Bogotá D.C 29 de abril 2026. Las organizaciones sociales, defensoras de derechos Humanos y de la naturaleza, participantes del seminario taller: concertación de la hoja de ruta para el cambio de modelo de prevención y protección, realizado los días 28, 29 y 30 de abril en la ciudad de Bogotá D.C, expresamos nuestra profunda solidaridad con las comunidades de los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca, por los hechos ocurridos entre el 24 y el 27 de abril, que dejaron 21 personas muertas y más de 40 heridas, esto se suma a lo ocurrido en las mismas fechas en el resto del país; hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que se suman a la violencia y el conflicto social y armado que afecta a otros territorios y sus comunidades.
Rechazamos de manera categórica las acciones que atentan contra la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades, el trabajo de defensa de los derechos humanos y ambientales de lideresas, líderes y sus organizaciones en los territorios.
Exhortamos al Estado colombiano, adoptar de manera inmediata y efectiva todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida; garantizar la protección de las comunidades, prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario, así como investigar y sancionar a los responsables de lo ocurrido, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.
Alertamos con especial preocupación que estos hechos ocurren en un contexto electoral, lo que incrementa los riesgos no solo a la democracia, si no para liderazgos sociales, comunidades y población civil en general. En este escenario, exigimos acciones urgentes que garanticen la participación libre y segura de quienes confluimos en nuestros territorios, para evitar nuevas vulneraciones.
Instamos a que se fortalezcan las acciones de prevención como principio y no como consecuencia a la protección; con ello, hacemos un llamado al diálogo, a la solución política al conflicto armado, al cese al fuego multilateral y a establecer acuerdos humanitarios que permitan la protección de la vida como un derecho y no como un privilegio.
Demandamos al Gobierno Nacional designar de manera inmediata una instancia u autoridad nacional con el encargo de llevar a cabo contactos y conversaciones con los distintos actores armados, independientemente de su naturaleza política, financiación y tengan o no a su juicio voluntad de paz, para llevar a cabo acuerdos y rutas humanitarias que salvaguarden la vida y la integridad de los civiles y las comunidades, así mismo como instar a los distintos actores armados a declarar su voluntad asumiendo en lo inmediato compromisos y acuerdos para un respeto a las normas básicas del derecho internacional humanitario, acuerdos para rutas y corredores humanitarios y compromisos expresos de respeto a la inmunidad de los civiles y no afectación de civiles en el transcurso de las hostilidades y el desarrollo de acciones en el marco del conflicto armado.
Exigimos a los actores armados no estatales en el territorio, el respeto irrestricto a la población civil, a la vida e integridad de cada uno, así como el respeto al derecho internacional humanitario; absteniéndose de realizar acciones que afecten a las comunidades. De igual manera, solicitamos a la fiscalía general de la Nación, bajo el rol constitucional impartido, cumplir con las acciones investigativas tendientes a adelantar de manera pronta, rigurosa e imparcial, las correspondientes judicializaciones y sanciones a los responsables de estos graves hechos, garantizando con ello los derechos de las víctimas, a la verdad, justicia y garantías de no repetición. ¡La vida es un derecho, no un privilegio! Espacio autónomo del seminario taller: concertación de la hoja de ruta para el cambio de modelo de prevención y protección.