El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), como representante de víctimas, destaca que es fundamental para el total esclarecimiento de la verdad que sea investigada completamente la responsabilidad de integrantes de la Junta Administrativa de Ecopetrol de la época, integrantes del DAS de Barrancabermeja en ese momento y políticos y terceros civiles que pudieron estar involucrados en estos crímenes.

Bogotá, 15 de septiembre de 2026. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), como representante de víctimas, destaca que la expedición del primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas en el Subcaso Magdalena Medio del Macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), constituye una decisión histórica que confirma lo que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han denunciado por décadas: el Ejército Nacional, la Policía y funcionarios de Ecopetrol fueron autores o partícipes de la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000, en el marco de la cual se perpetraron más de 14 masacres y se ocasionaron más de 473 víctimas, 85 de ellas desaparecidas de manera forzada.

Sin embargo, para el Cajar, como representante de víctimas, es fundamental que, para el total esclarecimiento de la verdad de estos crímenes, sea investigada completamente la responsabilidad de integrantes de la Junta Administrativa de Ecopetrol de la época, integrantes del DAS de Barrancabermeja en ese momento y todos aquellos que estuvieron involucrados por acción u omisión en estos crímenes atroces, incluidos políticos de la región y del país, así como empresarios que podrían haber participado como posibles financiadores del paramilitarismo.

En la decisión, la Sala califica los hechos como crímenes de guerra de homicidio y como crímenes de lesa humanidad de exterminio, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y que se constituyen en conductas no amnistiables.

La Sala llamó a once comparecientes a manifestar si reconocen o no su responsabilidad: nueve integrantes del Ejército Nacional, entre ellos dos brigadieres generales y comandantes de la Brigada Quinta en los años de la toma paramilitar; dos miembros de la Policía Nacional y el capitán retirado González Sánchez como tercero civil voluntario, quien para la época era el segundo al mando del área de seguridad de la refinería de Ecopetrol.

La decisión de la JEP determinó que entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000 se configuró un patrón macrocriminal de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y persecución de civiles ejecutado por paramilitares, específicamente las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), luego articuladas al Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, con la colaboración activa y la omisión deliberada de miembros del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 “Nueva Granada” (BAADA2), el Batallón de Contraguerrillas No. 45 (BCG45), el Batallón de Inteligencia No. 2 (BITE2/RIME2) y el Comando Operativo Especial del Magdalena Medio (COEMM) de la Policía Nacional.

La Sala destacó que esta alianza no fue producto del caos o la negligencia. Fue una articulación planificada: reuniones previas entre comandantes militares e inteligencia paramilitar, acuerdos de no interferencia, intercambio de información sobre víctimas y la entrega deliberada de personas por parte de un informante que el BAADA2 había alojado en sus instalaciones durante casi cuatro meses para ‘guiar’ (señalar las víctimas a los paramilitares) la masacre del 16 de mayo de 1998.

Esta primera masacre no habría podido ejecutarse sin la anuencia activa de las tres unidades militares presentes en la ciudad. En las semanas previas, las autoridades militares y policiales recibieron al menos cinco alertas institucionales específicas que identificaban el barrio, las fechas y hasta el nombre de uno de los ejecutores. Ninguna derivó en medidas de prevención eficaces.

“La Sala determinó que la responsabilidad se extiende más allá de los perpetradores materiales: el patrón fue posible por la alianza con agentes estatales y con un funcionario de seguridad de Ecopetrol.”

La persecución contra la USO y CREDHOS

Para el Cajar es especialmente significativo que la JEP haya determinado la persecución sistemática contra la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) como componente esencial del patrón macrocriminal. La inteligencia militar trató a la USO como organización infiltrada por la guerrilla y a CREDHOS como fachada del enemigo, elevando el riesgo mortal de quienes ya eran amenazados por los paramilitares. Quienes denunciaron los crímenes fueron revictimizados y quienes buscaban a lxs desaparecidxs fueron perseguidos.

La providencia también reconoce al río Magdalena como víctima del conflicto armado. Su lecho fue utilizado sistemáticamente como lugar de disposición de los cuerpos de lxs desaparecidxs, arrojados para impedir el duelo, la sepultura y la búsqueda.

Vale la pena recordar que la Comisión de la Verdad ha señalado que en Colombia más de 12.000 trabajadores sindicalizados han sido víctimas en el marco del conflicto, más de 3 mil de ellos asesinados en el marco de la violencia antisindical.

La responsabilidad de Ecopetrol

La Sala encontró que el capitán retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, exfuncionario del área de seguridad de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, fue el actor bisagra que articuló el mundo empresarial de la seguridad con los mandos militares y los comandantes paramilitares. Tres contratistas de la empresa integraron, además, las estructuras paramilitares y siguiendo sus instrucciones, infiltraron la USO.

También vale la pena resaltar que, luego de la salida de José Eduardo González de Ecopetrol, se vincula directamente a la estructura paramilitar del Bloque Central Bolívar (BCB) en la región de San Gil, Barbosa y Boyacá, que se dedicó a asesinar diferentes funcionarios públicos de oposición.

Para el Cajar es fundamental que los once comparecientes reconozcan plenamente su responsabilidad, aporten verdad completa y contribuyan a encontrar a las personas aún desaparecidas en el río Magdalena. También reclamamos que Ecopetrol participe en el diálogo restaurativo convocado por la JEP, reconozca los hallazgos y adopte medidas vinculantes de no repetición, que el Estado depure los mecanismos de inteligencia militar de prácticas de estigmatización y exterminio y garantice la seguridad de las víctimas y organizaciones del Magdalena Medio, así como medidas concretas de reparación colectiva para las comunidades de Barrancabermeja, la USO y CREDHOS. Y, como ya lo mencionamos, que se investigue a fondo la responsabilidad de funcionarios de Ecopetrol de la época, la participación de políticos y de otros civiles que pudieron estar involucrados en los crímenes.

A 28 años de la masacre del 16 de mayo de 1998, esta decisión de la JEP representa un paso hacia la verdad que las víctimas y sobrevivientes han exigido durante décadas. Desde el Cajar, que ha acompañado esta lucha, reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas del Magdalena Medio y con la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.