Cabe destacar que desde el 7 de agosto de 2018 día del inicio del nuevo gobierno y el 30 de octubre de 2019 recibimos un total de 133 denuncias. Luego, entre el 30 de octubre de 2018 y el 30 de enero de 2019 151, y entre enero y abril 122, como ya mencionamos, para un total de 406 violaciones a los derechos humanos en lo corrido del gobierno Duque hasta el pasado 30 de abril.
Durante los primeros meses del año, el gobierno del presidente Iván Duque continúo promoviendo políticas contrarias al cumplimiento de los Acuerdos de Paz suscritos con las Farc -EP, como su intento fallido de introducir reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, y el regreso al enfoque de la política antidrogas basada en la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Esto, junto con la falta de garantías para líderes y lideresas sociales y los asesinatos de excombatientes ha generado un nuevo ciclo de violencia en el país, que ha sido rechazado de manera vehemente por un amplio sector de la opinión pública nacional y por la comunidad internacional.
Por otra parte, las movilizaciones sociales que reivindican los derechos sociales y el Acuerdo de Paz han sido fuertemente reprimidas y deslegitimadas desde el Alto gobierno, lo que se vió reflejado particularmente en el caso de la Minga Social por la Vida, aumentando el riesgo que enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos, y llevando al país a retroceder a las políticas más tenebrosas de persecución contra la oposición de los dos gobiernos del expresidente Uribe.
Entre tanto, crecen las denuncias por el recrudecimiento del conflicto armado, con efectos como desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, abusos de la fuerza pública, represión al movimiento social, presencia paramilitar en los territorios, reorganización y fortalecimiento del crimen organizado, entre otros.
Por esa razón, emitimos este nuevo SOS por la Paz, la Vida y las Garantías de No Repetición, para insistir ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional sobre la urgencia de exigir la implementación plena y cabal de los Acuerdos de Paz, suscribir acuerdos y compromisos humanitarios con la guerrilla del ELN en protección de las comunidades y retomar el rumbo de la solución política negociada con esta guerrilla, para consolidar una paz completa, estable y duradera en Colombia.
En esta entrega analizamos el período comprendido entre el 30 de enero y el 30 de abril de 2019, en el cual hemos registrado 122 hechos victimizantes, 29 menos que en el período anterior comprendido entre el 30 de octubre de 2018 y el 30 de enero de 2019.
Ver anexo hechos
Cabe destacar que desde el 7 de agosto de 2018 día del inicio del nuevo gobierno y el 30 de octubre de 2019 recibimos un total de 133 denuncias. Luego, entre el 30 de octubre de 2018 y el 30 de enero de 2019 151, y entre enero y abril 122, como ya mencionamos, para un total de 406 violaciones a los derechos humanos en lo corrido del gobierno Duque hasta el 30 de abril. Entre el 7 de agosto de 2017 y el 2 de mayo de 2018, es decir un periodo similar habíamos recibido denuncias de 356 hechos. Es decir un incremento del 14% en las denuncias en relación con el año anterior.
Por tipos de violaciones a los derechos humanos, en el periodo comprendido entre el 30 de enero y el 30 de abril recibimos denuncias de 28 casos de abusos de la fuerza pública en donde al menos hubo 62 víctimas, 26 de estos casos se presentaron en el contexto de la Minga Social por la vida, el territorio y la paz, que se llevó a cabo entre el 9 de marzo y el 9 de abril pasados.
De igual forma, registramos 25 homicidios con 35 víctimas, 16 de ellas defensoras o defensores derechos humanos y 8 más mingueros que murieron en medio de hechos confusos cuando preparaban su participación en la movilización social; 11 atentados, 9 de ellos contra comunidades indígenas en el marco de la Minga Social. Uno de esos hechos fue la explosión mientras mingueros preparaban la movilización, en Dagua, Valle del Cauca, hecho del cual se quiso culpar a las mismas víctimas desde el alto gobierno, aumentando la estigmatización y el riesgo para los pueblos indígenas.
