A partir de hoy, lanzamos la cartilla COVID19 y derechos humanos, que busca dar herramientas para comprender y para exigir nuestros derechos en tiempos de pandemia. Aquí el capítulo No. 1 COVID19 y derecho a la salud que enfatiza en la importancia de la salud pública entendida como derecho humano para superar esta emergencia sanitaria.

 

La salud es un derecho fundamental de todos los seres humanos, concebida por la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, lo que en otros términos significa tener una buena calidad de vida.

El derecho a la salud está relacionado con otros derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la alimentación adecuada, la información, el agua potable y saneamiento adecuado, entre otros, los cuales están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Política de Colombia (1991).

Los Estados están en la obligación de proporcionar un sistema de protección sanitaria que permita a las personas gozar de buena salud, a través del acceso a servicios médicos, prevención y tratamiento de enfermedades, acceso a medicamentos esenciales y educación sobre los alcances del derecho a la salud.

Desde finales de 2019, el derecho a la salud en el mundo global ha sido afectado por la pandemia del coronavirus-COVID-19, que inició en China y cuyas cifras de contagios crecen exponencialmente a diario por lo que la OMS declaró que correspondía a una pandemia, es decir una emergencia de salud pública con cobertura e impacto internacional.

Los Estados han puesto en riesgo la salud pública global al ocultar la información, minimizar el peligro del COVID-19 y aplazar hasta límites inaceptables medidas preventivas necesarias, situación que ha desbordado los sistemas de salud.

En Colombia, a pesar de que la Corte Constitucional y la ley han reconocido que el derecho a la salud es fundamental, es necesaria la implementación de una política pública preventiva que evite la propagación del coronavirus y garantice la atención médica adecuada (acceso a medicamentos y profesionales idóneos), lo que implica:

1) la protección laboral y sanitaria del personal de salud
2) la eliminación de las barreras de atención del sistema de salud como la tercerización de las EPS y
3) la habilitación de la atención de urgencias de manera ilimitada.

De lo contrario, los casos detectados actualmente se multiplicarán con resultados fatales, si se tiene en cuenta la proyección de casos del Instituto Nacional de Salud estimada en cerca de 4 millones de personas infectadas y al menos 550.000 en riesgo severo.

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Revive la primera sesión de la Escuela virtual COVID19 y Derechos Humanos: