Gobierno debe fortalecer acciones para avanzar en la restitución

Jueves 4 de octubre de 2012, por IPC

Garantizar la seguridad de los líderes de tierras, avanzar en las investigaciones sobre asesinatos de reclamantes, fortalecer la voluntad política y articular la labor de las instituciones estatales, son algunas de las acciones necesarias para lograr con éxito el proceso de devolución de predios en el país.

Defensores de derechos humanos |

Las sugerencias fueron hechas en Medellín durante la presentación del libro Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, realizado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Forjando Futuros.

En la presentación de esta publicación, el pasado 27 de septiembre, los directivos de ambas ONG´s atendieron las inquietudes del público en torno al proceso de restitución, la devolución de predios urbanos, la deficiente agilidad en las acciones del Estado y el despojo de tierras en otras regiones, diferentes a las 12 zonas priorizadas por el gobierno nacional.

Respondiendo a algunas de estas de inquietudes, el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, se refirió inicialmente a los problemas de seguridad que enfrentan los reclamantes. “Le hemos dicho al gobierno de manera clara y expresa, que tiene que haber resultados en las investigaciones judiciales. En nuestros datos tenemos 60 personas asesinadas, 60 reclamantes de tierras, y sólo hay tres detenidos, ninguna condena.”

En segundo lugar, Vega Medina agregó que “debe prohibirse el porte de armas, aún con salvo conducto, en las doce zonas donde se va a hacer restitución de predios, y que la responsabilidad debe ser únicamente del Gobierno, pues si tiene el poder coercitivo y las armas debe hacer cumplir las leyes.”

Adicionalmente el director de Forjando Futuros expresó que se deben “difundir ampliamente los nombres de los testaferros, de manera masiva en los medios de comunicación, tal y como se hace en la persecución de otros delitos. ¿Por qué no hacerlo así con la restitución?”

En relación la forma como se adelanta el proceso de devolución de predios, Gerardo Vega, manifestó que es necesario incrementar las restituciones colectivas y por vía administrativa, pues de continuar con el caso a caso la demora será mayor y el sistema podría colapsar. Además afirmó que el gobierno no está aplicando el instrumento de la carga de la prueba.

Esta figura establece que cuando exista reclamación sobre un bien, quienes ocupan esa propiedad deberán demostrar que la adquirieron legalmente, sin haber desplazado, asesinado o amenazado a sus antiguos propietarios. Esto exime a las víctimas de tener que adelantar procesos jurídicos para demostrar que eran dueñas del predio reclamado.

“Pues resulta que ahí si estamos mal, porque era el victimario el que tenía demostrar que compró, adquirió u ocupó sin desplazar, asesinar o amenazar. Y el gobierno sacó un nuevo formato. La Unidad de Restitución de Tierras, cuando sólo establecía 7 requisitos ahora tiene una cosa se 5 páginas. Nosotros de manera sincera se lo hemos dicho al gobierno y eso está en camino de superarse, pero tiene que invertirse la carga de la prueba; porque aquí se trata de favorecer y darle posibilidades al más débil, que es el que está parado en un semáforo. Se trata de darle la posibilidad de acudir a la ley y de tener las garantías de hacerlo, pues los primeros que llegan con un buen número y equipo de abogados, muy bien pagos, son ellos –los despojadores-.”

Finalmente Vega Medina anunció que de la mando del gobierno, se acordó realizar nuevas marchas a favor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como la de Necoclí, en el Urabá Antioqueño, a la cual asistieron 35 mil personas.

“Esas marchas no serán de la institucionalidad solamente, serán de la sociedad civil y de todos los que estén de acuerdo con que esta ley salga adelante. La primera será el 23 de noviembre en Puerto Asis, Putumayo; la siguiente será en Sincelejo, Sucre; y la otra en el Catatumbo, Santander”, informó el director de Forjando Futuros.

Por su parte el presidente del IPC, Diego Herrera Duque, se refirió a los inconvenientes para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en relación con las deficiencias para articular el sistema institucional. Sobre este aspecto aseguró que se debe encontrar la forma de articular y poner en función a todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en la aplicación de la ley.

“Este también es un problema de las personerías, la Defensoría, las gobernaciones, las alcaldías y el SENA. Son 42 instituciones que articulan el sistema nacional, pero el foco está en los directores nacionales y regionales de las unidades de Víctimas y de Restitución”, explicó Herrera Duque.

La falta de articulación institucional se vería reflejada en las dificultades que tienen las víctimas al momento de adelantar los procesos de reclamación, principalmente en las regiones, y en la lentitud del Estado para hacer efectiva la restitución.

Diego Herrera agregó que el proceso de devolución de tierras también le compete a la sociedad, por lo que no puede limitarse únicamente al gobierno. “La sociedad fue silente y cómplice de lo que ocurrió. O sea no podemos dejar esto en un problema del gobierno y las víctimas, ni de pequeñas unidades dentro del Estado, ni de unos pocos sectores dentro de la sociedad. Hay que asumirlo colectivamente.”

Además el presidente del IPC planteó sus inquietudes frente al rol que debe tener la institucionalidad en el territorio pues, según él, este proceso podría fracasar si no hay un buen funcionamiento de las instituciones, en las 12 zonas priorizadas para la restitución, y si no hay una adecuada articulación territorial. “Puede ir todo muy bien en Bogotá y pueden estar generados todos los instrumentos, pero si es un modelo centralizado tampoco funciona.”

Respecto a la situación de Antioquia, Diego Herrera, dejó ver su preocupación por la manera como se incluyó el tema de la restitución en el plan de desarrollo departamental. “Le hicimos una lectura juiciosa al plan en cuanto a lo que quedó en materia de derechos humanos y restitución de tierras. Hay un enfoque de todas las victimizaciones y de todos los derechos humanos pero el tema de tierras no se ve realmente en ese planteamiento de política para esta problemática.”

Finalmente, frente a las inquietudes de algunos asistentes sobre sí las restituciones colectivas obstaculizarían los procesos individuales y la judicialización, el presidente del IPC explicó lo siguiente: “Cuando nosotros planteamos que es posible una ruta de restitución administrativa lo que le estamos planteando a distintos sectores es que eso ahorra la posibilidad de la vía judicial y cuando hablamos de restitución colectiva, eso no suplanta el camino de las restituciones individuales. Lo que pasa es que en términos de eficacia política estamos diciendo: hay un camino que puede contribuir a hacer más efectiva la ley en los tiempos y propósitos que aspira.”

La publicación Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, es una guía que pretende construir una ruta para avanzar en el proceso de devolución de predios por vía administrativa. El libró recopila información, municipio a municipio, en las 12 zonas de mayor despojo en el país, además contiene cifras y datos puntuales sobre los predios despojados, las personas desplazadas, el fenómeno paramilitar y los funcionarios públicos vinculados a para política.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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