La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de abrir un frente inédito de investigación en relación con los documentos secretos de inteligencia del Ejército. En concreto, el pasado 2 de febrero ordenó la inspección de los archivos de inteligencia de la Brigada XX entre 1985 y 1998, cuando dicha unidad militar fue desmantelada por el gobierno de Ernesto Samper por múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Los documentos de la extinta Brigada XX -que en su momento asumió el rol del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci), también conocido como el Batallón Charry Solano- hoy reposan en las instalaciones del Archivo General del Ministerio de Defensa, ubicado en el centro de Bogotá. Estos registros podrían arrojar pistas sobre las memorias de la guerra en Colombia en aquellos años, pero también dar luces sobre las sombras que durante décadas han perseguido a esa brigada.

La decisión fue tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad luego de la petición que le hicieran desde octubre pasado las abogadas Soraya Gutiérrez y Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Para la JEP fue clave el análisis de un informe elaborado por varias ONG de derechos humanos titulado “Binci y Brigada XX: el rol de la inteligencia militar en los crímenes de Estado y la construcción del enemigo interno”, que documentó graves violaciones a los derechos humanos perpetrados entre 1977 y 1998, al parecer, “por parte de organismos de inteligencia adscritos a las Fuerzas Militares, quienes a través del uso de fuentes y medios humanos, técnicos y tecnológicos realizaron acciones de persecución contra integrantes de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o quienes hacían oposición, rotulados bajo el concepto de ‘enemigo interno’”, según se lee en la decisión en poder de este diario.

El informe de las ONG, que sustentó la medida de la JEP, describió así sus hallazgos: “Esta persecución se dio (…) evidenciando un patrón común en todos los casos, en tanto que inicialmente se realizaba un control y vigilancia de estas personas para indagar sobre su vida personal, horarios, hábitos, lugar de residencia y trabajo, y la familia o personas que frecuentaba; para ello regularmente se usaba la infiltración. Posteriormente se pasaba al secuestro y/o privación ilegal de la libertad por parte de integrantes de las unidades de inteligencia del Ejército, quienes podían estar con el uniforme distintivo o vestidos de civil. Las víctimas eran conducidas a instalaciones de las Fuerzas Militares o a lugares clandestinos, normalmente usando vehículos particulares que estaban registrados bajo estas unidades militares. No se exhibían órdenes de captura autorizadas por jueces para realizar dichos procedimientos ni se informaba a los familiares el paradero de las víctimas”.

En medio de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional y la persecución del comunismo, en 1964 fue creado el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci), justo en el mismo año en que nacieron las guerrillas de las FARC y el ELN. Sin embargo, se transformó en 1985 en la Brigada XX en momentos en que Colombia sufría la peor violencia de los carteles de la droga y sus alianzas con el paramilitarismo. Según los reportes de las organizaciones de derechos humanos, construidos a través de relatos de sobrevivientes y de exintegrantes de esas unidades militares, el Binci y la Brigada XX serían responsables de al menos 51 ejecuciones extrajudiciales, 73 casos de desaparición forzada y 35 más de presunta tortura ocurridos desde su creación. De hecho, fueron las quejas que hizo en 1998 la Embajada de Estados Unidos las que llevaron al cierre definitivo de la Brigada XX. De allí la importancia de la reciente decisión de la JEP de escarbar entre sus archivos.

Más allá de esta bitácora de supuestos delitos y excesos militares que durante años han documentado distintas organizaciones sociales, la justicia no ha hecho mayores avances en estos expedientes. El mundo opaco de la inteligencia estatal ha sido muy denunciado en Colombia, pero poco investigado por autoridades judiciales. Con excepción, quizá, del caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuya entidad fue clausurada en 2011 por el gobierno de Juan Manuel Santos tras las denuncias de la revista “Semana” que corroboraron jueces y fiscales en operaciones de espionaje ilegal a periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, alianzas con paramilitares, persecución de civiles o dirigentes opositores al gobierno de Álvaro Uribe, entre otro largo etcétera de acciones criminales pagadas con dineros públicos. La inspección que acaba de ordenar la JEP a estos archivos de inteligencia podría abrir una nueva caja de Pandora.

