Los fallos de la Corte Constitucional denotan los problemas constitucionales de la minería en Colombia, no un sesgo ideológico. Las y los abajo firmantes, rechazamos enérgicamente las opiniones que directivos mineros y sus asesores jurídicos han proferido de manera anónima en contra de los más recientes fallos judiciales de la Corte Constitucional en relación con este sector, en las declaraciones entregadas por estos al periódico El Tiempo, publicadas en la edición del miércoles 15 de junio de 2016, por las siguientes razones:
1) Los directivos mineros y sus asesores jurídicos mencionados por El Tiempo atribuyen a los fallos que la Corte Constitucional ha proferido en amparo de derechos fundamentales (consulta previa para pueblos étnicos, autonomía territorial,participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan, vida digna, salud, intimidad, a un medio ambiente sano, el agua,entre otros), una supuesta situación de incertidumbre jurídica que resultaría adversa a sus intereses, amparados en la necesidad de una supuesta seguridad jurídica a sus inversiones que desconozca la del resto de los colombianos, en especial de los pueblos y comunidades locales.
Sin embargo, omiten reconocer que se han visto beneficiados por normas o decisiones políticas contrarias a la Constitución de 1991, y que el riesgo de violación o la violación misma de derechos a los pueblos y comunidades afectadas por actividades mineras, cuestiona la legitimidad de determinadas políticas formuladas, normativasexpedidas, autorizaciones otorgadas y actuaciones de empresas dedicadas a la actividad minera. De esta manera, ante la presentación de mecanismos de control constitucional ejercidos por ciudadanosy la escogencia en revisión de algunas de numerosas tutelas presentadas por parte de pueblos y comunidades afectadas,el alto tribunal Constitucional se ha visto obligado a cuidar que el desarrollo de actividades productivas como la minería, se lleve a cabo de acuerdo a la Constitución,a través de sus sentencias proferidasen ejercicio de sus funciones legítimas y constitucionales.
2) También los representantes del sector minero en cuestión parecen ignorar la naturaleza y razón de ser de la acción de tutela como mecanismo establecido para proteger a las y los ciudadanos colombianos de flagrantes violaciones de derechos fundamentales, y no para defender los intereses ni inversiones de las empresas multinacionales, los cuales de hecho son objeto de múltiples recursos y privilegios jurídicos a su favor, desequilibrio éste que evidencia una clara violación del principio de no regresión contemplado en el Protocolo de San Salvador.
3) Los fallos citados en el artículo de El Tiempo, ponen de presente que los gobiernos recientes arropados en el manto del Estado unitario (que no es, ni puede ser absoluto), han fomentado, favorecido y privilegiado intereses mineros por encima de derechos fundamentales de las y los colombianos, desconociendo sus fines esenciales y un elemento estructural de nuestro Estado de derecho, como es la autonomía territorial, en particular cuando se trata de una actividad como la minera que genera evidentes impactos y daños socio-ambientales.De esta manera,el accionar de los recientes gobiernos ha favorecido la actividad extractiva sin atender debidamente los derechos de los pueblos y comunidades, y las competencias de las autoridades territoriales, lo que ha llevado a que la Corte Constitucional le ponga un freno a dichas irregularidades, reafirmando la necesidad de una revisión estructural del modelo minero con base en el respeto de los deberes previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.
4) Para nosotros y nosotras, existe en Colombia una práctica institucionalizada de toma de decisiones gubernamentales, especialmente en las más recientes administraciones, éstas si con un claro sesgo ideológico extractivo (permeado en gran medidapor la puertagiratoria que impera entre el sector y las entidades públicas destinadas para su regulación), cuya aplicación se ve reflejada en violaciones de derechos constitucionales probadas judicialmente y en detrimento de la dignidad de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.Justamente estos pueblos y comunidades, que han sufrido con mayor fuerza los impactos del extractivismo, son sujetos de especial protección jurídica por su situación de indefensión y relación asimétrica con quienes toman las decisiones políticas, administrativas y reglamentarias con base en las cuales los actores económicos mineroshan visto salvaguardados sus intereses.En este orden de ideas, los pueblos y comunidades en cuyos territorios yacen recursos minerales son atropellados por un conjunto de intervenciones mineras cuyos desarrollos legales y reglamentarios, no han obedecido ni a la realidad cultural y ambiental del país, ni al ordenamiento constitucional.
