Con el fin de adelantar el proceso de reparación integral, individual y colectiva más de 300 familias de las víctimas de la masacre de Mapiripán y Puerto Alvira y su consecuente desplazamiento forzado, el pasado 07 de febrero de 2014, en la ciudad de Villavicencio –Meta-, convocaron a funcionarios de la Unidad de Nacional de Víctimas y Restitución de Tierras, a fin de que se inicié el proceso de reparación que llevan esperando desde hace más de 17 años, instando a las instituciones a realizar un trabajo articulado y armonizado que permita el goce efectivo e integral de sus derechos.

 

A pesar de ser este un ejercicio legal y legítimo, las personas que han venido liderando este proceso organizativo y de coordinación a través del Comité De Impulso, han recibido graves amenazas contra su vida, su integridad y las de sus familias. Dos días previos al evento, una de las líderes fue abordada en la calle por dos hombres que le hicieron saber que atentarían contra su integridad sexual y el día jueves 6 de febrero, algunas personas que iban a participar del evento fueron intimidadas para que no asistieran.

Ante las repetidas y recurrentes amenazas que han recibido las personas que impulsan y coordinan el comité, la Unidad Nacional de Protección realizo la evaluación de riesgo a algunos de sus integrantes y ha calificado como extraordinario el riesgo que corren estas personas, sin embargo, las medidas otorgadas son insuficientes, ineficientes e inadecuadas para mitigar el riesgo y asegurar de manera real y efectiva la protección.

Es importante recordar, que por una de las masacres de Mapiripán, ocurrida entre julio 17 y 20 de 1997, existe un fallo judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que está demostrada las responsabilidad del Estado Colombiano por acción y omisión en estos graves crímenes que a luz de la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos son considerados crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado.

Ante estas circunstancias Humanidad Vigente Corporación Jurídica Exige:

Al gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección que de manera urgente e inmediata se garantice la protección de estas personas adecuando las medidas ya otorgadas para que realmente resulten útiles y efectivas.

A la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas, para que de forma ágil y en consenso con la comunidad de Mapiripán restablezcan los derechos de las víctimas y tomen medidas eficaces para que estos crímenes no vuelvan a repetirse.

A los organismos de investigación y control y autoridades judiciales actúen de manera diligente a fin de identificar e individualizar, juzgar y sancionar a los responsables de estas amenazas.

A los organismos internacionales de derechos humanos, y comunidad internacional su acompañamiento y seguimiento a estos hechos.