Santos… ¿mejor que con Uribe?

Miércoles 21 de septiembre de 2011, por Movice

Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, se ha hecho evidente un cambio en el discurso presidencial sobre el actuar de los defensores de derechos humanos y las víctimas, especialmente contrastadas con los sistemáticos señalamientos y estigmatizaciones que caracterizaron los anteriores gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

Ante estas actitudes políticas, se podría esperar que la situación de agresiones contra víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos cesara, o al menos disminuyera. Contrariamente, varias fuentes han mostrado cómo esta situación se viene agravando durante el período presidencial de Juan Manuel Santos en comparación con el último periodo del Álvaro Uribe.

Así lo evidenció el Programa Somos Defensores en su informe semestral, en el cual menciona que en lo corrido del primer semestre de 2011, han sido asesinados 29 defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, mientras que tres más han sido desaparecidos [1]HH.

Esta situación de violencia contra las y los defensores ameritó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2011, quien expresa su preocupación por las amenazas contra defensores de derechos humanos por parte de las “Águilas Negras”. Es de precisar que ante esta instancia algunas de las organizaciones y personas cuentan con medidas cautelares como es el caso del MOVICE.

Estos hostigamientos se continúan realizando a través de la estrategia paramilitar, lo cual revela su vigencia. Dichas estructuras paramilitares han logrado mantener su control territorial gracias a la connivencia de mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales del orden regional y nacional.

Existe una Campaña de Exterminio contra el MOVICE

Desde su nacimiento en junio de 2005 el MOVICE ha sido objeto de una fuerte campaña de estigmatización proveniente del mismo palacio presidencial, contando con la actuación de ministros, órganos de inteligencia y altos funcionarios del gobierno, quienes llegaron a catalogar a nuestro Movimiento como aliado del terrorismo [2].

Este ambiente general de estigmatización y hostigamiento ha producido un alto proceso de revictimización contra las víctimas pertenecientes al MOVICE. Se sigue desarrollando una campaña sistemática de eliminación del Movimiento para acallar las voces y acciones de exigencia de los derechos a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Desde nuestro nacimiento, hemos podido recopilar la ocurrencia de 314 actos de revictimización contra los miembros de la organización hasta el 6 de agosto del 2011.

De estas 314 agresiones, 85 ocurrieron durante el primer año del mandato del Presidente Santos: del 7 de agosto del 2010 al 6 de agosto del 2011. Es decir, durante un período de un poco más de seis años, el 27% de las agresiones registradas contra integrantes del MOVICE ocurrieron durante el último año. Lo anterior representa un aumento de 44% comparado con el último año de gobierno del ex Presidente Uribe, en el cual se registraron 59 casos. Dichas agresiones contra sus integrantes han ocurrido en 18 de los 20 departamentos del país donde el MOVICE tiene capítulos conformados

Una de nuestras mayores preocupaciones es el aumento de la impunidad en estos casos, porque las víctimas no cuentan con garantías para hacer la denuncia ante las autoridades, ocasionando el aumento del subregistro de violaciones de derechos humanos. En otros casos las víctimas superan el temor y denuncian, a pesar de la falta de garantías, pero los casos son archivados bajo el argumento de falta de pruebas.

Nos matan por los mismos motivos: para callar nuestras voces

Las estructuras paramilitares, militares y algunos sectores económicos y políticos ven en el MOVICE una amenaza que devela su participación en crímenes de lesa humanidad e impide que consoliden su control sobre tierras e instituciones públicas. Por lo tanto, recurren a las mismas prácticas represivas que se utilizaban durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez: amenazas de muerte, montajes judiciales, hostigamientos, señalamientos, desaparición forzada, y asesinatos.

Ni garantías… ni voluntad política

A raíz de este grave panorama, el 5 de noviembre de 2009, durante la Audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, se presentó la grave situación de amenazas, hostigamientos, y judicializaciones en contra de varios de las y los miembros del MOVICE. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez se comprometió a realizar una serie de reuniones de alto nivel en Bogotá en las que se discutirían los mecanismos para garantizar que la labor de las víctimas se diera en condiciones de seguridad y protección.

Luego de exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno ante la CIDH, se logró la realización de una sola reunión de alto nivel que tuvo lugar el 1º de julio del 2010, en la que se hizo entrega de una lista de los 210 casos documentados por el MOVICE. En dicha reunión, la Viceministra del Interior se comprometió a “remitir directamente a la Fiscalía General de la Nación la documentación presentada”. Hasta ahora, El MOVICE no tiene conocimiento sobre las posibles gestiones adelantadas por parte de la Fiscalía sobre los mismos. Hay que decir que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no sólo no ha adelantado los compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además ha suspendido dicho diálogo con el MOVICE de manera unilateral, dando claros mensajes de falta de voluntad política para reanudar estas conversaciones oficiales.

