Desmantelar la institucionalidad de paz y de protección
El candidato contempla eliminar o fusionar entidades esenciales para los derechos humanos: la Unidad Nacional de Protección (UNP); la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que propone recortar el presupuesto en un 90 % y cerrar hacia 2030; la Unidad de Víctimas; la Unidad de Restitución de Tierras; la Agencia para la Reincorporación; y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Desmontar esta arquitectura implica abandonar el Acuerdo de Paz, desproteger a quienes ya están en riesgo y favorecer el crimen organizado.
Derecho internacional y derechos humanos
El candidato ha planteado retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eliminar las embajadas colombianas en el exterior. Abandonar los sistemas de derechos humanos dejaría a millones de víctimas sin protección cuando la justicia interna falla. Así mismo, el diálogo entre países requiere funcionarios dedicados a ese fin. Suprimirlos aislará a Colombia y la privará de capacidad negociadora internacional.
Discriminación y presión sobre la prensa
Un juzgado ordenó al candidato retractarse y disculparse por comentarios de carácter sexual contra una periodista, al concluir que constituyeron violencia basada en género y vulneraron derechos fundamentales. El mismo patrón aparece frente a quienes lo cuestionan: el candidato ha recurrido a acciones judiciales para presionar a periodistas que investigan su entorno. En 2018, cuando el periodista Daniel Coronell cuestionó públicamente el crecimiento de su fortuna, el candidato lo demandó por difamación. En 2020 retiró la demanda en el momento en que la representación judicial del periodista le solicitó los contratos suscritos con clientes como Saab y otros personajes hoy investigados. Atacar a alguien por su género o demandar por ejercer su oficio son dos formas de silenciar la prensa libre.
Señalamientos sobre el origen de recursos y corrupción
La Revista Cambio documentó que entre 2014 y 2015 de La Espriella recibió más de 370.0000 dólares desde empresas de Alex Saab (hoy procesado en EE.UU. por lavado de activos). Estos dineros provendrían de desviaciones de recursos públicos venezolanos mediante contratos fraudulentos de alimentos y vivienda. Es decir, el dinero que ingresó a las cuentas del candidato procedería de sociedades vinculadas a esquemas de corrupción en Venezuela y, según la investigación, su destino serían operaciones inmobiliarias en EE.UU. y no el pago de honorarios.
Por su parte, una investigación de Vorágine reveló que De la Espriella compró en 2013 un predio en Becerril (Cesar) que perteneció a la hermana del narcoparamilitar condenado Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Comandante Barbie”. El terreno colinda con la finca El Carmen, base de entrenamiento paramilitar donde se cometieron asesinatos y desplazamientos. Sus vínculos con esa familia van más allá: De la Espriella también la ha representado legalmente y es socio comercial de algunos de sus miembros.
Aunque rige la presunción de inocencia y, conforme a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas, ningún abogado puede ser identificado con sus clientes ni con sus causas pero más allá de cualquier relación estrictamente profesional, la acumulación de estos señalamientos, debidamente documentados por investigaciones periodísticas, exige explicaciones claras y públicas de quien aspira a la Presidencia de la República.
Adicionalmente, en los últimos días, se anunció una denuncia penal por presuntas irregularidades en un contrato de 2018 entre Saludvida EPS (entonces bajo vigilancia especial) y la firma jurídica De la Espriella Lawyers, que habría incluido la transferencia de inmuebles por más de 146.000 millones de pesos a un tercero. La denuncia señala que De La Espriella obtuvo pagos irregulares para sus honorarios con recursos públicos administrados por la EPS y tuvo injerencia en el ocultamiento del patrimonio de la entidad cuando estaba en proceso de reorganización.
Estas preocupaciones se inscriben en una ola global de proyectos con un claro propósito antiderechos. La FIDH llama a la sociedad civil colombiana a estar alerta frente a agendas que utilizan el discurso de la seguridad para socavar sus libertades, y a no avalar retrocesos en los derechos conquistados a lo largo de décadas.