Amenazan a familiares de víctimas de la masacre de La Rochela

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos, DENUNCIA ante la comunidad nacional e internacional, las amenazas recientes proferidas contra las señoras Paola Martínez Ortiz, Esperanza Uribe Mantilla y Luz Nelly Carvajal Londoño, familiares de las víctimas de la masacre de la Rochela, ocurrida en enero de 1989, y por la cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano el 11 de julio de 2007.

 

 

AMENAZAN A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE LA ROCHELA
Colombia – octubre 14 de 2009 / Autor: CAJAR

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos, DENUNCIA ante la comunidad nacional e internacional, las amenazas recientes proferidas contra las señoras Paola Martínez Ortiz, Esperanza Uribe Mantilla y Luz Nelly Carvajal Londoño, familiares de las víctimas de la masacre de la Rochela, ocurrida en enero de 1989, y por la cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano el 11 de julio de 2007.

HECHOS

1. El pasado sábado 10 de octubre, aproximadamente a la 1:00 p.m., las señoras Paola Martínez Ortiz, Luz Nelly Carvajal Londoño y Esperanza Uribe Mantilla, familiares de tres de las víctimas de la Masacre de La Rochela, recibieron en sus teléfonos celulares llamadas en las que una voz masculina, de forma amenazante, luego de identificar a cada una por su nombre, les dijo: “quédese callada, no hable más, si es que quiere a sus hijos”

2. Es de anotar que a la señora Esperanza Uribe Mantilla, la volvieron a llamar a las 2:30 p.m. repitiéndole el mensaje y enfatizando: “Cállese y no joda más”

3. A estas amenazas telefónicas se suman otras escritas, firmadas por “AGILAS (sic) NEGRAS BLOQUE CAPITAL” las cuales se hicieron llegar vía Servientrega a sus lugares de residencia el primer fin de semana del mes de octubre. En ellas se expresa:

“ (…)lamentamos mucho la situación que usted y su familia han vivido pero el pasado hay que dejarlo atrás, pensar mas en los que están y no en los que se fueron, en diferentes oportunidades se les a solicitado y ustedes han hecho caso omiso, con lo cual personas de nuestra organización o allegados a ella se han visto perjudicados por lo tanto nos vemos obligados a declararlos OBJETIVO MILITAR, entreguen las banderas con lo cual se evitaran muchos inconvenientes” .

4. Estos hechos estuvieron precedidos por varias llamadas intimidatorias realizadas de manera insistente, entre el 29 y 30 de septiembre a la señora Luz Nelly Carvajal Londoño, en las que quien realiza la llamada no habla. Al devolver la llamada a los números remitentes suena ocupado o responde una máquina contestadora que informa que ese número telefónico no se encuentra instalado.

CONTEXTO

Por los hechos de la “Masacre de la Rochela” y en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, llamó a indagatoria el pasado mes de julio a los generales, Farouk Yanine Díaz (fallecido recientemente, sin haber rendido declaración), Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla.

El fallo también ordena imponer medida de aseguramiento de detención preventiva contra los jefes paramilitares Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez y Ramón María Isaza Arango, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo con tentativa de homicidio agravado múltiple en concurso heterogéneo con secuestro extorsivo agravado y en concurso con el ilícito de concierto para delinquir.

La decisión de la Fiscalía, fue adoptada 14 años después que el paramilitar Alonso de Jesús Baquero alias ’el negro Vladimir’ en ampliación de indagatoria rendida el 29 de noviembre de 1995, y el 3 de agosto del mismo año, vinculara directamente a Ramón Isaza, Iván Roberto Duque, y a los generales mencionados, como directos responsables de la masacre de la Rochela.

ANTECEDENTES

En hechos conocidos como la “masacre de la Rochela” ocurridos el 18 de enero de 1989, en la vereda La Rochela, jurisdicción del municipio de Simacota, departamento de Santander, fueron ejecutados 12 funcionarios judiciales por un grupo de hombres fuer¬temente armados pertenecientes al grupo paramilitar denominado “Los Masetos”, que operaba en el sur de la región del Magdalena Medio, bajo la aquiescencia, colaboración y operación conjunta con miembros de la fuerza pública.

Los integrantes de la Comisión judicial fueron asesinados, mientras se encontraban en cumplimiento de sus funciones legales, esto es investigando graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas en esa zona, entre ellas la masacre de 19 comerciantes, ocurrida el 6 de Octubre de 1987.

Los autores de la masacre intentaron dejar señales para que se creyera que las responsables eran las FARC, fue así como pintaron en la superficie exterior de los vehículos “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”. Antes de emprender la retirada se apropiaron de veintitrés de los veinticinco expedientes que portaba la Comi¬sión Judicial, lo que evidencia que uno de los motivos principales de este atroz crimen, era impedir que la Comisión Judicial esclareciera varios hechos de violencia que habían ocurrido en la región del Mag¬dalena Medio en los dos últimos años.

Por estos hechos, la Corte Interamericana, el 11 de Mayo de 2007, profirió sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado Colombiano por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los miembros de la comisión judicial, el derecho a la integridad perso¬nal en perjuicio de las víctimas y sus familiares, el derecho a la libertad personal en perjuicio de las víctimas y por la violación de los derechos las garantías judiciales y a la protección judicial.

La Corte IDH homologó el acuerdo parcial de reparaciones concertado entre el Estado y los representantes de las víctimas y ordenó otras medidas de reparación, para satisfacer de manera integral ese derecho, entre las que se cuentan, la de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, la adecuación de los programas de protección de víctimas, testigos y funcionarios judiciales, la prestación de atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas, la ubicación de una placa conmemorativa en el Palacio del municipio de San Gil y en el complejo judicial de Paloquemao y la publicación de un documento sobre la Masacre de La Rochela.

PETICIONES

Solicitamos dirigirse al Estado colombiano, representado en las autoridades gubernamentales y judiciales, para requerir del mismo:

1. Se garantice la vida y la seguridad física y psicológica de las señoras Paola Martínez Ortiz, Luz Nelly Carvajal Londoño y Esperanza Uribe Mantilla, familiares de las víctimas de la masacre de La Rochela.

2. Se adopten las medidas necesarias para su protección y la de su familia.

3. Se investigue, juzgue y sancione adecuadamente a los responsables de estos hechos.

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