaparición forzada y prácticas de encubrimiento que impiden esclarecer quiénes dieron las órdenes y con qué intereses.
A lo anterior se suma un elemento que no puede ser ignorado: lejos de haberse superado, varios de estos patrones de violencia se han profundizado incluso después de la firma del Acuerdo de Paz. Hoy continúan reproduciéndose hechos victimizantes y graves violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas en contextos donde persisten vacíos institucionales y limitaciones jurídicas que dificultan una respuesta efectiva del Estado. Esta situación evidencia no solo la continuidad de las violencias, sino también la ausencia de garantías reales de no repetición.
A más de una década de la implementación de la Ley de Víctimas, los avances institucionales siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del daño causado. Se mantienen dificultades en la reparación integral, en el reconocimiento pleno de las víctimas de crímenes de Estado y en la garantía de sus derechos. A esto se suma la continuidad de la estigmatización, la violencia contra liderazgos sociales y la falta de garantías efectivas de no repetición.
En este contexto, la memoria no puede ser utilizada para encubrir la impunidad ni para construir relatos que evadan responsabilidades. Recordar implica también señalar. Implica exigir que la justicia alcance a todos los niveles de responsabilidad, incluidos quienes diseñaron, ordenaron o permitieron estas prácticas.
La solidaridad con las víctimas no puede quedarse en el discurso. Debe traducirse en decisiones concretas: en el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, en el fortalecimiento real del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el desmonte efectivo del paramilitarismo, en garantías para la participación política y en medidas reales de protección para quienes defienden los derechos humanos. Todo ello exige, además, una voluntad real de transformar las condiciones que han permitido la repetición de estas violencias.
Nombrar lo ocurrido es también disputar el sentido de la memoria. Es rechazar la impunidad y afirmar que la dignidad de las víctimas no admite silencios ni negacionismo. En esa disputa seguiremos sosteniendo la memoria de los y las nuestras, señalando responsabilidades y exigiendo las transformaciones que el país aún debe, empezando por el reconocimiento pleno de la responsabilidad del Estado colombiano como victimario.
#FueElEstado
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