Desde la visión del MOVICE, las garantías exigidas al ejecutivo no se deben limitar a garantías materiales y de asignación de esquemas, pues sobretodo consideramos que lo más importante es que el Estado asuma medidas políticas. El Estado debe comprometerse especialmente con el desmonte real y efectivo del paramilitarismo y el juzgamiento de todos los sectores que participaron de sus delitos y fines, fuese en condición de promotores, instigadores, patrocinadores o beneficiarios. Debe además garantizar un ambiente político favorable de respeto de la labor de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales; profundizar las investigaciones por amenazas y ataques contra los miembros de nuestra organización; y tomarse medidas para castigar a los agentes estatales que participen de estas acciones.

Casos emblemáticos:

Aunque en términos generales se puede afirmar que la situación de las víctimas que pertenecemos al MOVICE es bastante grave en todo el país, consideramos pertinente resaltar algunas situaciones particularmente graves.

Capítulo Sucre: En el departamento de Sucre el paramilitarismo se incrustó de manera arraigada en la vida política, económica y social. Desde el 2006, 35 políticos (dos gobernadores, cuatro representantes a la cámara, tres senadores y siete diputados, entre otros) han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por sus nexos con grupos paramilitares. Este fenómeno ha creado y mantenido un ambiente hostil y de desprotección para los miembros del MOVICE, quienes frente a la inexistencia de garantías efectivas, no tienen confianza alguna en las autoridades de la región, y siguen siendo objeto de un sinnúmero de amenazas y hostigamientos.

Familia Verbel Rocha: Estos miembros del Capítulo Sucre del MOVICE sufrieron la Eder Verbel tocando el acordeón en un evento culturalpérdida de uno de sus hermanos, Eder Verbel Rocha, en un atentado el 23 de marzo del presente año. Esta familia se ha destacado por su liderazgo en la labor de denuncia contra el paramilitarismo en la región. Eder fue asesinado por dos hombres armados, quienes sin mediar palabras le dispararon a tres miembros de su familia. Orlando Verbel Rocha y un menor de edad lograron escapar del sitio. Por este hecho hay dos personas detenidas quienes presuntamente fueron los autores materiales, sin embargo no se tiene conocimiento de los autores intelectuales del mismo.

La familia de Ingrid Vergara: Se evidencia un alto nivel de persecución contra la familia Torres Vergara, quienes ejercen un liderazgo fuerte en el Capítulo Sucre, de exigibilidad de los derechos de las víctimas y de restitución de tierras. Durante el primer año de gobierno de Santos sufrieron catorce (14) incidentes de seguridad, materializados en hostigamientos, seguimientos y amenazas de muerte contra su esposo, Franklin Torres y sus hijos. Actualmente Ingrid es la Secretaria Técnica de este capítulo.

Carmelo Agámez: Fue secretario técnico del Capítulo Sucre, hasta su injusta detención, el 1Carmelo Agámez3 de noviembre de 2008. El defensor de derechos humanos es investigado absurdamente por el delito de concierto para delinquir por pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar. El proceso judicial se caracteriza por sus graves irregularidades. En el mismo están investigados varios políticos de la región realmente comprometidos con el paramilitarismo. La inexplicable vinculación de Carmelo se enmarca en una estrategia de persecución contra las y los integrantes del MOVICE a nivel nacional, utilizando el aparato judicial para estos propósitos. Actualmente Carmelo continúa detenido a pesar de que su defensa ha evidenciado claramente las inconsistencias en el proceso.

Capítulo Valle: Este capítulo se ha mantenido activo a pesar del alto número de amenazas y hostigamientos en contra de sus integrantes y organizaciones pertenecientes al mismo. El Valle del Cauca ha sido una región golpeada por el paramilitarismo, que nuevamente comienza un proceso de control en la región, y por las acciones violatorias de los derechos humanos de la Brigada Tercera del Valle del Cauca.

Ejecuciones extrajudiciales: El 14 de enero de 2007, en el sitio la Reforma (zona rural de Cali), miembros de la Tercera Brigada del ejército asesinaron a tres hombres que eran reconocidos en la zona por ser contratistas de pintura, siendo engañados por un reclutador que se movía en este gremio, quien confesó dentro del proceso que el ejército le pagó la suma de dos millones de pesos para que entregara a estos hombres, para luego hacerlos pasar como miembros de grupos paramilitares. Se ha llevado un proceso largo y riguroso, y hasta la fecha el ejército no ha dado una explicación clara de los hechos. El fiscal que se encuentra en el caso considera que no hay garantías, incluso para él, para continuar en el proceso. La esposa de una de las víctimas, Jenny Torres, integrante del MOVICE, y su abogado han sido amenazados en repetidas ocasiones por su lucha por la verdad y la justicia en este caso.

