En rueda de prensa realizada el 11 de mayo, los integrantes de la octava Comisión Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia, dieron a conocer sus principales conclusiones, luego de 13 días de entrevistas con la población civil y entidades estatales en las zonas de Curvaradó, Sumapaz, Arauca, Cesar, Magdalena y Bogotá.
La concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de los grupos armados ilegales y la ausencia de resultados ciertos que pongan freno a la impunidad son algunas de las razones por las cuales la Comisión concluye que perdura la crisis de los derechos humanos en Colombia.
La presentación de estas conclusiones estuvo acompañada de hechos de la realidad nacional que refrendaron cada uno de los puntos expuestos por Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea-Parlamento de Madrid.
Mientras la Comisión denunciaba la persistencia del fenómeno paramilitar, especialmente en la cuenca del río Curvaradó “a pesar de un importante despliegue numérico de la fuerza pública”, en una cadena radial el comandante paramilitar Salvatore Mancuso expuso cómo muchas de sus acciones criminales era ordenadas o acompañadas por miembros de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, la Comisión hizo énfasis en la continuidad del desplazamiento forzado, amenazas y asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos, muchos casos ligados a planes empresariales. Resaltaron cómo a su llegada a Colombia se encontraron con la noticia del asesinato de Mao Rodríguez, quien debería acompañarlos como integrante del esquema de seguridad de la Comisión. También, fue expuesto un panfleto de amenazas contra las organizaciones sociales, provenientes de presuntos escuadrones de la muerte autodenominados “Águilas Negras”.
Especial atención mereció para la delegación española la situación carcelaria. Solicitaron la autorización para visitar los establecimientos penitenciarios de Valledupar y “La Picota” de Bogotá. A ésta última les fue negado el acceso sin una aparente justificación. La visita a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar fue calificada como una “visita al infierno”. En una zona geográfica donde la temperatura promedio supera los 30 grados centígrados, los 1.259 reclusos tienen acceso a agua potable durante 10 minutos, dos veces al día. La Comisión Asturiana calificó como incomprensible que un país con la riqueza de recursos hídricos y la capacidad gubernamental de crear estructuras como Colombia, no haya sido capaz de garantizar condiciones dignas a estas personas privadas de su libertad.
Señalaron además que quienes se atreven a denunciar los abusos de la guardia penitenciaria son víctimas de malos tratos o traslados, lo que les imposibilita el contacto con familiares y abogados defensores.
Este preocupante diagnóstico coincide con el lanzamiento del Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la lectura del informe de la CIDH y las conclusiones de la Comisión Asturiana se desprende un desolador común denominador en los establecimientos penitenciarios en América.
En el mismo día de la presentación de las conclusiones de la Comisión Asturiana, a pocas calles del lugar de la rueda de prensa, marcharon un grupo de familiares de personas en condición de reclusión. Muchas de ellas marcharon desnudas “como última opción para ser escuchadas y observadas por el gobierno colombiano, quien no ha entendido que los que se encuentran confinados en los centros de reclusión son seres humanos, ciudadanos colombianos”. En sintonía con lo expuesto por la Comisión Asturiana y con el diagnóstico del informe de la CIDH, los familiares de las personas privadas de su libertad acusaron al Estado de mantener a los reclusos en condiciones indignas, carentes de la prestación de servicios mínimos de salud e higiene.
Las libertades sindicales quedaron en absoluto cuestionamiento. Muchos dirigentes sindicales, especialmente de las multinacionales que explotan recursos naturales, han sido despedidos de sus trabajos. En otras empresas, se han creado sindicatos patrocinados por los empresarios, obligando a los trabajadores a afiliarse a ellos, para luego “legitimar” decisiones regresivas para los derechos laborales mediante convenciones colectivas manipuladas. Otro hecho que marcó la visita de esta delegación, fue el asesinato Daniel Aguirre Piedrahita, secretario del general del Sindicato Nacional de Corteros de Caña, ocurrido el 27 de abril.
También la Comisión Asturiana abordó las infracciones al derecho internacional humanitario, atribuibles a las fuerzas militares, con su presencia y permanencia en poblados, incluyendo escuelas, no sólo con personal sino también con vehículos de combate, generando de esta manera un grave riesgo para la población civil. Así mismo relataron un incidente con tropas de la Brigada 18 acantonadas en el oriental departamento de Arauca, donde una multinacional, respaldada por los militares, pretende la propiedad de unas tierras ocupadas pacíficamente por campesinos. Al momento de llegar a la zona los militares intentaron frustrar la entrevista de los delegados con los campesinos, llegando incluso a afirmar que “no respondían” por lo que pudiera suceder con “una bala perdida”.
Finalizaron las observaciones de la Comisión con la denuncia del riesgo de extinción de pueblos indígenas como el Sikuane, Macaguane y Embera. Estas comunidades habitan zonas fuertemente disputadas por actores armados y muchas veces, mediadas estas luchas por los intereses de multinacionales.
La Comisión afirmó que estará atenta al resultado de las denuncias presentadas y enviará unas recomendaciones, de las cuales hará seguimiento, esperando tener “buenas noticas” para la próxima misión de verificación.