5) Los directivos mineros y asesores jurídicos aludidos ignoran que no tienen acceso al sistema judicial todas las personas, pueblos y comunidades afectadas por las decisiones y prácticas de su sector en los territorios donde se sacrifican derechos elementales del ser humano en favor de los intereses de exploración y explotación minera. Si todos pudieran acceder en igualdad de condiciones,probablemente se constataría y se declararía que en torno a esta temática existe un claro ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL, en tanto el patrón de afectaciones de multiplicidad de derechos constitucionales que la estrategia extractivista minero-energética ha producido en muy diversos territorios intervenidos por ésta, es de carácter sistemático y masivo. Muestra de ello son las recientes reclamaciones realizadas por los representantes de la Cumbre Agraria Campesina étnica y Popular, quienes en el marco de la Minga han exigido un Gran Diálogo Minero-Energético y Ambiental.
6) También olvidan que ante esta realidad ocupan una posición privilegiadade manera que no sólo es legítimo sino necesario que desde la decisión de revisión de casos de amparo constitucional por el alto tribunal encargado de la salvaguarda de la Constitución en Colombia, se proteja a quienes pueden ser claramente considerados víctimas del extractivismo minero.
7) Es claramente reprochable que se busque plantear la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales de la gente como un sesgo ideológico. Con ello, los asesores y directivos mineros en cuestión están contribuyendo a una indebida politización deun problema estructural del Estado y la sociedad colombiana, mediante el desconocimiento del Estado de Derecho y la independencia judicial, lo cual ha sido evidenciado en los escenarios de exigencia de derechos promovidos por organizaciones sociales e instancias judiciales a través de argumentos jurídicos, científicos y técnicos.
El respeto por la Constitución es el principal deber de los jueces de Colombia y en particular, de las magistradas y magistrados de la Corte Constitucional. De esta manera, es inexacto e irrespetuoso sugerir que la argumentación basada en la salvaguarda de la supremacía de la Constitución, como ocurre en la veintena de casos cuestionados por los asesores y directivas mineras en el periódico El Tiempo, sea presentado como un supuesto sesgo ideológico por ellos cuando algunas empresas mineras han resultado beneficiadas por la violación de derechos fundamentales evidenciadosen dichos casos.Estas afirmaciones son una afrenta a la independencia judicial, uno de los pilares del Estado social de derecho en toda democracia constitucional.
8) Los asesores jurídicos y directivos mineros a los que alude el artículo de El Tiempo, también omiten que existe una carga de razonabilidad en las decisiones judiciales que implica recordar a la sociedad colombiana que los intereses económicos no son los únicos que protege nuestro sistema jurídico, sino que existen derechos constitucionales y prevalentes a los que deben ceder dichos intereses, tal y como se dispone en los artículos 1, 58, 79, 333 y 334 de la Carta superior.
9) En los casos cuestionados por estos asesores y directivos, se ve con claridad el quebrantamiento evidente de la Constitución por parte de decisiones económicas amparadas en supuestos motivos de utilidad pública, en cuanto que no puede obviarse que derechos tales como la vida o la salud, la participación, la diversidad cultural y biológica del país, la conservación ambiental,también son de interés general, razón por la cual su prevalenciaes evidente. Esta circunstancia nos obliga a cuestionar el carácter de utilidad pública de la actividad minera. Es necesario preguntarse qué tan rentables son estas decisiones inconsultas que se toman en beneficio de un conjunto de compañías cuyas “inversiones”, como señalan los expertos, no aportan más de dos (2) puntos al PIB, no llegan a generar más de 150.000 empleos en todo el país, ni aportan más del 2,7% del total de ingresos del Estado por impuesto de renta y dividendos del sector.
10) Tampoco pueden confundir estos asesores y directivos sus expectativas de derechos contractuales, con la utilidad pública de su sector, ni olvidar que dicha utilidad se encuentra condicionada a garantizar el bienestar de todas y todos, en especial el de quienes se ven directamente afectados por las actividades mineras, de manera que lo que muestran los múltiples fallos de la Corte Constitucional es un evidente caos en la política extractiva en relación con sus deberes constitucionales, o incluso su ausencia.La incertidumbre en este caso, proviene de las propias decisiones extractivas por parte de las autoridades, queal quebrantar derechos constitucionales de las personas, pueblos y comunidades, llevan a cuestionar la plena constitucionalidaddel modelo de extracción minera. La manera cómo se implanta el modelo minero hoy por hoy (ante la proliferación desmedida de títulos y solicitudes mineras) ha ordenado de hecho el territorio de manera inconsulta e ilegítima, al desconocer los verdaderos instrumentos de planificación y de contera, el ordenamiento ambiental y territorial.
