En Colombia se estima que hay más de 137.000 personas desaparecidas, de acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Esta no puede ser solo una cifra más. Detrás de cada persona desaparecida, hay una madre que espera, una hija que crece sin respuestas y con miedo, una esposa que sigue buscando, familiares que con dolor se preguntan cada día ¿dónde están? o, como dice la canción de Rubén Blades: “¿por qué los desaparecen?” 

Hablar de las personas desaparecidas es hablar de seres humanos y de familias a las que les ha sido arrebatada también la posibilidad de saber qué ocurrió con sus seres queridos, por qué ocurrió y quiénes son los responsables, así como su derecho a despedirles, manteniéndoles entonces en un estado permanente de duelo suspendido.  

En nuestra constitución se establece que nadie podrá ser sometido a desaparición forzada, lo que obliga al Estado colombiano a proteger la vida, la integridad y la libertad. Sin embargo, la responsabilidad de muchas de estas desapariciones forzadas ha sido de agentes del Estado. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado al Estado colombiano por desapariciones forzadas, como la de Pedro Julio Movilla Galarcio, Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá Barbosa. 

El Estado colombiano tiene también la obligación de buscar a las personas desaparecidas. Incluso la ley 2364 de 2024, que reconoce por fin la digna e histórica búsqueda adelantada por mujeres, obliga al Estado a respaldar esta labor. Porque, aunque es el Estado el obligado a buscar, durante décadas han sido los familiares, principalmente las mujeres, quienes han tenido que asumir esta labor.  

En este contexto, la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en el marco del Acuerdo de Paz, fue el cumplimiento de una exigencia de todas y todos los familiares de las personas desaparecidas. La UBPD es una respuesta institucional a quienes durante años han buscado solos y solas, muchas veces enfrentando el miedo, la indiferencia y la ausencia de respuestas.  

La asignación presupuestal para la Unidad de Búsqueda en los últimos tres años ha sido de $76.273 millones y que para el presupuesto de 2027 sea de tan solo $59.636,5 millones significa una reducción que, como dijo la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, pone en riesgo la búsqueda significativa de más de 10 mil personas que, en el universo de la Unidad, tienen probabilidad de ser encontradas con vida. 

La directora también advirtió que esta reducción “imposibilita tomar más del 45% de muestras biológicas para desarrollar luego perfiles genéticos de los familiares de los desaparecidos, imposibilidad de desarrollar más de diez mil prospecciones para abordar más de 15.000 sitios de interés forense que se tiene identificados” y, puede significar el cierre de laboratorios para identificar a las personas desaparecidas.  

Es decir, la reducción presupuestal que se pretende hacer va a significar un mayor retraso en la búsqueda de las personas desaparecidas, de las cuales sus familiares llevan décadas esperando tener alguna información sobre su paradero y va a significar que tal vez nunca se pueda identificar al ser querido que alguien espera. 

Debemos sumarnos como ciudadanos y ciudadanas al llamado de la directora de la UBPD y al clamor de los familiares. No podemos ser indiferentes. 

Los ajustes presupuestales del Estado colombiano no se pueden hacer afectando los derechos de quienes sufren. La búsqueda de las personas desaparecidas no puede detenerse. Cada búsqueda es una esperanza, cada identificación una respuesta, no solo a los familiares sino a la sociedad, porque mientras una familia siga preguntando ¿dónde está?, el Estado tiene la obligación de seguir buscando.