Bogotá D.C. Julio 22 de 2025
Desde el MOVICE capitulo Bogotá, queremos manifestar nuestro completo rechazo a la decisión producida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), Subsala Especial de Conocimiento y Decisión Catatumbo de la JEP, con la cual los Magistrados Mauricio García Cadena y Pedro Elías Díaz Romero renunciaron a la persecución penal frente a 34 militares que participaron en ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”. La Resolución Definitiva SDSJ – RPP No. 1700 incluye a 6 militares que participaron en la desaparición forzada, tortura y posterior homicidio de Fair Leonardo Porras Bernal; crímenes que iniciaron a partir del 8 de enero de 2008 en Soacha, Cundinamarca, cuando fue privado arbitrariamente de su libertad para ser asesinado 4 días después en Ocaña, Norte de Santander.
La práctica de asesinar pobladores/as, en Colombia y presentarlas como presuntas bajas en combates, data de muchos años, pero se incrementó sustancialmente en los nefastos años de la política de seguridad democrática, del hoy imputado Álvaro Uribe Vélez y el nobel de paz Juan Manuel Santos.
Los militares implicados en los crímenes cometidos contra Fair Leonardo Porras Bernal y beneficiados por la JEP son: Mayor Marcos Wilson Quijano Mariño, Teniente Diego Aldair Vargas Cortés, Cabo Segundo Carlos Manuel González Alfonso, Soldados profesionales, Carlos Antonio Zapata Roldán, Ricardo García Corzo, Richard Contreras Aguilar; quienes ya habían sido condenados por el Tribunal Superior de Cundinamarca a penas superiores a los 50 años de prisión, en una sentencia histórica en la que además se declaró que lo ocurrido con este joven de Soacha Cundinamarca, constituyó un crimen de lesa humanidad.
La renuncia a la persecución penal, se otorga -según la Jurisdicción Especial para la Paz-, como contraprestación a la verdad y actos de reparación de los comparecientes. Sin embargo, aunque estos militares no negaron ante la JEP su responsabilidad por los hechos, sus aportes a la verdad fueron insuficientes para la determinación de los más altos responsables, estructuras y formas de funcionamiento, que han permitido que las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas y otros crímenes graves perpetrados por las fuerzas estatales, hayan sido y sigan siendo posibles en Colombia.
De un modo similar, no hay hechos o acciones de parte de estos militares que puedan considerarse realmente reparadores para las víctimas y la sociedad, ante el grave daño causado. Las solicitudes de perdón y los reconocimientos de responsabilidad han manejado guiones idénticos, que no comprenden la magnitud de la falta cometida y que son carentes de empatía con las víctimas.
Con esta postura la JEP no solamente desconoce el fallo de la justicia ordinaria que los condeno a penas privativas de su libertad por mas de 50 años y declaro este hecho como un crimen de lesa humanidad, sino que constituye el otorgamiento de una amnistía de facto, prohibidas para estos casos, tanto por la constitución política de Colombia, como por el derecho internacional de los derechos humanos
A todo lo anterior se debe agregar la entrega irregular y revictimizante del cuerpo de Fair a la familia: La primera exhumación, realizada en septiembre de 2008, fue interrumpida arbitraria y violentamente por el Ejército, en un claro intento de amedrentar a las víctimas, ocultar la verdad e imponer a cualquier precio su impunidad. Sumado a ello, en esa diligencia judicial, se dio un tratamiento inadecuado tanto a la fosa como a los cuerpos que en ella se encontraban, generando una mezcla de restos óseos y la perdida de algunas partes, situación que fue evidenciada y denunciada en los informes que en su momento presentó el Equipo forense de Equitas.
Ante las dudas que genera esta situación sobre la identidad y ubicación del cuerpo de Fair Leonardo Porras Bernal, se hace necesaria una nueva exhumación y la práctica de pruebas de ADN; sin embargo en mayo de 2025, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se declaró sin competencia para intervenir en el caso, una decisión que trasmitió varios meses después de haberse comprometido en la causa, levantando falsas esperanzas y expectativas en la familia.
El MOVICE capitulo Bogotá, exige a JEP dar seguridades de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, aplicar el principio rector de la misma, implementando de forma real la centralidad de las víctimas. Por lo que es indispensable un veredicto justo y el cambio de una resolución RPP No. 1700 que sostiene una posición irrespetuosa con una lucha de décadas, para establecer la verdad y castigar a todos los responsables de conductas tan inhumanas.
Finalmente, como movimiento de víctimas no podemos aceptar de ningún modo, que un magistrado irrespete el dolor y el proceso de digna resistencia de la compañera Luz Marina Bernal al hacer un ofensivo llamado de “Señora, pase la página”.
No se trata de pasar la página, se trata de hacer justicia y de no olvidar lo que aún duele y necesita respuesta.
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO CAPITULO BOGOTA
NI PERDON……NI OLVIDO.
