Doctor Gustavo Petro Urrego 

Presidente de la República de Colombia –

Doctor Eduardo Montealegre Lynett

Ministro

Ministerio de Justicia y del Derecho

Doctora Irene Vélez

Directora

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

Ministro

Ministerio de Defensa

Doctora Gloria Miranda

Directora

Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos -DSCI-.

Señores

Direccion de Política de drogas y actividades vigentes

Ministerio de Justicia y del Derecho

José Otty Patiño Hormaza

Consejero

Consejería Comisionada de Paz de Colombia

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante los anuncios del Gobierno Nacional de reactivar la erradicación terrestre de cultivos de uso ilícito con glifosato con posibles intervenciones en al menos 15 departamentos.

Lo más grave no es solo el retorno del agrotóxico, sino que esta estrategia contradice la bandera de campaña del actual Gobierno, que prometió implementar un enfoque distinto al de administraciones pasadas en esta materia. Preocupa, además, que de forma laxa y sin respaldo en evidencia científica actual, se defienda públicamente el uso de glifosato, ignorando informes rigurosos de organizaciones de la sociedad civil que han demostrado su baja efectividad y múltiples impactos negativos. 

La ausencia de estudios actualizados por parte del Estado sobre los efectos del glifosato en los suelos, sumado a la aceptación acrítica de las consideraciones técnicas elaboradas y aportadas por la misma empresa proveedora del herbicida, representa no solo un claro potencial conflicto de interés, sino una vulneración directa a los principios constitucionales ambientales de prevención y precaución que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco es claro si en esta nueva fase el Gobierno Nacional hará un análisis actualizado y acorde con los hallazgos internacionales sobre los efectos del glifosato para el desarrollo del Programa PECAT. 

El uso forzado de glifosato no aborda las causas estructurales de los cultivos de uso ilícito, sino que agrava las dinámicas de conflictividad social, los impactos en la salud humana, los daños ambientales y la vulneración de derechos de las comunidades rurales. Esta decisión se impone, paradójicamente, en un contexto de incumplimiento sistemático del Punto 4 de los Acuerdos de Paz, así como del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), como lo han indicado múltiples providencias judiciales, entre ellas la Sentencia SU-545 de 2023 de la Honorable Corte Constitucional, que declaró vinculantes los Acuerdos Colectivos para la sustitución de cultivos de uso ilícito y ordenó al Estado hacer observancia estricta de medios alternativos antes de acudir a la erradicación forzada. Además, existen otras providencias judiciales que ordenan respetar el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas antes de adelantar labores de erradicación forzada. 

Este escenario coincide con los hallazgos del noveno informe comprensivo del Instituto Kroc sobre el seguimiento de los Acuerdos de Paz, en el que se evidencia que más del 51% de los compromisos del Punto 4 siguen pendientes de cumplimiento. Esta situación es especialmente grave si se considera que, en el caso del PNIS, los compromisos asumidos por el Estado con cerca de 100.000 familias inscritas no se han cumplido a cabalidad, lo que ha derivado en constantes denuncias de las comunidades, quienes señalan deficiencias en el acompañamiento técnico, económico y en las garantías de sostenibilidad para sus proyectos de vida.

Por lo anterior, instamos respetuosamente al Gobierno Nacional a:

1. Suspender de inmediato el contrato y cualquier uso terrestre de glifosato, garantizando la aplicación de los criterios de precaución establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 para este tipo de intervenciones.

2. Cumplir la promesa de campaña de no usar “ni una gota” de este herbicida, reconociendo sus efectos nocivos, así como su impacto regresivo sobre los derechos humanos la salud pública y el ambiente sano.

3. Priorizar alternativas integrales contempladas en las reglas de jerarquía y secuencialidad, comenzando por el cumplimiento total del PNIS, inversión efectiva en proyectos productivos sostenibles, diálogo real con las comunidades y respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.

La reactivación de esta medida, en un contexto en el que los acuerdos de sustitución y paz siguen sin cumplirse, constituye un retroceso grave en materia de derechos humanos, un riesgo para la salud pública, una vulneración de los derechos de las comunidades locales campesinas, y una preocupante señal de militarización de los territorios, que no contribuye a una transformación estructural de las condiciones que alimentan estas economías. Las comunidades y la sociedad civil seguiremos alertas y movilizadas, dispuestas a contribuir a soluciones sostenibles, justas y acordadas.

Firman, 

Organizaciones

• Colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo – Cajar
• Centro de Alternativas al Desarrollo – CEALDES
• AlaOrilladelRío – Centro de pensamiento desde la Amazonía colombiana
• Corporación Viso Mutop
• Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia
• Colectivo Maloka- Solidaritat amb els moviments socials a Colómbia
• DePaZes
• Paz Con Toda
• Ecosocialistas
• Corporación Ensayos para la promoción de la Cultura Política
• Fundacion LUNA ARTE Taller de las Artes
• Asominuma Tumaco
• Comité de Integración del Macizo colombiano – CIMA
• Juana Julia Guzmán, Baluarte Nacional Campesino

Particulares

• Alejandro Mantilla Quijano, Independiente
• Andrea Liscano Ulcunche, ACIT
• Andrea Pérez Meneses, Asociación Familias Sembradoras de Vida del Alto Putumayo
• Andrés Felipe Anaya Arenas, Observatorio Jurídico y Económico del Atlántico (OJEA)
• Aura María Puyana, Viso-Mutop
• Carlos Arturo Velandia Jagua, Independiente
• Darío González Posso, Ingeniero Agrónomo
• Dora Troyano, Alianza Coca para la Paz
• Eduardo Restrepo, Profesor Universidad Nacional, sede Tumaco
• Edwin De Los Ríos Jaramillo, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
• Estefanía Ciro Rodríguez, AlaOrillaDelRío
• Francisco Henao Bohórquez, Corporación Jurídica Yira Castro
• Gabriela Torres-Mazuera, CIESAS – México
• Gloria Yaned Chavarría, Asociación de Campesinos del Corregimiento La Paz
• Jahrai Lemus Largo, Colmena Nativa
• Jairo Baquero, Profesor e Investigador
• Javier Claro, Corporación Aguachica Modelo de Paz
• Jheysson Salas, Foro Internacional de Víctimas
• Jhon Edison Guapacha Bañol, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor
• Jimena Cárdenas, Minga Juvenil Nariño
• Juana Afanador, Socióloga
• Juana Camacho, ICANH
• Leonardo Luna Alzate, Fundación de DDHH Bakia
• Lola Morales, Asociación Campesina de Inzá Tierradentro
• Lorena Arias Solano, Stockholm University, Sweden
• Luisa Fernanda Chávez Paz, Grupo de Observadores de Aves de Puerto Asís
• María Mercedes Avella Rodero, Independiente
• Raúl Cruz Mazuera, Independiente
• Salomón Majbub Avendaño, Investigador social de política de drogas y conflicto armado
• Sandra Estupiñán, Independiente
• Vicky Donneys, Tendence Claire Francia