Bogotá, 5 de julio de 2026. Hoy se cumplen 47 años del secuestro, la tortura y la ejecución extrajudicial de José Vicente Camelo Forero, padre de familia y campesino de la región del Magdalena Medio, quien fue asesinado el 5 de julio de 1979 dentro de las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano, conocida también como base de Palanquero, ubicada en el municipio de Puerto Salgar, en Cundinamarca, en hechos en los que estuvieron directamente involucrados integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana.
José Vicente fue sacado de su hogar el 1 de julio de 1979 sin que mediara orden de allanamiento ni de captura, señalado falsamente de pertenecer a la guerrilla, y durante los días siguientes fue sometido a torturas atroces que su propia familia pudo constatar cuando finalmente le fue entregado su cuerpo, pues las marcas de hematomas, quemaduras, punzones en las manos y los brazos, junto con dos disparos de fusil en la espalda, desmentían por completo la versión oficial según la cual había muerto de un paro cardíaco mientras intentaba fugarse. Su esposa, la señora Elpidia Cáceres, dejó constancia desde el primer momento del horror que se había cometido contra su compañero, y lo hizo con una claridad y una valentía que han sostenido la memoria de este caso durante casi cinco décadas.
A lo largo de todos estos años la familia Camelo Cáceres ha cargado con un duelo prolongado por una impunidad que nunca cesó, pues el soldado señalado como autor material fue absuelto por la justicia penal militar apenas tres meses después de los hechos, en octubre de 1979, y posteriormente, en 1982, el abogado que acompañaba a la familia, el doctor Jorge Enrique Cipagauta Galvis, fue asesinado en Bogotá por el grupo paramilitar “Muerte a Secuestradores” en connivencia con agentes estatales, lo que dejó a la familia en un completo desamparo.
Pese a la contundencia de todos estos hechos, el caso permanece hoy en la más absoluta impunidad, pues cuando la familia acudió por fin a la jurisdicción contencioso administrativa en busca de una reparación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de segunda instancia del 8 de junio de 2022, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa y revocó incluso la posibilidad de que se debatiera de fondo la responsabilidad del Estado por lo ocurrido.
El Tribunal sostuvo que, como la familia tuvo conocimiento desde el 9 de julio de 1979 de la participación de agentes estatales en la muerte de José Vicente, el término para demandar comenzaba a correr desde aquel momento, y que durante más de cuarenta años no habrían existido circunstancias que impidieran materialmente el ejercicio de la acción, razonamiento con el cual aplicó la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, según la cual el término de caducidad resulta exigible incluso tratándose de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Resulta profundamente revictimizante que una familia que denunció el crimen desde el primer día, ante el Procurador, ante el Presidente de la República y ante la opinión pública, sea sancionada hoy precisamente por haber conocido tan pronto la verdad de lo que le ocurrió a su ser querido, y conviene recordar que los propios magistrados que se apartaron de aquella decisión de unificación advirtieron que esta interpretación sacrifica la igualdad material de las víctimas de crímenes atroces, genera un efecto restrictivo en el acceso a la justicia y omite el control de convencionalidad que resulta de obligatorio cumplimiento.
Por ello insistimos en que es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos que un crimen de Estado de esta magnitud, con rasgos evidentes de ejecución extrajudicial y tortura, quede sin reparación alguna por la aplicación de una regla procesal de caducidad, pues las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 3º común de los Convenios de Ginebra le imponen al Estado colombiano el deber de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sin que barreras meramente formales puedan clausurar el camino a las víctimas.
A 47 años de su asesinato recordamos a José Vicente Camelo Forero no como aquella versión que el poder militar quiso imponer a través de las emisoras de la región, sino como lo que verdaderamente fue, un campesino honrado, un esposo y un padre, arrancado de su familia por la violencia del Estado, cuya memoria y cuya dignidad, junto con las de quienes lo siguen buscando, nos exigen reiterar que la caducidad no puede convertirse en la última palabra ni en el nuevo rostro de la impunidad, razón por la cual seguiremos exigiendo que el Estado colombiano repare a la familia Camelo Cáceres y que se reabra el camino judicial que le fue cerrado, en cumplimiento pleno de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.