El 21 de diciembre de 2025, aproximadamente sobre las 6:00 p. m., fue secuestrado
JAIRO DIAZ campesino, líder social y defensor de derechos humanos, quien se
desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jardín,
municipio de San Pablo, Sur de Bolívar, presidente del Comité Minero de Las
Calungas y tesorero de ASAMISUR organización que hace parte de FEDEAGROMISBOL.

Los hechos ocurrieron cuando hombres armados pertenecientes al grupo
paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Ejercito
Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, quienes lo sacaron por la fuerza de su
vivienda ubicada en la vereda Aguas Lindas del municipio de San Pablo, Sur de
Bolívar. Posteriormente, el 22 de diciembre en horas de la mañana, su cuerpo fue
hallado sin vida en la zona conocida como Pueblo Gato.

Este crimen nuevamente evidencia la gravedad de la situación de vulneración a los
derechos humanos en el Magdalena Medio, incluida la zona del Sur de Bolívar
contra los liderazgos sociales y la población civil, la cual se viene agravando aún
más desde mediados de 2025 a raíz de la arremetida paramilitar de las AGC, EGC
o Clan del Golfo. A la fecha, se tiene conocimiento de al menos cuatro (4) líderes y
defensores de derechos humanos asesinados por este grupo paramilitar en la zona
en los últimos 6 meses, así como de múltiples liderazgos forzados a abandonar el
territorio para salvaguardar su vida e integridad, especialmente por su oposición a
la explotación minera del territorio y por rechazar acciones que afectan a la
población civil.

Asimismo, alertamos que en las últimas horas se han conocido nuevas amenazas
contra la vida e integridad de otros liderazgos sociales y personas defensoras de
derechos humanos en este territorio que, según denuncias recibidas, este grupo
paramilitar ha impuesto ultimátum de 72 horas para desplazarse forzosamente bajo
amenaza de atentar contra su vida.

Estas amenazas se suman al incremento alarmante de agresiones contra liderazgos
sociales y defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio
durante el mes de diciembre de 2025, entre ellas, las dirigidas contra las lideresas
y defensoras de derechos humanos Socorro Abril de ASODESAMUBA y Luz
Almanza de ASFADDES.

Nos preocupa la presunta connivencia entre entidades del Estado como lo son la
fuerza publica y estos grupos paramilitares, así como, la presencia de otros grupos
armados pos-acuerdo, y la presencia activa del ELN en la zona. Estos hechos
fueron denunciados otra vez ante las entidades responsables el pasado 20 de
noviembre en el marco de la sesión de conjunta de las Mesas Territoriales de
Garantias de Santander y Magdalena Medio, sin embargo, nuevamente no fuimos
escuchados.

EXIGENCIAS

Ante la gravedad de los hechos, exigimos al Estado colombiano:

1. Adelantar acciones urgentes, eficaces y coordinadas para garantizar la
vida, integridad y seguridad de las comunidades, liderazgos sociales y
personas defensoras de derechos humanos en el Sur de Bolívar y el en
Magdalena Medio.

2. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial que permita
esclarecer los hechos, identificar a los responsables materiales e
intelectuales y garantizar verdad, justicia y no repetición, así como los
presuntos hechos de acción y/o omisión por la Fuerza Pública. Recordamos
que este territorio se encuentra priorizado en la implementación de la “Política
Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales que atentan
contra la Construcción de la Paz, Incluidas Las Denominadas Sucesoras Del
Paramilitarismo Y Sus Redes De Apoyo”.

3. Garantizar la presencia integral del Estado, más allá del enfoque militar,
que atienda las causas estructurales de la violencia y la disputa territorial.
De igual manera, exigimos al grupo paramilitar responsable que respete la vida y la
integridad personal de los liderazgos sociales, personas defensoras de derechos
humanos y comunidades campesinas, y que cese de manera inmediata todo tipo de
amenazas, agresiones y acciones violentas, las cuales contradicen cualquier
discurso de diálogo o supuesta voluntad de paz.

La defensa del territorio, de los derechos humanos y de la vida no nos puede
seguir costando vida.

Bucaramanga, 22 de diciembre de 2025