HECHOS
1. En repetidas oportunidades hemos presentado quejas y denuncias, ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y ante los organismos de control en materia de derechos humanos, por la sistemática persecución de que somos objeto las prisioneras políticas por parte de algunos miembros del personal de custodia y vigilancia del INPEC, sin que hasta la fecha se nos haya dado respuesta.
2. De igual manera hemos interpuesto quejas y denuncias porque se nos ha obligado a convivir con algunas organizaciones insurgentes, con internas que hacen parte del programa de Justicia y Paz y con algunas internas que cumplen el papel de informantes del INPEC, exponiéndonos, y a nuestros visitantes, en nuestra seguridad e integridad personales y desconociendo de tajo el derecho que nos asiste a la Clasificación de internas por Hecho Punible, tal como lo establecen las normas internacionales sobre el tratamiento a la población reclusa y las mismas disposiciones nacionales sobre la materia.
3. El INPEC ha hecho caso omiso y/o no ha actuado con oportunidad frente a las diferentes Alertas Tempranas en las que oportunamente hemos llamado la atención sobre posibles hechos que ponen en riesgo nuestra seguridad e integridad física y de nuestros visitantes por la presencia de las internas referenciadas en el numeral 2, conviviendo entre nosotras.
Como resultado de tal omisión, el día 10 de diciembre de 2010, la prisionera política Leydi Sarmiento fue golpeada fuertemente con un objeto contundente en su rostro, por parte de la interna Maria Carlota Cardozo Castaño. Dicha agresión física le ocasiono la pérdida definitiva de piezas dentales y una incapacidad medica dictaminada por medicina legal, de varios días.
Por otra parte el día 26 de enero de 2011, la prisionera política July Paola Ramirez fue agredida físicamente por la interna de Justicia y Paz, Diana Rivera ocasionándole numerosas heridas en su rostro y cuello. La interna Diana Rivera ha sido reincidente en sus agresiones físicas, verbales y amenazas contra otras internas, a tal punto que enfrenta cargos por tentativa de homicidio y lesiones personales por dichos hechos.
4. Ante nuestras manifestaciones de reacción inmediata en solidaridad con nuestra compañera Paola Ramirez, y en repudio por la agresión recibida, la respuesta del INPEC fue enviarnos un operativo de Registro a todas las celdas del pabellón 6°, con el objetivo de calmar nuestros ánimos y distraer nuestra atención.
5. Pasado el operativo de registro, como de costumbre nuestros objetos personales quedaron en desorden y algunos tirados en el piso. Inmediatamente después, a varias compañeras, que fueron señaladas por el Cabo la Torre, les pidieron ingresar a la sección del taller, contiguo a la celda asignada a la interna agresora Diana Rivera, y en presencia de funcionarios de Policia Judicial se les acuso de “violación a los derechos humanos” por supuestamente haberle dañado las pertenencias a la interna Diana Rivera, porque estas se encontraban en el piso al igual que las de las otras internas del pabellón 6°.
6. Ante la gravedad de lo sucedido la directora de la Reclusión de Mujeres de Bogotá, capitana Magnolia Angulo, hizo presencia en el pabellón en compañía de un funcionario de la Defensoría del Pueblo, instándonos a una reunión en la que los prisioneras políticas expusimos ampliamente nuestra situación. Al final de dicha reunión se establecieron unos compromisos que esperamos sean cumplidos.
Durante la reunión la Directora de la Reclusión manifestó que las internas que se acogen al programa de Justicia y Paz no pierden su carácter de rebeldes, pretendiendo justificar con ese exabrupto la presencia de estas internas en el pabellón de prisioneras políticas.
Afirmación que Las prisioneras políticas rechazamos enfáticamente porque una persona que traiciona sus ideales de lucha deja automáticamente de ser prisionero político. Además, la ley de Justicia y Paz claramente establece que las personas que ingresan a este programa deben ser confinadas en pabellones especiales para ellas.
Las prisioneras políticas nos encontramos en condición de “especial sujeción del Estado” dada nuestra privación de la libertad; por lo tanto cualquier vulneración a nuestros DDHH; a nuestra dignidad humana, a nuestra seguridad y a nuestra integridad física y moral y la de nuestros visitantes es responsabilidad directa del estado colombiano en cabeza del INPEC, por lo tanto exigimos que se de cumplimiento a las leyes nacionales e internacionales de clasificación de internas por hecho punible y se nos separe de las detenidas de Justicia y Paz, Paramilitares y Reinsertadas
SOLICITUDES
Convocamos a las Organizaciones nacionales e internacionales de DDHH, a la Comisión Interamericana de DDHH en Colombia, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH en Colombia y a los organismos de control en materia de DDHH, a hacerle seguimiento a las diferentes denuncias que los prisioner@s politic@s venimos realizando sobre nuestras condiciones en prisión y a que nos acompañen activamente para evitar así posibles represalias(como traslados), que las directivas del INPEC puedan tomar en nuestra contra por nuestra activa denuncia en defensa de los DDHH de las personas privadas de la libertad
