Bogotá, 23 de septiembre de 2026.  El colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), destaca la decisión tomada por el Tribunal Superior de Sincelejo que revocó la absolución de primera instancia dictada en noviembre de 2023 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos y declaró la responsabilidad de William Martínez Santamaría como determinador de los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado, así como la responsabilidad como coautores materiales de Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea. 

Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, del municipio de Sucre, Sucre, cuando los hermanos Mercado se encontraban realizando labores de cercamiento en el sector conocido como El Trébol, en el marco de una disputa por la propiedad y posesión de esas tierras que había iniciado William Martínez Santamaría al negar la posesión de la tierra en manos de las víctimas.  

La decisión del Tribunal se da luego de apelación realizada por la Fiscalía y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) en representación de las víctimas a la decisión del juzgado segundo promiscuo del circuito de San Marcos, quien había absuelto a los autores materiales y al determinador de este crimen. La representación de víctimas cuestionó, entre otros aspectos, la mala valoración de los testimonios realizada por el juzgado.  

La decisión concluyó, luego de una nueva valoración integral de las pruebas, que Neiser Manuel Contreras, Ever Manuel Álvarez y Roger Alfredo Contreras fueron quienes dispararon contra las víctimas y causaron sus muertes. El Tribunal consideró que los testimonios, fotografías y demás elementos probatorios permitían reconstruir la ocurrencia de los hechos y establecer la responsabilidad de los autores materiales. 

Uno de los aspectos centrales de la sentencia es la declaración de responsabilidad de William Martínez Santamaría como determinador de los homicidios. 

Entre otros elementos, el Tribunal valoró que los autores materiales llegaron al lugar armados, con sus rostros cubiertos y que utilizaron armas provenientes de la finca de Martínez Santamaría. Concluyó que los elementos probatorios permitían establecer que los autores materiales actuaron impulsados por los intereses de Martínez y que la orden de disparar contra las víctimas provenía de él. 

La sentencia también tuvo en cuenta el contexto de la disputa por el predio El Trébol, que se había prolongado durante varios años, así como las actuaciones adelantadas ante la Fiscalía para establecer los linderos del terreno. El Tribunal señaló que una medición realizada por un perito de la Fiscalía concluyó que el sector de El Trébol no hacía parte de la propiedad de William Martínez Santamaría. 

La Sala destacó, entre otros elementos, los testimonios de personas que estuvieron presentes durante los hechos, las fotografías tomadas momentos antes de los disparos y la coincidencia entre diferentes relatos sobre la presencia y actuación de los tres hombres armados. 

Esta decisión es un paso fundamental para la obtención de los derechos a la verdad y justicia de los familiares de las víctimas. Desde el Cajar seguiremos acompañando a los familiares en la defensa de sus derechos. 

Contexto 

La masacre de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado se originó en una disputa por este terreno desde el año 2009, cuando Marlén Cecilia Gómez Merlano, viuda de Eduardo Enrique Escobar Salóm, uno de los hijos del propietario original de la finca, el señor Pedro Simeón Escobar Bustamante, vendió 679 hectáreas a William Martínez, pero el ganadero insistió en reclamar la totalidad de las 1.200 hectáreas que conforman todo el terreno de las fincas La Concepción y El Trébol. 

Este reclamo injustificado estuvo acompañado de amenazas, atentados, agresiones y cuatro desalojos entre 2015 y 2017 en contra de los siete integrantes de la familia Escobar Mercado, que reposan en más de 15 denuncias ante la fiscalía y juzgados seccionales, regionales e incluso ante la Fiscalía General de la Nación. 

También han sido denunciados por la familia Mercado ante la Procuraduría general de la Nación al coronel Julio César Sánchez Molina, el comandante de la policía del municipio de San Marcos, Sucre, (que actuó fuera de su jurisdicción) y otros 12 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) por haber participado en el cuarto episodio de desalojo, el 22 de noviembre de 2017, apenas dos meses antes de la masacre.   

Un día antes de los hechos, y después de que la familia Escobar iniciara el proceso de cercado de su propiedad, ya reconocida mediante la inspección ocular de noviembre de 2017, la policía de la zona se presentó en la finca El Trébol para notificarles que serían objeto de rondas para protegerles. Aun así, la masacre se consumó y con ella el desalojo permanente de los propietarios de estas tierras. 

José Miguel Beltrán Osorio, esposo de la señora Mercado y sobreviviente de la masacre, ha sido el principal testigo de los hechos lo que le ha significado amenazas contra su vida por las cuales hoy es sujeto de medidas de protección parte de la UNP.