Suspendida la audiencia virtual para retomar las aspersiones aéreas con Glifosato
Juez abrió incidente de desacato contra funcionarios convocantes que puede acarrear arresto y multa

El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto emitió un nuevo auto que confirma la suspensión de la audiencia virtual convocada dentro del trámite para renovar el permiso ambiental de las aspersiones aéreas con Glifosato.

"...nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir" Gabriel García Márquez, Discurso del Nóbel de Literatura, 1.982.

(Actualización)

El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto emitió un nuevo auto que confirma la suspensión de la audiencia virtual convocada dentro del trámite para renovar el permiso ambiental de las aspersiones aéreas con Glifosato.

Esto debido a que consideró insatisfactoria la respuesta de las entidades encargadas a su requerimiento del pasado 16 de agosto, cuando les pidió informe detallado del cumplimiento de la tutela que suspendió el trámite.

Como resultado de esta decisión judicial, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitió una comunicación suspendiendo dicha convocatoria, con lo cual el trámite para renovar la licencia ambiental queda detenido hasta que no se cumplan las órdenes de dicha tutela.

Conoce aquí el auto completo de la ANLA

Por su parte, el Juzgado Segundo insistió en su decisión en que se debe suspender toda actuación que deba surtirse en el procedimiento ambiental hasta tanto este Juzgado verifique que el fallo ha sido cumplido a cabalidad, y abrío un incidente de desacato contra el Subdirector de mecanismos de participación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, contra el director Antinarcóticos de la Policía Nacional y contra el Director de la oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior, por haber continuado con un trámite, en medio de una pandemia con medidas de confinamiento, y a pesar de la decisión de primera y segunda instancia que amparó los derechos de las comunidades en este proceso decisorio tan trascendental para 104 municipios del país. De comprobarse que hubo negligencia deliberada en el cumplimiento del fallo, la sanción prevé una multa de hasta 20 Salarios Mínimos y 6 meses de arresto.

Esta decisión se toma el mismo día en que el Ministerio de Defensa emprendió una confusa campaña de opinión pública anunciando una "hora cero" para municipios donde se daría inicio a la aplicación aérea de Glifosato, y en respuesta a la irregular convocatoria de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- a la Audiencia virtual que estaba programada para el próximo 1 de septiembre. Con esta decisión, se ratifica que la Audiencia y todo el trámite ante la entidad ambiental está suspendido.

La campaña liderada por el ministro de Defensa para imponer de manera autoritaria el regreso del Glifosato constituye un acto de extralimitación del poder ejecutivo, mediante el cual se desconoce y controvierte lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia T-237 de 2017, así como las órdenes del Juzgado Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño referidas anteriormente.

Además, estas declaraciones pretendían utilizar la tragedia de las recientes masacres en Colombia, como trampolín para impulsar una política antidrogas violatoria de derechos fundamentales y centrada en estrategias fallidas, como ya lo han señalado en sus informes de 2019 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.

El Auto de seguimiento del Juzgado del 16 de agosto les pedía a las entidades responsables del acatamiento de la sentencia, un informe pormenorizado respecto al cumplimiento de cada uno de los puntos ordenados en las decisiones judiciales en el término de 48 horas. De manera específica, en el informe se debía enfatizar las actividades que cada entidad dentro del ámbito de su competencia ha adelantado para acatar las órdenes de tutela.

Estas entidades son: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Policía Nacional, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional –DIRAN-, el Ministerio del Interior- Dirección de Consulta Previa, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Consejo Nacional de Estupefacientes. El auto también había ordenado notificar de esta decisión a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, entidades a quienes se les ordenó interceder y velar por la defensa de los derechos tutelados de los accionantes.

Es de recordar que este llamado del juzgado se originó luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, de forma unilateral decidió mediante auto 06943 del 23 de julio de 2020 levantar la suspensión, a pesar de los fallos de tutela, y convocar otra vez a una audiencia pública virtual a celebrarse el martes 1 de septiembre de 2020, así como realizar reuniones informativas previas los días 11, 13 y 15 de agosto.

Ante esto, las organizaciones tutelantes presentamos escritos solicitando el cumplimiento y apertura de desacato de las órdenes contenidas en los fallos judiciales que en primera y segunda instancia protegieron los derechos a la información, participación, debido proceso y consulta previa que el Gobierno Nacional ha vulnerado en este trámite. Asimismo, se recibieron escritos de coadyudancia por parte de la Gobernación del Departamento de Nariño, varios congresistas, las organizaciones solicitantes de la audiencia y diversas entidades de índole ambiental que se sumaron a las voces de protesta por el incumplimiento de los fallos de tutela.

Ya el requerimiento del despacho judicial recalcaba cómo, al levantarse el procedimiento, no se había dicho nada al respecto de la orden de la realización de consultas previas dentro de las comunidades étnicas presentes en los territorios de los 104 municipios que se verían afectados con la decisión. En ese sentido, le recuerda a la ANLA su obligación de acatar esta orden advirtiéndole que “no era dable el levantamiento de la suspensión y en consecuencia no podrá adelantar actuación alguna para proseguir con el trámite del procedimiento administrativo ambiental”. Por ello, le ordenaba ya que debía “suspender el procedimiento hasta que se surtan las consultas previas además de acreditar que se brindaron las garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general y conforme a los parámetros de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015”.

