Bogotá, 9 de septiembre de 2026. Cada 9 de septiembre Colombia conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos. Una fecha marcada por la memoria de uno de los episodios más graves de violencia policial y vulneraciones de derechos humanos ocurridos en la historia reciente del país.

Hoy, hace seis años, el asesinato de Javier Ordóñez, luego de ser sometido y golpeado por la Policía en un CAI en Engativá, desencadenó la indignación y movilización ciudadana en Bogotá, Soacha y otras ciudades del país.

La protesta, que se extendió hasta el 10 de septiembre, dejó 14 personas muertas, 11 de ellas como consecuencia del uso desmedido de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional,según el Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020. Este informe también identificó al menos 75 personas heridas por armas de fuego, así como detenciones arbitrarias, violencias basadas en género y estigmatización de la protesta social.

Sobre estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza policial e hizo un llamado al Estado colombiano a investigar y esclarecer cada uno de los casos. Asimismo, le recordó su obligación de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de manifestación.

Es importante resaltar que de 87 agentes que utilizaron munición las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, solo tres han sido imputados, además de la reciente sentencia de este año contra los involucrados en el crimen de Anthony Estrada.

En esta masacre perdieron la vida a manos de agentes estatales los jóvenes Anthony Estrada, Cristhian Andrés Hurtado, Julieth Ramírez Mesa, Angie Paola Baquero Rojas, Lorwan Stiwen Mendoza, Freddy Alexander Mahecha, Cristian Camilo Hernández Yara, Julián Mauricio González, Germán Smith Puentes Valero, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Andrés Felipe Rodríguez Ávila, Cristian Alberto Rodríguez Cano y Eider Arias, así como la señora María del Carmen Vihuche, de 62 años. Honramos la vida de quienes nos antecedieron en esta lucha y permanecen vivxs en nuestra memoria.

Después de seis años, el derecho a la protesta social vuelve a estar en riesgo

Pero el riesgo sobre el derecho a la protesta social no terminó allí. En los últimos días, el Consejo de Estado emitió un fallo que restringe este derecho. El tribunal se pronunció sobre las protestas realizadas en 2017 en la Estación Chichimene de Ecopetrol, en Acacías, Meta. La decisión declaró patrimonialmente responsables a una organización comunitaria y a su entonces representante legal por los perjuicios ocasionados durante los bloqueos y ordenó indemnizar a la compañía.

Aunado a esto, distintas bancadas radicaron en el Congreso el proyecto conocido como Ley Anticapuchos, que busca crear un delito relacionado con el ocultamiento de la identidad durante manifestaciones y movilizaciones públicas. El proyecto contempla penas de prisión de entre 54 y 96 meses y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos.

A este escenario se suma la derogación de la prohibición del porte de armas, que genera especial preocupación en un contexto en el que persisten graves riesgos para quienes ejercen el derecho a la protesta y para quienes defienden los derechos humanos.

El fallo, junto al proyecto de ley y este nuevo escenario frente al porte de armas, preocupan porque presentan a quienes protestan como una amenaza para la sociedad. Cuando la protesta es tratada como terrorismo, quienes ejercen un derecho fundamental dejan de ser reconocidos como sujetos de derechos y pasan a ser tratados como enemigos públicos que deben ser perseguidos y neutralizados. Bajo el argumento de combatir actos violentos, se avanza hacia marcos legales que puedan terminar restringiendo el derecho fundamental a la protesta o generar efectos intimidatorios sobre quienes participan en ellas.

En contraste con estas iniciativas, el pasado 25 de agosto fue radicado el Proyecto de Ley Estatutaria 066 de 2026, construido con participación de organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, congresistas y sectores académicos, cuyo propósito es regular, garantizar y proteger los derechos de reunión, manifestación pública y protesta social. La iniciativa propone, entre otras medidas, obligaciones de prevención y protección para las autoridades, criterios de legalidad, necesidad y margen de proporcionalidad para la actuación policial, mecanismos de diálogo y garantías con participación de la sociedad civil.

Cuando se restringe injustificadamente la protesta, también se debilitan otros derechos y se reduce el espacio democrático para quienes históricamente han encontrado en la movilización social una herramienta para hacer visibles sus demandas. Por eso, llamamos la atención sobre los riesgos que puede implicar un enfoque que privilegie la criminalización de la protesta por encima de la garantía de los derechos.

Seis años después del 9S, esta discusión no puede desligarse de la memoria de quienes perdieron la vida, quienes fueron heridos, detenidos arbitrariamente o agredidos durante esas jornadas de protesta, ni de las luchas que desde entonces han exigido verdad, justicia y garantías de no repetición. Defender la protesta social significa defender el derecho de millones de personas a manifestarse, organizarse y expresar públicamente sus inconformidades sin ser perseguidas o estigmatizadas por hacerlo.

En este Día Nacional de los Derechos Humanos, hacemos un llamado a mantener abiertas las garantías democráticas y a fortalecer un marco jurídico que proteja efectivamente los derechos a la reunión, a la manifestación pública y a la protesta social.

Por ello exigimos:

• Acelerar las investigaciones para garantizar verdad, justicia y reparación integral a todas las víctimas del 9S y del histórico abuso policial en Colombia.
• Identificar y sancionar no solo a los agentes estatales que actúan como autores materiales, sino también a los responsables de mando y a quienes diseñaron, han permitido, siguen permitiendo o pretenden agudizar prácticas contrarias a los derechos humanos dentro de la fuerza pública.
• Adoptar reformas estructurales a la Policía Nacional que garanticen el respeto por la vida, la integridad personal y el derecho a la protesta.
• Prohibir de manera efectiva el uso de armas de fuego en contextos de manifestación social y asegurar mecanismos de control y rendición de cuentas.
• Garantizar un marco jurídico que proteja el derecho a la reunión, la manifestación pública y la protesta social, en lugar de criminalizar o estigmatizar a quienes lo ejercen.

En este contexto, seguimos preguntando: ¿Quiénes dieron, dan y darán la orden de silenciar las voces críticas, de disparar a los ojos y de robar la libertad a través de montajes?

Y frente a un escenario de impunidad estructural ante la criminalidad de Estado, nos preguntamos también: ¿qué garantías tendrán las víctimas y quienes defienden los derechos humanos si se debilitan o deslegitiman los mecanismos nacionales e internacionales que han acompañado sus luchas por la verdad, justicia y reparación?

La protesta social no es más que el ejercicio del #DerechoADefenderDerechos, reconocido por la Corte IDH, y no puede seguir costando la vida, la libertad, los ojos, el pensamiento crítico y la democracia.

#FuerzaPúblicaParaLaPaz