Bogotá, 7 de julio de 2026. El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026–2036 (PNADH) nace en un momento de transición política que representa una oportunidad para demostrar que los derechos humanos son una política de Estado y no de gobierno. El Consejo Nacional Electoral declaró a Abelardo de la Espriella presidente electo para el período 2026–2030, por el movimiento Defensores de la Patria, en unas elecciones que registraron el menor margen de diferencia desde que se instauró la segunda vuelta presidencial en Colombia, con apenas un 0,96% de distancia entre las votaciones de ambos candidatos, es decir, solo 250.830 votos de diferencia se registraron frente al candidato Manuel Cepeda del Movimiento Político Pacto Histórico.
Para el futuro mandatario la declaratoria como presidente electo trae consigo una responsabilidad proporcional: gobernar para todos y todos los colombianos. El PNADH es precisamente uno de los instrumentos que hacen posible ese compromiso. No es una herencia del gobierno saliente, ni un documento de un sector político: es el resultado de décadas de lucha, exigencia y persistencia de organizaciones sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos, mujeres, personas LGBTIQ+ y víctimas del conflicto y la violencia política, que encontraron en él un punto de encuentro con el Estado. El hoy presidente electo ha moderado su retórica confrontativa de campaña y ha dicho que su gobierno garantizará el respeto por la crítica y el disenso, y ese compromiso público es precisamente el punto de partida desde el cual las organizaciones defensoras de derechos humanos hacemos un llamado a que el nuevo gobierno implemente y fortalezca el PNADH como política de Estado, que lo dote de los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, garantice la continuidad de los espacios de participación de la sociedad civil, respete los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que Colombia ha adquirido ante el sistema universal e interamericano, y asuma la protección de los derechos de todas las personas —sin distinción de género, etnia, orientación sexual, condición social o posición política— como una obligación constitucional irrenunciable y no como una concesión ideológica. Así, la implementación del PNADH representa una prueba de fuego para el país, pues debe responder a la pregunta sobre si Colombia es capaz de construir políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales y los cambios de gobierno.
El país tiene hoy, por primera vez en su historia un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, adoptado mediante el decreto presidencial 0585 del 5 de junio de 2026, un instrumento de política pública que busca articular la acción del Estado en materia de derechos humanos durante los próximos diez años. Desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, las Naciones Unidas recomendaron a todos los Estados construir este tipo de planes como herramienta para mejorar la garantía de los derechos en sus territorios. Colombia, como Estado parte, asumió ese compromiso, pero durante más de tres décadas la materialización del plan quedó postergada entre promesas incumplidas, procesos interrumpidos, acuerdos que no se respetaron y amenazas, agresiones, estigmatización y hostigamiento a quienes participaban en los espacios de concertación.
Los primeros acercamientos formales ocurrieron entre 2006 y 2008, cuando más de 90 organizaciones de la sociedad civil se sentaron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para iniciar una fase de alistamiento. Sin embargo, el proceso se suspendió cuando comenzaron a registrarse agresiones, perfilamientos y violencias contra quienes participaban de esos espacios de concertación, lo que llevó a las organizaciones a retirarse de la mesa.
En 2010, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se suscribió la Declaración hacia una política integral de Derechos Humanos y DIH, que generó nuevas esperanzas. Ese mismo periodo vio nacer el Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, y en 2014 se aprobó la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014–2034. Sin embargo, estos instrumentos no lograron consolidar un plan de acción con la participación y legitimidad que era exigido desde la sociedad civil
Por otro parte, el Acuerdo Final de Paz de 2016, suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, incluyó en su punto 5.2.3 la obligación expresa del Estado de diseñar, elaborar e implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos con participación efectiva de organizaciones defensoras y movimientos sociales. Este mandato de paz reforzó la exigencia ciudadana. No obstante, en el período 2017–2022 el proceso volvió a fracturarse: el gobierno de Iván Duque expidió un plan sin haber concertado con las organizaciones sociales y las plataformas de derechos humanos, lo que lo privó de legitimidad.