El punto 4 del Acuerdo Final de Paz brinda herramientas concertadas y definitivas para abordar el problema del narcotráfico. Los métodos forzados aéreos y terrestres, solo dejan a su paso hambre, enfermedad, violencia, víctimas y destrucción ambiental. La acción de la justicia debe concentrarse en los eslabones fuertes de la cadena, los de la comercialización. El desarrollo agrícola sostenible es la solución definitiva para el campesinado, en concordancia con los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

Por todo lo anterior, saludamos la decisión del Juzgado que contribuye al respeto y garantía de los derechos fundamentales tutelados y le solicitamos a las entidades de Gobierno responsables cumplir de buena fe las órdenes judiciales establecidas por el Juzgado y el Tribunal Administrativo de Nariño, de manera que se acate el equilibrio de poderes y el orden democrático contemplado en nuestra Constitución Política.

Suscriben,

Centro de Alternativas al Desarrollo -Cealdes
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar
Comisión Colombiana de Juristas -CCJ
Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI
Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam
Corporación para la Protección y el Desarrollo de Territorios Rurales -Prodeter

La tutela que presentamos solicitando la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental para el regreso de las aspersiones aéreas con Glifosato fue suscrita por:

1. Liliam Eugenia Gómez Álvarez PhD y Postdoctora en Eco-Etología, Investigadora asociada GSM-Insectario de U.N. Presidente Consejo de Plaguicidas
2. Rodrigo Negrete Montes, abogado ambientalista
3. Ernesto Mosquera Borrero -Personero del Municipio de Novita, Chocó
4. Acueducto Comunitario Vereda La Chapa de la Asociación de Acueductos Comunitarios -ASOACTASCO
5. Ambiente y Sociedad
6. Asociación Campesina del Sur de Córdoba –ASCUSOR
7. Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra - ACVC
8. Asociación Campesina Inzá-Tierradentro – ACIT Representante Legal
9. Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú – ASODECAS
10. Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña, Guasca
11. Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón, Putumayo –ACIMVIP
12. Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de los Pastos – SHAQUIÑAN
13. Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca –ACONC
14. Asociación de Desarrollo Integral Sostenible ADISPA, organización representativa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica -
15. Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Alta del municipio de San Pablo, Bolívar
16. Asociación MINGA
17. Asociación Nacional Campesina José Antonia Galán Zorro – ASONALCA
18. Asociación Nacional Campesina -Coordinador Nacional Agrario –CNA
19. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -ANZORC
20. Asociación No a las Represas en el Territorio - ASONARET de Oporapa, Huila
21. Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP
22. Ciudad en Movimiento – Popayán
23. Colectiva Agraria Abya Yala – CAAY
24. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR
25. Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo - Facultad de Investigaciones de la ESAP
26. Colectivo Fusunga
27. Colectivo Jóvenes por la Defensa del Territorio -JODETE, Suroeste de Antioquia
28. Colectivo Jurídico Popular
29. Colectivo Regional de Apoyo a la Vía Campesina
30. Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca - COSAJUCA
31. Colectivo Tierra Libre en Defensa del Territorio de Pitalito, Huila
32. Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
33. Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Red de Comités Ambientales del Tolima
34. Comité Ambiental Resguardo Inda Sabaleta –Llorente, Nariño
35. Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura – Vocero
36. Comité para la Protección del Agua y Páramos de Norte de Santander
37. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CPDH
38. Comité por la Defensa del Agua del municipio de Tauramena, Casanare
39. Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio del Cauca
40. Consejo Mayor Comunitario del río Anchicayá
41. Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC
42. Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá – COORDOSAC
43. Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana- COCCAM
44. Corporación Colectivo CreAcción
45. Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
46. Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
47. Corporación Compromiso
48. Corporación CORMEPAZ
49. Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas -CORDATEC
50. Corporación LA CEIBA
51. Corporación Manaba
52. Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales
53. Corporación Regional Yariguíes – Grupo de Estudios Sociales, Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM)
54. Corporación Servicio de Defensa a la Niñez – SEDEN
55. Escuela Jurídica Popular – ESPORA
56. Foro Social Pan Amazónico - FOSPA -
57. Fundación Ambiental Grupos Ecológicos de Risaralda –FUNDAGER
58. Fundación Colectivo Somos Uno
59. Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social FUNDESCODES, Buenaventura, Valle del Cauca Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Colombia-ANUC-POPAYÁN
60. Fundación Ecológica Bacatá
61. Fundación por la Defensa de los DDHH y el DIH del oriente y centro Colombiano - DHOC
62. Fundación WAKI
63. Huerta Las Hadas, Colectiva Las Abejas
64. Humanidad Vigente Corporación Jurídica
65. JAC El Pañuelito, Usaquén
66. Jóvenes Reciclando Paz - Cerro Norte
67. La Casa de los Colores, La Calera
68. Marcha Carnaval Quindío – Escuela de Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad
69. Mesa Departamental Para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá
70. Mesa Hídrica de Vistahermosa, Meta
71. Mesa Técnica de Trabajo Altos de la Estancia –METTRAES
72. Movimiento Ambiental del Guavio
73. Movimiento Nacional Ambiental
74. Movimiento Ríos Vivos
75. Movimiento Social y Político Marcha Patriótica
76. Organización Regional Indígena de Casanare –ORIC
77. Organización Social Ambiental y Sindical –SINTRAPETROPUTUMAYO
78. Plataforma Ambiental Juventudes Unidas por la sostenibilidad del planeta
79. Proceso Campesino y Popular de La Vega – PCPV
80. Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC Cauca
81. Programa SOMOS DEFENSORES
82. Proyecto Escuela Comunidad
83. Red Nacional del Agua Colombia
84. Red por la defensa del agua, la vida y el territorio de Inzá, Cauca
85. Representante de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT
86. Sociedad Internacional de Biodiversidad del Escudo Guayanes -Capítulo Colombia
87. Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo - USO Subidrectiva Tauramena
88. Vamos por los Derechos

Esta petición fue apoyada por más de 12.000 personas en la plataforma change.org. A cada una de ellas muchas gracias. La paz con justicia social y ambiental es el camino. http://chng.it/2Pg8L6wf

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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