11) Las decisiones de la Corte también dan cuenta de las profundas omisiones que el Estado ha presentado en cuanto a sus deberes de protección reforzada en relación con una gran parte de la poblacióny que han sido funcionales a intereses mineros. Al tiempo, obligan al replanteamiento estructural del Código de Minas actualmente vigente, del papel de la autoridad ambiental en el país que se ha convertido en una oficina funcional al Ministerio de Minas y Energía, y de la expedición del cúmulo de decretos, reglamentos y actos administrativos que existen en la materia, ya no desde los intereses privados de las y los empresarios con un excesivo poder de influencia en las esferas de decisión gubernamental, sino desde el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos ycomunidades afectadas, con base en los principios democráticos de descentralización de las decisiones, de participación ciudadana real y efectiva en las mismas, y de salvaguarda de bienes, territorios y sujetos de especial protección jurídica contemplados en la Constitución de 1991.
12) Recordamos a los asesores y directivos del sector minero en referencia que los empresarios han aceptado una serie de deberes en cabeza de sus empresas, establecidos en el marco de los Principios internacionales sobre empresas y derechos humanos y otros estándares internacionales tales como las líneas y directrices sobre multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las que se señala que una “conducta empresarial responsable” parte de cumplir con la “primera obligación de las empresas”: respetar las leyes y la jurisprudencia nacional. Socavar la independencia de la justicia y de sus magistrados con afirmaciones infundadas está muy lejos de lo que estos estándares definen como una conducta empresarial responsable.
También es importante recalcarles que el “Marco de Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos”, también aceptado por su sector, establece que además del cumplimiento de las leyes nacionales, las empresas tienen la obligación básica de respetar los derechos humanos. A su vez, la OCDE ratifica que el irrespeto de normas de derechos humanos por un Estado no afecta la responsabilidad de las empresas de respetarlos en especial respecto de poblaciones que merecen una atención particular, como es el caso de los sujetos de especial protección constitucional, cuya defensa ha sido constante en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que aquí respaldamos.
13) Por otra parte, debemos expresar que somos conscientes de que la minería criminal es un flagelo que afecta de manera grave a las comunidades y al ambiente y que el Estado en ejercicio de sus herramientas legales debe hacerle frente, pero esta situación no debe convertirse en una patente de corso para justificar el otorgamiento de títulos mineros sin mayor control a grandes empresas, desconociendo los derechos fundamentales de los colombianos. También advertimos que los problemas constitucionales aquí destacados no se limitan solamente a la minería sino que se enmarcan en la imposición territorial de decisiones ambientales, energéticas y de infraestructura que reflejan un modelo de desarrollo ajeno a la Constitución.
1) Demandamos y esperamos que el periódico El Tiempo y otros medios de comunicación masiva, procuraren la difusión de todos los puntos de vista y los diversos matices argumentativos con respecto a la problemática ambiental y minera en el país, y no sólo las que convienen al Gobierno nacional y a los empresarios.
Finalmente, expresamos nuestro apoyo a la Corte Constitucional y exigimos que cese la intromisión y presión irregular e indebida de los empresarios mineros y del Gobierno nacional sobre sus decisiones y su independencia.
Firman:
Personas,
JULIO CARRIZOSA UMAÑA
Ambientalista, Exdirector de INDERENA
MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA
Exministro de Medio Ambiente
ARTURO ESCOBAR
Profesor de antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.
