El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió gran parte del país y dejó una emergencia de enormes proporciones, con graves afectaciones en territorios como Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.
En medio de esta tragedia, miles de personas y familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos, viviendas y medios de vida. Esta emergencia también vuelve a poner en evidencia las profundas desigualdades territoriales que atraviesan al país y las condiciones históricas de abandono estatal y racismo estructural que han afectado particularmente a regiones como el Chocó.
En este momento, cada minuto es determinante. Se requiere maquinaria especializada, equipos de búsqueda y rescate, personal experto en estructuras colapsadas y todas las capacidades técnicas disponibles para continuar la búsqueda de personas que aún podrían encontrarse bajo los escombros.
Por ello, las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos exigimos al Gobierno nacional garantizar una respuesta inmediata, oportuna e integral y disponer de todas las capacidades nacionales e internacionales necesarias para salvar vidas.
Esto implica aceptar, con carácter urgente, el apoyo internacional que distintos países han puesto a disposición de Colombia para fortalecer las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria. Países como México y China han expresado su voluntad de colaborar a través del envío de personal especializado en búsqueda y rescate. Es inaceptable que el gobierno se niegue a recibir esta ayuda vital para encontrar y rescatar con vida a las cientos de personas reportadas como desaparecidas. Hacerlo constituye una gran negligencia y una violación flagrante a los derechos humanos.
Ante una emergencia de esta magnitud, ninguna capacidad disponible debe ser desaprovechada cuando está en juego la vida de las personas. La prioridad debe ser fortalecer las labores de rescate, garantizar la atención humanitaria y poner todos los recursos disponibles al servicio de las comunidades afectadas.
Al mismo tiempo, preocupa que, frente a la emergencia, se estén implementando medidas restrictivas de la movilidad y de militarización de los territorios. Las decisiones de las autoridades deben estar orientadas a proteger la vida y facilitar la respuesta humanitaria. No deben traducirse en obstáculos para quienes buscan a sus familiares y sostienen redes de solidaridad y cuidado.
La respuesta del Estado tampoco puede terminar cuando pase la emergencia. El Gobierno nacional debe garantizar una recuperación y reconstrucción integral y transparente, con enfoque territorial que permita la vida digna para todas y todos. Las comunidades no pueden esperar más.
Esta tragedia exige una respuesta estatal a la altura de la magnitud de la emergencia: una respuesta que ponga en el centro la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades, y que reconozca las capacidades que desde los territorios han sostenido la atención y el cuidado en medio de la crisis.
Porque la solidaridad, la juntanza y el cuidado colectivo también son formas de resistir y sostenernos en medio de las circunstancias.
Suscriben:
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
- Corporación Jurídica Yira Castro
- Humanidad Vigente Corporación Jurídica
- Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
- Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS)
- Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO)
- Fundación Proyecto Vida
- Voces que trascienden
- Corporación CEAC
- Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
- Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB)