HECHOS
El pasado 12 de Mayo , el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), aupados por la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, por asalto y a mansalva (aproximadamente 80 esbirros), sobre las 9:00 am., asaltaron y atacaron a la población asentada en el sector conocido como “Hoya de Oro y San Felipe el Espinal”, procediendo de forma infame y alevosa contra mujeres, niños, niñas, ancianos quienes desde el 16 de enero del año en curso 150 familias se encuentran ubicados allí.
Ponemos en conocimiento público, que por la acción jurídica (Tutela) el Juzgado Noveno Civil del Circuito se pronunció a favor de los tutelantes, ordenando a la Alcaldía de Bucaramanga “establecer los mecanismos de reubicación y estabilización económica de los desplazados que se encuentran o encontraban ocupando el predio localizado en la “Hoya de Oro y San Felipe Vía Palenque – Café Madrid escarpa occidental” a quienes se les debe ofrecer una solución de vivienda real y efectiva”. De igual forma ordena a “Acción Social informe a los tutelados favorecidos con la prórroga de la ayuda humanitaria y que se encuentren en turno de giro, sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar para la entrega de la atención humanitaria, la cual será prorrogada hasta que dicha situación de urgencia finalice o sea superada según lo dispuesto por la sentencia c-278/07.
No es la primera vez, pues ya en varias ocasiones mencionados compañeros y compañeras activamente vinculados a la CND Santander han sido agredidos por la fuerza pública con el amparo de los funcionarios de la CMB, al punto que les han robado los enceres domésticos, los alimentos que han sido conseguidos con la solidaridad de muchos de los ciudadanos del municipio, los han pisoteado y botado a la basura, dejando desprovistos de alimentos a la inmensa niñez que reside en el sector. El silencio de la CMB y de las autoridades policivas entorno a la denuncia que elevaron los compañeros sobre un cultivo de coca en el predio en mención, previendo cualquier tipo de acusación por narcotráfico sobre ellos, hasta el momento no ha sido investigado o al menos no se conoce en que va tal denuncia.
De igual forma, se programo por parte del INVISBU una reunión con los tutelantes donde después de una larga discusión se llegó a la conclusión que el municipio está en la obligación de darle estricto cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Noveno Civil del Circuito, sin embargo y con extrañeza hoy son salvajemente agredidos y amenazados con llevarlos incluso ante la justicia penal.
Resaltamos que los compañeros y compañeras que ocupan el predio en mención son víctimas de carne y hueso, desplazados forzadamente, destechados y vulnerables históricos que exigen el respeto por sus derechos fundamentales al igual que la inclaudicable lucha por la verdad, justicia y reparación integral y se mantienen en la lógica del diálogo pero a la vez no renuncian al restablecimiento de los derechos conculcados por el Estado colombiano.
PETICIONES
Llamamos en estos momentos a la Procuraduría General de la Nación a investigar la conducta de los funcionarios de la CMB y a la vez abrir investigación formal, real y efectiva contra los miembros del ESMAD que abusando de la fuerza que legalmente les entrega el Estado producen terrorismo sicológico y físico a seres humanos indefensos que se organizan con el fin de buscar una vivienda digna para sus núcleos familiares.
A la Vicepresidencia de la república y al programa presidencial de derechos humanos a tomar cartas en el asunto toda vez que no existe voluntad política por parte del Estado para cumplir las exigencias que se han realizado en el cacareado proceso de las mesas de garantías.
A la Defensoría del Pueblo, cumplir el papel de acompañamiento y de garantía de protección de los compañeros y compañeras víctimas que se encuentran asentados en el lugar mencionado.
A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, tomar atenta nota y con sus buenos oficios interceder ante el alto gobierno para que seden los ataques contra la población civil, que reclama soluciones de fondo para salvaguardar sus vidas.
A la oficina de paz de la gobernación de Santander, interceder con el fin de buscar una salida real y efectiva para la comunidad asentada en el predio.
A las organizaciones defensoras de derechos humanos, regionales, nacionales e internacionales a expresar la solidaridad y acompañamiento necesarios para evitar mayores vulneraciones y elevar exigencias a los gobiernos locales, regionales y nacionales de salvaguardar la vida y la dignidad humana de todos las personas que actualmente habitan en el asentamiento.
