- Por medio de una tutela se solicitan medidas integrales para proteger a los habitantes que colindan con Termopaipa.
- Habitantes solicitan al Tribunal fortalecer el control sobre las Unidades I, II y III, evaluar sus impactos acumulativos y ordenar estudios ambientales y epidemiológicos, sin pedir el cierre de la central.
- “La acción no busca el cierre de la central sino proteger derechos”, Rosa María Mateus, abogada.
Boyacá, 15 de septiembre de 2026. Habitantes y organizaciones de la zona de influencia de la Central Termoeléctrica de Paipa presentaron una acción de tutela para solicitar la protección de los derechos a la vida en condiciones dignas, la integridad personal, la salud, el agua, el ambiente sano —incluido el derecho a respirar aire limpio—, la información pública y la participación ambiental.
La acción, actualmente para fallo de segunda instancia, está dirigida contra GENSA, operadora de las Unidades I, II y III, la ANLA, CORPOBOYACÁ y las autoridades de salud de la Nación, Boyacá y Paipa.
La tutela recoge denuncias comunitarias sobre la caída de cenizas y material particulado, el ruido y las posibles afectaciones al aire, el agua, los cultivos, los animales y la salud.
También documenta las excedencias de dióxido de azufre registradas oficialmente y las captaciones, descargas y vertimientos asociados a la operación sobre el río Chicamocha.
Entre los asuntos señalados figura la falta de una evaluación integral de los impactos ambientales acumulativos de las Unidades I, II y III, así como los riesgos asociados a un aumento de la quema de carbón en la termoeléctrica por la intensificación del fenómeno de El Niño.
La acción advierte, además, que existe información parcial sobre enfermedades respiratorias y cardiovasculares, pero no un estudio epidemiológico ambiental específico para Paipa. Asimismo, señala la falta de información suficiente y de participación efectiva de las comunidades.
Al Tribunal se le solicita ordenar medidas inmediatas para proteger a la población; fortalecer el control y el monitoreo de la operación; exigir un nuevo estudio integral de impacto ambiental y un Plan de Manejo Ambiental actualizado; y evaluar los impactos acumulativos de las tres unidades.
Las peticiones incluyen estudiar conjuntamente las captaciones y los vertimientos sobre el río Chicamocha; proteger y recuperar su ronda hídrica; investigar la caída y la composición de las cenizas; y realizar un estudio epidemiológico ambiental con atención especial a niñas, niños, personas mayores y personas con enfermedades preexistentes.
“La tutela busca que la termoeléctrica cumpla con la ley y la constitución, garantizando la protección de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas aledañas y que se adopten restricciones o medidas preventivas cuando existan graves riesgos de contaminación”, afirmó Rosa María Mateus, abogada del Cajar.
