• La decisión reitera que el desplazamiento de 1996 es un crimen de lesa humanidad, por lo que la acción penal no prescribe. 
• Un excomandante paramilitar declaró que Marulanda le dio personalmente la orden de sacar a los campesinos de la hacienda. 

Bogotá, 1 de octubre de 2026. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), como representante de víctimas, informa la decisión de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación de ordenar la detención preventiva de Francisco Alberto Marulanda Ramírez, como presunto coautor del desplazamiento forzado de al menos 70 familias campesinas de la Hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar.   

Marulanda Ramírez fue vinculado al proceso como persona ausente en 2016, tras varios intentos fallidos de hacer efectivas las órdenes de captura en su contra. La Fiscalía consideró necesaria la detención para garantizar su comparecencia, evitar la fuga, impedir la continuidad de la actividad delictiva y proteger la investigación y sus pruebas y ordenó librar la boleta de detención. 

 “(…) Por fin se da un paso para buscar algo de justicia en el caso, pero advirtiendo que este señor no está detenido y se debe hacer efectiva la orden de captura. Las pruebas son absolutamente contundentes para demostrar que él era el que ordenaba y planificaba la totalidad de las operaciones para desplazar a los habitantes de esta región, que eran poseedores de unos predios baldíos, los cuales algunos integrantes de la familia Marulanda anexaron en forma arbitraria a sus propiedades tras el desplazamiento de las familias campesinas (…)”, señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar.  

La investigación busca establecer la responsabilidad de Marulanda en desplazamientos forzados ocurridos en febrero de 1996 en las veredas San Alonso, Caño Alonso, Loma Atrato, Las Cotas y Sector Mata Redonda, en inmediaciones de la Hacienda Bellacruz, en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, Cesar. En los hechos, grupos paramilitares llegaron a las viviendas de familias campesinas, las amenazaron y obligaron a abandonar sus parcelas, en algunos casos mediante la destrucción de ranchos, quema de cultivos, robo de animales y otras formas de violencia.  

Para la Fiscalía, Marulanda Ramírez “desplegó acciones concretas con la verbalización de órdenes que se materializaron por hombres de las autodefensas, quienes ejecutaron los intereses de la familia Marulanda en contra de setenta familias asentadas en la Hacienda Bellacruz, contra quienes cayeron múltiples amenazas y acciones violentas que obligaron a esa comunidad a abandonar su proyecto de vida, perdiendo todos sus bienes y tranquilidad (…)” 

La decisión, en la que se le niega el beneficio de libertad provisional, lo vincula por el delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y agravado por coparticipación criminal.  

Los hechos 

Las familias habían llegado desde 1986 a tierras que consideraban baldías de la Nación. Tras años de desalojos y de una toma de la oficina del Incora en Pelaya, lograron que el Estado reconociera sus parcelas. Allí levantaron sus casas, sembraron yuca, plátano y maíz y criaban gallinas y cerdos. 

En febrero de 1996 llegaron los paramilitares. Según los testimonios recogidos en la resolución, grupos de hasta treinta hombres armados, algunos con pasamontañas, llegaban de día o de noche a los ranchos. Les decían a los campesinos que la tierra era de los Marulanda, los acusaban de guerrilleros, quemaban sus viviendas y acababan con sus cultivos y animales. A varias familias les dieron cinco días o 24 horas para irse o serían declaradas “objetivo militar”.  

La violencia fue más allá de las amenazas. Los testigos describen cómo los paramilitares golpeaban a los campesinos con un látigo con balines en las puntas. La propia Fiscalía recoge que los denunciantes vieron cabezas de víctimas colgadas en postes y cercas, hechos que generaron tensión y terror en la comunidad, “(…) por ello, al momento de recibir las amenazas, no esperaban a que estas se materializaran, sino que corrían con lo poco que podían para escapar del accionar de estos violentos (…)”.  

El 28 de septiembre de 1996 fueron asesinados los hermanos Eliseo y Eder Narváez Corrales, que se habían negado a abandonar sus tierras. Quienes intentaron quedarse fueron obligados a pagar ‘vacunas’ de hasta diez mil pesos por hectárea cada seis meses. El cobro se hacía en La Mayoría, la casa principal de la hacienda, donde, según los testimonios, se alojaban los paramilitares. 

Siete fusiles AK-47 y una orden directa 

Además de los testimonios de las víctimas, la Fiscalía se apoyó en las declaraciones de exparamilitares del frente Héctor Julio Peinado Becerra. 

Manuel Alfredo Rincón, alias “Pasos” o “Manaure”, quien dirigió la incursión, declaró que Marulanda Ramírez se reunió con el jefe paramilitar Juan Francisco Prada, alias “Juancho Prada,” quien le ordenó ‘colaborarle’ y afirmó que Marulanda le dio personalmente la orden de sacar a las personas. Esa noche, unos treinta hombres recorrieron la hacienda, mientras “Caballito” iba señalando las casas. Al amanecer, las viviendas habían sido desalojadas. 

Otro exparamilitar, Alfredo Ballena, declaró que acompañó a Marulanda y otros paramilitares a una oficina de Servientrega en Aguachica. Allí recogieron un guacal a nombre del hacendado que contenía siete fusiles AK-47 nuevos. En ese viaje iba también un oficial del Ejército, en función de ‘muro’, por si había un retén de la Policía. Según Ballena, los hombres del grupo eran pagos directamente por el Marulanda. 

El caso ya tiene otros responsables en la justicia. En 2019 la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del Teniente de la Policía Edison Ladino Barbo, por su presunta responsabilidad en el homicidio de los hermanos Eder y Eliseo Narváez Correa, en la tortura del su sobrino Wilmer Amaris y por el delito de concierto para delinquir al ser parte activa, desde su rol como Comandante de la Policía de Pelaya, de un contubernio entre paramilitares, la familia Marulanda Ramírez, el Ejército Nacional y la Policía Nacional para consolidar el proyecto paramilitar en la región y salvaguardar los intereses económicos de la familia Marulanda. 

En marzo de 2020, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a “Juancho Prada” y a otros miembros del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, entre otros hechos, por el desplazamiento masivo de Bella Cruz. En junio de 2026, la Fiscalía acusó formalmente a Edgar Rodríguez, alias “Caballito”. 

Para el Cajar la decisión es un avance en el esclarecimiento de hechos en los que les arrebataron a las comunidades campesinas del sur del Cesar sus tierras, sus casas, sus bienes, sus medios de vida y sus proyectos de vida. Esperamos se haga efectiva la captura y haya justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.