Fue en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez donde el proceso tomó un rumbo distinto. Desde septiembre de 2024, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario reactivó los espacios de diálogo con el Comité Técnico Operativo —integrado por plataformas y organizaciones sociales—, realizó encuentros territoriales en cinco regiones del país y sometió el proyecto de decreto a consulta ciudadana entre el 2 y el 16 de marzo de 2026. El resultado fue el Decreto 0585 del 5 de junio de 2026.
¿Qué contiene el Decreto 0585?
El decreto adopta el PNADH como instrumento de política pública de obligatorio cumplimiento para las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva. Su objetivo general es garantizar la promoción, protección y goce efectivo de los derechos humanos, y se estructura en seis grandes componentes temáticos:
- Superación de la pobreza, la inequidad y la discriminación. Este componente busca reducir las desigualdades a través de la garantía progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, la erradicación del hambre, la implementación de sistemas de cuidado y la lucha contra todas las formas de discriminación.
- Tierra, territorio, crisis climática y ambiental.Aborda el acceso equitativo a la tierra y al territorio para comunidades históricamente excluidas, la protección del agua y la biodiversidad, el ordenamiento territorial y la transición hacia economías sostenibles.
- Respeto a la vida, las libertades y la participación democrática. Se enfoca en garantizar el derecho a la vida, la libertad, la protesta social y la participación ciudadana, incluyendo la protección de personas defensoras de derechos humanos y la educación en derechos humanos y cultura de paz.
- Culturas y tecnologías para la vida y el goce de derechos. Propone avanzar en el goce de los derechos culturales, reducir la brecha tecnológica, promover la alfabetización digital y proteger el derecho a la privacidad en entornos digitales.
- Construcción de paz, transformación de conflictos y reconciliación. Articula el plan con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, los derechos a la verdad, la memoria histórica, la reparación y las garantías de no repetición.
- Fortalecimiento de la justicia y lucha contra la impunidad y la corrupción. Busca garantizar el acceso a la justicia, especialmente en zonas rurales y comunidades marginadas, sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas, y fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción.
El decreto también establece una serie de enfoques transversales que deben orientar toda la implementación: el enfoque basado en derechos humanos, los enfoques diferenciales de género, niñez y adolescencia, curso de vida, étnico, campesino, discapacidad y víctimas del conflicto armado, así como los enfoques de seguridad humana, territorial rural e interseccional. Estos enfoques reconocen que las personas no experimentan las vulneraciones de sus derechos de manera uniforme, sino que estas se agudizan cuando se cruzan múltiples condiciones de desigualdad.
El plan contempla además un Capítulo Étnico que deberá construirse de manera participativa y concertada con los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras y el pueblo Rrom, en un plazo no mayor a seis meses desde la entrada en vigor del decreto.
Para su seguimiento, el decreto crea un Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación con dos componentes: uno político, anclado en la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y DIH, y uno tecnológico, basado en un sistema de información único de uso obligatorio para todas las entidades responsables. El Comité Técnico Operativo, conformado por organizaciones y plataformas de la sociedad civil, queda formalizado como el espacio de veeduría ciudadana al proceso.
¿Qué significa contar con este decreto?
La adopción del Decreto 0585 es un avance significativo por varias razones. En primer lugar, dota al plan de fuerza jurídica vinculante: ya no se trata de una hoja de ruta voluntaria, sino de un instrumento de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado. En segundo lugar, reconoce formalmente la participación de la sociedad civil como parte estructural del proceso, al integrar el Comité Técnico Operativo a la arquitectura de gobernanza del plan. En tercer lugar, articula compromisos del Acuerdo Final de Paz con la política de derechos humanos del Estado, reforzando el vínculo entre la paz y la garantía de derechos.
