En los últimos 15 años numerosas acciones jurídicas a nivel penal, disciplinario y administrativo han sido interpuestas por los oficiales implicados bajo alegatos de violación al debido proceso y a la presunción de inocencia sin sustento en la realidad y abusando de los recursos legales, todo con el propósito de que se anule la resolución que los destituyó del ejército. Recientemente, el 1 de marzo de 2011, en un fallo de tutela una sala de conjueces del Consejo de Estado decidió REVOCAR el fallo de la Sala Plena que confirmó en septiembre de 2009 la destitución del General Alvaro Velandia H. por su responsabilidad en los hechos.
No es la primera vez que el exgeneral Velandia ha impedido o dilatado la aplicación de la justicia. Todo lo contrario, ha recurrido sistemáticamente a numerosos recursos jurídicos temerarios y al encubrimiento de la verdad desde 1987 hasta la fecha, logrando la impunidad y afectando el derecho a la verdad, al debido proceso de la víctima y sus familiares.
La consecuencia perversa de esa situación ha sido el olvido de la dignidad y de los derechos de Nydia Erika como víctima de una desaparición forzada, un crimen considerado muy grave en otros países de América Latina, pero que en Colombia continúa ocurriendo todos los días, en medio de una gran indiferencia social y de la libertad de sus autores criminales de lesa humanidad.