LUIS JORGE GARAY SALAMANCA
Investigador social
FERNANDO VARGAS VALENCIA
Asesor jurídico en derechos humanos y reparación
RODRIGO NEGRETE MONTES
Consultor Legal Ambiental
JULIO FIERRO MORALES
Director del Grupo de Investigaciones TERRAE
Docente Universidad Nacional de Colombia
LUIS ÁLVARO PARDO BECERRA
Director Colombia Punto Medio
MAURICIO CABRERA LEAL
Consultor Ambiental
GUILLERMO RUDAS LLERAS
Economista, profesor universitario
MARCO ROMERO SILVA
Presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
GIMENA SÁNCHEZ GARZOLI
Coordinadora Principal para los Andes – WOLA
MAGDALENA CORREA HENAO
Profesora Universitaria
YAMILE SALINAS ABDALA
Consultora Independiente
CAMILO GONZÁLEZ POSSO
Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ
ERNESTO GUHL NANNETTI
Consultor Ambiental
AIDA QUIÑONEZ TORRES
Profesora Pontificia Universidad Javeriana
FLOR EDILMA OSORIO PÉREZ
Profesora Investigadora Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
LAURA RICO PIÑERES
Consultora en temas socio-ambientales
ROSARIO ROJAS ROBLES
Profesora Asociada Instituto de Estudios Ambientales
Universidad Nacional de Colombia
JUAN PABLO MUÑOZ ONOFRE
Asesor jurídicoeinvestigador en derechos étnico-territoriales
GLORIA DÍAZ BROCHET
Abogada consultora y docente
CARLOS LOZANO ACOSTA
Abogado ambientalista
GLORIA HOLGUÍN REYES
Pensamiento y Acción Social – PAS
GIOVANNY ANGULO
Comité Técnico Interinstitucional de minería – META
ANA MARÍA MONDRAGÓN DUQUE
Asesora legal en Derechos Humanos y Ambiente
LL.M. Harvard LawSchool
JOSÉ MURILLO TOBO
Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano (MPMSPCOC)
LILIANA SILVA MIGUEZ
Abogada Consultora, Asesora de Casa de La Mujer
JAIME HERNÁN ARIAS GARCÍA
Director de la Fundación Bahareque Salento
TATIANA ROA AVENDAÑO
Coordinadora general Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
ALVARO ZERDA SARMIENTO
MARIO ALEJANDRO PÉREZ RINCÓN
Profesor Universidad del Valle – Instituto CINARA
CAROLINA PÉREZ ROJAS
Ecóloga. Asesora Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el
Medio Ambiente. Fiscalía General de la Nación
SANDRA VILARDY
Dra. en Ecología y Medio Ambiente
Profesora Universidad del Magdalena
BETTY PEDRAZA LÓPEZ
Investigadora Seguridad y Protección, Pensamiento y Acción Social
DIEGO PÉREZ PERGUZ
Investigador y consultor Construcción de Paz
RAMÓN ESTEBAN LABORDE
Coordinador Red Jurídica Amazónica RAMA
NELSON CARABALLO
ERIKA CUIDA LÓPEZ
Geóloga del Grupo de Investigación TERRAE
CAMILO ANDRÉS GUIO RODRÍGUEZ
Asesor Procesos de Ordenamiento Territorial
ANDRÉS EDUARDO ÁNGEL HUERTAS
Consultor independiente
Geólogo M.A. Gestión Pública y Gobernanza
SANTIAGO PIÑEROS DURÁN
Abogado especialista en medio ambiente y acompañamiento a comunidades
RENZO ALEXANDER GARCÍA PARRA
Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la vida del Tolima
AÍDA SOFÍA RIVERA SOTELO
Estudiante Ph.D. Antropología Social, University of California, Davis
ANDRÉS HERNÁNDEZ QUIÑONES
Profesor asociado Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo – Cider
Universidad de los Andes
ALICIA ALEXANDRA FIERRO MORALES
Consultora Independiente
SABINA RODRÍGUEZ VAN DER HAMMEN
SEBASTIÁN RUBIANO
Abogado y estudiante de PhD en ciencias ambientales
Universidad de California, Berkeley
MARÍA VICTORIA DUQUE LÓPEZ
FERNANDO ARIAS
CLAUDIA MUELLER-HOFF
Abogada en derechos humanos y ambiente, Alemania
CRUZ EMILIA RANGEL FERREIRA
Grupo Derechos Humanos en Minería Colombiana- Berlín
DARÍO I RESTREPO
Profesor Universidad Nacional de Colombia
SERGIO CORONADO DELGADO
CATALINA TORO PÉREZ
PHD Ciencia Política
HENRY CAMARGO
RODRIGO ROJAS
Fundación Pax Holanda
PATRICIA LIZARAZO VACA
OSCAR JARAMILLO R.
Consultor independiente
MARIA JESÚS PINTO
Antropóloga social, activista DDHH
MARÍA FERNANDA SAÑUDO
Investigadora Instituto Pensar – Pontifica Universidad Javeriana
MARIA SOLEDAD BETANCUR B.