En la solicitud de medidas cautelares del Colectivo José Alvear sobre estos documentos de inteligencia se asegura que la Fiscalía ha hecho diligencias para establecer los alcances y el contenido de algunos de estos registros que custodia el Archivo General del Ministerio de Defensa. “Allí reposan -dice la petición de las abogadas Soraya Gutiérrez y Yessika Hoyos- numerosas cajas, rotuladas con números y nombres del supuesto blanco, en donde se almacena información sobre seguimientos y anotaciones de inteligencia efectuadas a organizaciones sindicales, sindicalistas, líderes políticos y sociales, integrantes de la UP, del Partido Comunista, defensores de derechos humanos. Anotaciones de marchas organizadas por sindicatos, transcripción de reuniones y eventos convocados por defensores de derechos humanos y actividades diarias de las personas que perfilaron como blancos, incluidos sus núcleos familiares, y otros detalles muy personales”.

Tras analizar el contexto de la violencia en Colombia, los reportes de las organizaciones de derechos humanos, y hasta el hecho de que la JEP ha aceptado el sometimiento de tres exmiembros del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Brigada XX, como el mayor (r) Óscar William Vásquez, el teniente (r) Gustavo Arévalo Moreno y el sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón, la Jurisdicción ordenó inspeccionar los archivos de esa unidad militar a fin de salvaguardar el contenido de esos documentos. El viceministro de Defensa, Alberto Lara Losada, en su calidad de secretario técnico del consejo directivo del Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia (entidad creada en 2017 para custodiar estos documentos), le deberá presentar a la JEP en menos de 10 días un informe detallado de estos registros militares, el soporte en el que se encuentran, cómo fueron clasificados y el nivel de conservación.

Además, deberá informar qué métodos están usando para que esos archivos no se dañen ni apolillen, cuál es el volumen de estos documentos y cuáles procedimientos archivísticos han sido aplicados, si existen “instrumentos técnicos de descripción y recuperación de la información y documentación aplicados a los archivos de inteligencia”, reseñar los protocolos de seguridad y cadena de custodia implementados por el Ministerio de Defensa, así como informar el “registro de instituciones o personas que han solicitado realizar consultas, inspecciones o revisiones documentales sobre los archivos”. En resumen, la JEP pidió una catalogación minuciosa de estos registros de inteligencia para tomar una decisión de fondo en relación con las medidas cautelares solicitadas. En ese orden de ideas, la inspección que en los próximos días harán dos magistrados auxiliares de la JEP resultará clave en estas averiguaciones.

El auto de la Jurisdicción es muy claro sobre lo que viene en este caso: “La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad considera que de llegar a decretar las medidas cautelares para la protección de los archivos del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Brigada XX del Ejército Nacional (los cuales reposan actualmente en el Archivo General del Ministerio de Defensa) podría redundar en el beneficio de las víctimas individuales y colectivas del Caso 06, toda vez que la información que se encuentra almacenada en los mismos puede contribuir en el esclarecimiento sobre presuntas violaciones de derechos humanos a los integrantes de la UP, organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos por parte de agentes de inteligencia del Estado o de paramilitares en razón al conflicto armado acontecido en Colombia”.

En síntesis, la JEP todavía no ha decretado las medidas cautelares para que toda esa información de la Brigada XX sea trasladada a los distintos expedientes que adelanta la Jurisdicción. Sin embargo, todo apunta a que ese será el destino final de esos archivos que durante años ha guardado con celo el Ejército Nacional. “La información que reposa en los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Comando Operativo de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional deviene de suma importancia para el eventual establecimiento de la verdad de lo sucedido en desarrollo del conflicto armado”, concluyó el auto de la JEP conocido por El Espectador y firmado por los magistrados Raúl Eduardo Sánchez, Gustavo Adolfo Salazar, Reinere de los Ángeles Jaramillo, María del Pilar Valencia y Alejandro Ramelli. En ese esfuerzo por reconstruir la memoria del conflicto, esta bitácora de inteligencia militar resulta absolutamente trascendental.