Además, el plan recoge décadas de aprendizajes, luchas y propuestas de las organizaciones sociales. Los seis componentes temáticos surgieron de un proceso de concertación que incluyó encuentros con más de 35 sectores sociales, desde comunidades campesinas e indígenas hasta personas privadas de la libertad, organizaciones LGBTIQ+, sindicalistas y colectivos ambientalistas.
Para Colombia, un país marcado por décadas de conflicto armado, desigualdad estructural e impunidad, contar con un plan de esta naturaleza representa la posibilidad concreta de articular la acción del Estado en torno a la garantía de derechos, reducir la fragmentación institucional que históricamente ha limitado la efectividad de las políticas públicas, y ofrecer a las comunidades un instrumento desde el cual exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales.
La implementación del plan como terreno en disputa
La firma del decreto es solo el comienzo, dado que la historia del país nos ha enseñado que los instrumentos de política pública en materia de derechos humanos han tendido a quedar en el papel, y hoy ese riesgo es mayor que nunca: el PNADH deberá implementarse bajo un gobierno cuya agenda ha generado alertas entre las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Es precisamente por eso que los desafíos que siguen no son solo técnicos o institucionales, sino de carácter político
El primero y más estructural es el compromiso político más allá del gobierno actual. El plan tiene una vigencia de diez años, lo que significa que deberá ser implementado por al menos dos gobiernos más. Garantizar su continuidad requerirá de las organizaciones sociales una estrategia sostenida de incidencia, exigibilidad y presión política.
El segundo desafío es la asignación y priorización de recursos. El decreto establece que la financiación del plan correrá a cargo de las apropiaciones presupuestales de las entidades responsables. Esto significa que no hay una bolsa presupuestal específica garantizada, y que cada año las entidades deberán incluir las acciones del plan en sus presupuestos. Sin recursos suficientes, los mejores enunciados del plan no pasarán de ser buenas intenciones.
El tercero es la articulación interinstitucional efectiva. La Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en múltiples ocasiones que uno de los mayores problemas del Estado colombiano en materia de derechos humanos es precisamente la desarticulación entre instituciones. El decreto crea mecanismos para superar este problema, pero su funcionamiento dependerá de la voluntad de las entidades y del liderazgo de la Consejería Presidencial.
El cuarto desafío es la construcción del Capítulo Étnico. Que este capítulo se construya de forma verdaderamente participativa y concertada con los pueblos étnicos, respetando sus tiempos, formas de deliberación y autonomías, es una deuda histórica del Estado colombiano que el decreto compromete, pero no garantiza.
Como quinto desafío está el de la participación territorial. El plan tiene alcance nacional, pero Colombia es un país profundamente heterogéneo. Que sus acciones lleguen a los territorios más alejados, a las comunidades más afectadas por la violencia y la exclusión, requerirá de voluntad política no solo de las autoridades nacionales, sino también de los entes territoriales, así como también será indispensable aunar esfuerzos concretos para la descentralización de su implementación, y para garantizar el acompañamiento y fortalecimiento a los comités municipales y departamentales de derechos humanos que contempla el mismo plan.
Finalmente, con este nuevo horizonte que significa la adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026–2036, es importante destacar que su valor real no está en el papel, sino en lo que las comunidades, las organizaciones y los movimientos sociales seamos capaces de hacer con él: usarlo para exigir, para denunciar incumplimientos, para demandar recursos, para incidir en políticas públicas y para visibilizar las realidades de quienes históricamente han sido excluidos de las decisiones que afectan sus vidas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos tenemos ahora un instrumento más en nuestras manos. El reto es apropiarnos de él, conocerlo, difundirlo y convertirlo en un punto de referencia permanente en nuestros procesos de exigibilidad. La firma del decreto fue el resultado de décadas de lucha colectiva. Su implementación dependerá de que esa lucha continúe, y de que el nuevo gobierno comprenda que honrar ese instrumento no es un gesto de cortesía hacia el gobierno anterior, sino el cumplimiento de una obligación con el pueblo colombiano.
Foto: Radio Nacional