Instituto Popular de Capacitación IPC
JORGE ORLANDO VILLABONA
Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad – Universidad Nacional
NATALIA ORDUZ SALINAS
Consultora independiente
JORGE ENRIQUE ESPITÍA
Profesor Escuela Colombiana de Ingeniería
OSCAR VENEGAS ANGARITA
Profesor Universidad Industrial de Santander
CATALINA CARO GALVIS
Antropóloga, Investigadora Grupo Cultura y Ambiente – Universidad Nacional
INGRID PAOLA HURTADO SÁNCHEZ
Investigadora CODHES
VÍCTOR HUGO VALENCIA GIRALDO
Profesor Pontificia Universidad Javeriana- Cali
OLGA LUCIA DELGADILLO VARGAS
Profesora Pontificia Universidad Javeriana- Cali
MAURICIO ARCHILA NEIRA
Profesor TitularDepartamento de Historia – Universidad Nacional de Colombia
FELIPE RODRÍGUEZ
Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira
ANDREA CARDOSO
Docente de Planta Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia
JULIÁN VIÑA VIZCAÍNO
Administrador de empresas Agropecuarias, Miembro del Comité Ambiental del Tolima
VALENTINA CAMACHO
Periodista del Comité Ambiental en Defensa de la vida del Tolima
GLORIA ORTEGA PÉREZ
Periodista independiente
TATIANA HERRERA G.
Personera Municipal de Salento
MARIO MUÑOZ
Voz Líder de la agrupación Doctor Krápula
Fundador del Movimiento Ambientalista Colombiano
Congresistas y asesores del Congreso de la República,
IVÁN CEPEDA CASTRO
Senador de la República por el Polo Democrático
ALBERTO CASTILLA SALAZAR
Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo
ALIRIO URIBE MUÑOZ
Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo
ANTONIO NAVARRO WOLFF
Senador de la República por Alianza Verde
CLAUDIA LÓPEZ
Senador de la República por Alianza Verde
ANA JIMENA BAUTISTA
Asesora jurídica del Senador Iván Cepeda Castro
ALEJANDRO MANTILLA
Asesor Senador Alberto Castilla
VIVIANA TACHA
Asesor Senador Alberto Castilla
GABRIELA ESLAVA
Asesora Ambiental Senadora Claudia López
Organizaciones, Observatorios y Centros de Investigación,
1. CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO – CODHES
2. GREENPEACE COLOMBIA
3. CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD – DEJUSTICIA
4. ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC
5. CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO – CONPA
6. FORO INTERÉTNICO SOLIDARIO CHOCÓ – FISCH
7. PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN
8. ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS – AFRODES
9. CONFERENCIA NACIONAL DE ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES – CNOA
10. ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL NORTE DEL CAUCA – ACONC
11. RED NACIONAL DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS – KAMBIRÍ
12. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL TIERRA DIGNA
13. ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS MAYORES U´WA – ASO U´WA
14. RED POR LA JUSTICIA TRIBUTARIA EN COLOMBIA
15. CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO, CEDETRABAJO
16. SINTRACERROMATOSO
17. CENSAT AGUA VIVA – AMIGOS DE LA TIERRA COLOMBIA
18. PAS – PENSAMIENTO ACCIÓN SOCIAL
19. COLECTIVO POR LA PROTECCIÓN DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXI
20. CORPORACIÓN CASA DE LA MUJER
21. COMITÉ AMBIENTAL EN DEFENSA DE LA VIDA DEL TOLIMA
22. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
23. MOVILIZACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES POR EL CUIDADO DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS ANCESTRALES
24. OBSERVATORIO DE EXPANSIÓN MINERO-ENERGÉTICO Y RE-EXISTENCIAS
25. OBSERVATORIO DE CONFLICTOS AMBIENTALES (OCA-IDEA-UN)
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
26. GRUPO DE INVESTIGACIÓN COLECTIVO COPAL
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
27. UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO
28. FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y
ACTIVIDADES MINERO ENERGÉTICAS – FUNTRAMIEXCO
29. LIVING IN ENGLISH CORP
30. AUTORIDAD NACIONAL AFROCOLOMBIANA – ANAFRO
31. ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTE NELSON MANDELA
32. FEDERACIÓN REGIONAL DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS DEL ORIENTE – FERCCOADO
33. PROCESO CAMPESINO Y POPULAR DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CAUCA
34. RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES”
35. PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO – PUPSOC
36. COLECTIVO SOBERANIA Y NATURALEZA
37. CORPORACIÓN ENSAYOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA
38. FUERZA DE MUJERES WAYÚU
39. COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO
40. PLANETA PAZ
41. CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE – CELyC
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
42. CORPORACIÓN S.O.S. AMBIENTAL
43. COMITÉ AMBIENTAL Y CAMPESINO DE CAJAMARCA
44. COLECTIVO SOCIO-AMBIENTAL JUVENIL DE CAJAMARCA – COSAJUCA
Colombia, 20 de Junio de 2016