Caso en Buenaventura: Paramilitares del Bloque Calima que intentan mimetizarse en nuevos grupos paramilitares vienen desplegando toda una persecución contra mujeres y niñas del municipio de Buenaventura, donde se ha aumentado la tasa de feminicidios como un mecanismo de revictimización y represalia contra esta población, por tratarse de mujeres viudas que ahora son cabezas de familia y líderes de sus comunidades. Este es el caso de las mujeres de una vereda cerca de Buenaventura quienes hacen parte del MOVICE Capítulo Valle. Actualmente se encuentran acorraladas por los mismos paramilitares que nuevamente retoman sus comunidades para imponer el terror y generar desplazamiento en dichas zonas.

Comité Nacional de Impulso

Intento de Asesinato Contra Ivan Cepeda Castro: El día miércoles 24 de agosto de 2011, se conoció un plan criminal para asesinar al Congresista Iván Cepeda Castro, según versión que dio a conocer un interno, por medio de una carta dirigida a Cepeda, donde denuncia que dos guardias de la penitenciaría, La Tramacúa de Valledupar, le habrían suministrado un puñal para que en el momento de la visita que realizó el 22 de mayo, a ésta cárcel, fuese apuñaleado. Al parecer existió un video que registró lo acontecido este día de una cámara ubicada en el pasillo del lugar, pero que fue borrado. El atentado se frustró al parecer porque el interno decidió no llevar a cabo el hecho, pero en cambio decidió denunciar.

Amenazas de muerte: Los días 2 y 19 de junio del presente año, se dieron a conocer, mediante panfletos, amenazas contra varios integrantes de éste Comité, así como de otras organizaciones sociales. Estos panfletos estaban firmados por grupos paramilitares del Bloque Capital de las Águilas Negras y Los Rastrojos, donde dan un plazo de veinte días para abandonar la ciudad. Amenazas que se dan al parecer porque son organizaciones y personas que supuestamente “se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por líderes defensores de derechos humanos”. Las víctimas de estas amenazas son Alfonso Castillo (de la ONG Andas), el congresista Iván Cepeda, Ruby Castaño (de Sintragrim) y Rigoberto Jiménez (de la Coordinación Nacional de Desplazados), quienes se destacan por su liderazgo y compromiso con el Movimiento.

Llama la atención que durante el periodo de Juan Manuel Santos aún persista la acción de grupos paramilitares que plantean actuar en defensa de su gobierno; pese a que el gobierno se esfuerza en presentarlas como BACRIM, estos grupos dejan en evidencia que su actuación es plenamente paramilitar, que implementan los mismos métodos, atacan los mismos blancos, actúan por iguales motivaciones y gozan de la misma permisividad de las autoridades.

Consideraciones Finales

El presente informe llama la atención sobre incidentes de violaciones a los derechos humanos que se han venido presentando durante el primer periodo del Presidente Santos; observando una estrategia de exterminio que pretende un proceso de revictimización contra las víctimas de crímenes de Estado.

Consideramos que no son suficientes las gestiones legislativas, pues es imprescindible que estas acciones estén de la mano con el reconocimiento de la existencia del paramilitarismo y de su connivencia con varios agentes del Estado, y en este sentido se trabaje en función del desmonte real y efectivo del mismo. En igual sentido se comience un proceso de depuración de la fuerza pública sobre agentes que tienen algún tipo de relación con este fenómeno paraestatal.

En este contexto, se hace necesario que la política gubernamental de difusión y promoción de los derechos humanos y el respeto por el DIH al interior de las fuerzas armadas del Estado, pase de ser una mera formalidad a una real implementación.

Instamos al Sistema de Naciones Unidas, al cuerpo diplomático, a la Unión Europea y demás organismos de la comunidad internacional a verificar este preocupante panorama de crisis humanitaria y de violaciones a los derechos humanos contra integrantes del Movimiento, e invitamos a ser garantes en el actualmente suspendido proceso de interlocución para lograr garantías reales y efectivas para el MOVICE.

Notas

[1Informe presentado el 8 de agosto de 2011, denominado,” Mas allá de las Cifras”, del periodo de enero a junio de 2011, presentado por el Sistema de Información Sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia SIADD

[2En octubre de 2010 el MOVICE fue informado sobre la existencia de un periódico virtual “B1” que estaba colgado en la página web de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que es presidente el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el periódico aparecen varios testimonios y fotografías del montaje judicial que tiene su génesis en la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante el DAS y la RIME y en el que más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones estudiantiles que hacen trabajo en Antioquia son señalados de pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino). En este proceso se ha demostrado que la prueba testimonial incriminatoria que se acreditó era falaz y estaba estructurada por los organismos de seguridad del Estado.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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