Con el apoyo de los eurodiputados Raúl Romera (Verde), Helmut Sholz (GUE) Richard Howitt (Socialista), el Manifiesto fue presentado al Parlamento Europeo por diversas plataformas de ONG con sede en Bruselas, tales como el Grupo Sur y la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), sustentado con la firma de más de 200 organizaciones.
Como se sabe, los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los paises latinoamericanos mencionados terminaron de negociarse en mayo del año pasado, pero antes de entrar en vigor deberán ser aprobado por los parlamentos de cada parte.
Para las organizaciones firmantes del Manifiesto, los acuerdos negociados “privilegian los intereses comerciales de la UE, tanto en el acceso a mercados como en el alcance de los temas de servicios, inversiones, compras gubernamentales, propiedad intelectual entre otros. A cambio, Colombia y Perú y los países centroamericanos han logrado ´algunas ventajas` en acceso a mercados, que no hacen otra cosa que consolidar el acceso que ya tenían estos países a los mercados internacionales”.
Para Enrique Daza, portavoz de ASC, una de las organizaciones firmantes del Manifiesto, los acuerdos negociados son “asimétricos” y “tratan de poner como iguales a quienes no lo son”. En efecto, las asimetrías en los niveles de desarrollo, bienestar y calidad de vida entre la UE y América Central, Colombia y Perú son abismales. La reducción de estas asimetrías era un propósito prioritario de las negociaciones, no obstante los Acuerdos negociados no incorporan mecanismos efectivos que contribuyan a reducirlas. Por el contrario, las exacerban.
Los resultados de la negociación del sector lácteo es un ejemplo de esta inequidad. El ingreso de lácteos subsidiados europeos van generar un desplazamiento de los mercados internos centroamericanos y andinos, afectando a los productores locales y comprometiendo la soberanía alimentaría de estas regiones. Sólo en Colombia provocará la “destrucción” de la economía de 200.000 familias que viven de la producción de la leche, y afectará a otros sectores agrícolas como el de los cereales.
En su exposición ante el Parlamento Europeo, el portavoz de ASC consideró que los latinoamericanos no saldrán beneficiados del modelo de compras públicas que propone el acuerdo, y sufrirán restricciones al acceder a los medicamentos genéricos por las normas de propiedad intelectual incluidas. Al respecto el Manifiesto señala:
“Los recursos naturales, la biodiversidad, los conocimientos ancestrales, los servicios públicos, las fuentes de agua, los recursos minerales y energéticos tanto de Centroamérica como de la región andina, han sido objetivo codiciado de las empresas transnacionales de Europa y Estados Unidos. Los Acuerdos negociados favorecen los intereses de las multinacionales europeas en estas áreas. Poner al servicio del lucro de empresas europeas a sectores que son estratégicos para el desarrollo de los países latinoamericanos comprometidos con los Acuerdos, afecta las posibilidades de la integración económica regional y la soberanía de los Estados”.
Por otra parte, los Acuerdos desconocen los estudios de impacto socio-ambiental encomendados a la Comisión Europea y publicados antes de finalizar las negociaciones. Pese a sus limitaciones, estos estudios hacen referencia a impactos en algunas áreas sensibles. Pero pese a esta advertencia las partes desconocieron de plano sus resultados a la hora de definir los textos de los Acuerdos, mostrando que no se buscó corregir los posibles impactos.
Como tampoco los Acuerdos negociados plantean la superación de las inequidades sociales existentes en las tres regiones comprometidas, ni constituyen un avance en materia de protección a los derechos humanos, ya que no los privilegia sobre el libre comercio. Además de contener medidas que afectarán los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos centroamericanos, peruano y colombiano, no incluyen mecanismos efectivos de sanción que condicionen las preferencias comerciales al adecuado cumplimiento de los derechos humanos. “La culminación de las negociaciones estuvo por encima de cualquier otra consideración referida al buen gobierno o los derechos humanos: ni la crisis democrática de Honduras tras el golpe de Estado, o las graves violaciones a la libertad sindical en Colombia, Guatemala o Panamá, ocurridas durante las negociaciones, lograron alterar el curso de las mismas”, se lee en el Manifiesto.
Al respecto Raúl Romeva, eurodiputado español de Los Verdes, en el acto de presentación del Manifiesto ante el Parlamento Europeo, señaló: “Cada vez que hay un acto de revuelta e indignación en los países afectados, la Unión Europea dice que lo arreglen dentro de su propio país. Ese es el problema más grave”. Asimismo lamentó la “opacidad” del proceso de negociación, y que el Parlamento Europeo sólo pueda emitir un voto a favor o en contra del conjunto de los acuerdos, sin tener la oportunidad de introducir enmiendas. Desde su punto de vista, los acuerdos se negociaron “con prisas” y “por intereses electorales”.
De ahí que en opinión de las ONG firmantes del Manifiesto: “los Acuerdos negociados pueden agudizar los conflictos socio ambientales existentes en Colombia, Perú y la región centroamericana. Los modelos extractivistas que se vienen aplicando en estas regiones generan el rechazo de la población y la movilización social en defensa del territorio y de los recursos naturales, principalmente, de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Por otra parte, los Acuerdos negociados limitan las posibilidades de participación de la sociedad civil. Fueron desconocidas las recomendaciones, propuestas y la participación vinculante y amplia de diversas organizaciones y movimientos sociales de las tres regiones. Los Foros previstos son un mecanismo de participación insuficiente, que no garantizan la transparencia ni la democracia en el Acuerdo.
Finalmente, el responsable de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Juan Moreno, dio por hecho que los tratados serán respaldados por la Eurocámara, donde el grupo mayoritario: el conservador Partido Popular, ya se ha manifestado a favor de los mismos, lo cual en su opinión será lamentable. “Hay que abrir una reflexión para ver qué hacemos después, ver cómo va a poder participar la sociedad civil”, concluyó.