En el periodo también recibimos denuncias de 19 amenazas con 72 víctimas individuales y colectivas, 19 casos de hostigamiento con al menos 10 víctimas, 1 caso de erradicación forzada en Altamira, Cauca por el Ejército Nacional y 2 denuncias de presencia paramilitar.
Pero quizás la crisis humanitaria más extendida es la que vive el departamento del Chocó con el desplazamiento de miles de personas por la confrontación entre la guerrilla del ELN y la fuerza pública, así como por el accionar de grupos paramilitares.
Tal y como se puede consultar en la base de datos anexa, recibimos denuncias de 5 infracciones del Derecho Internacional Humanitario en donde al menos hubo 1315 víctimas, la gran mayoría de ellas víctimas de desplazamiento forzado: 1000 integrantes de la comunidad Jawal y Marcial, 226 más de la Asociación Orewá, 24 personas del pueblo Embera Katío, todas ellas en Riosucio, y 27 más en Altos de Guayabal Chocó, habían sido desplazadas en este periodo. También 187 familias con un número indeterminado de personas en el municipio de Bojayá por la confrontación armada entre el ELN y los paramilitares.
De igual forma en Antioquia, donde el desplazamiento forzado de comunidades está ligado a la erradicación forzada y a la tragedia humanitaria ocasionada por la fallida hidroeléctrica Hidroituango, se entrecruzan intereses económicos con presencia de grupos paramilitares y las llamadas disidencias para atacar a estas comunidades, como se detalla más adelante.
También en el Sur de Bolívar según denuncia recibida, se presentó el desplazamiento de la comunidad del municipio de Micoahumado por enfrentamientos entre el Ejército y el ELN. De igual forma, recibimos la denuncia de la desaparición de tres campesinos en San José de Uré, Córdoba, en medio del desplazamiento forzado por enfrentamientos entre grupos ilegales en disputa territorial.
El Cauca: entre la resistencia y la represión
Después de Chocó, Cauca sigue siendo el departamento más afectado por la violencia sociopolítica y el conflicto armado al menos 116 víctimas de 50 hechos victimizantes.
La zona suroccidental del país estuvo en el centro del debate público, sobre todo a raíz de la Minga y la represión de la fuerza pública, y por las constantes amenazas y ataques a líderes y lideresas sociales, entre los cuales dio mucho de hablar el atentado a una reunión de las organizaciones afro, en las cuales se encontraban entre otros, Francia Márquez, Carlos Rosero y Víctor Hugo Moreno.
Ello se debe a una suma de factores en donde se debe tener en cuenta los enfrentamientos entre distintos grupos armados por el control territorial y las rentas de las economías ilegales, las disputas entre quienes buscan la aplicación o el rechazo a las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito, las tensiones entre comunidades indígenas, campesinas y afro por el reconocimiento de sus derechos territoriales y colectivos, entre otros.
En Caldono, como muestra de ello, tuvieron lugar 8 de los 16 homicidios y 15 de los 20 atentados, en donde las víctimas fueron indígenas de los pueblos Waunan, Nasa y Emberá, quienes se preparaban para participar en las movilizaciones hacia el sector de la Delfina, del cual, hasta el momento se desconoce el presunto autor.
De la misma manera, en todo el departamento se han registrado 30 denuncias por amenazas, en su mayoría contra líderes indígenas, guardias indígenas y defensores de derechos humanos, de organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC, Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -Anzorc, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro, entre otras, las cuales han sido firmadas por grupos armados ilegales como Águilas Negras y las llamadas disidencias de las Farc, y otros por desconocidos.
Los hechos que más llamaron la atención durante este periodo en el departamento fueron los excesos de la fuerza pública, en donde tuvieron lugar 46 de las 62 denuncias. Según registramos, el ESMAD, la Policía Nacional y Ejército Nacional en muchos casos no solo abusaron de autoridad sino que arremetieron con fuerza desproporcionada contra los y las manifestantes.
Particularmente, en Cajibío se presentaron 13 de las 46 denuncias, en donde comunidades campesinas denunciaron que durante una jornada pedagógica en la vereda El Cairo el Ejército Nacional y el ESMAD ingresaron de forma violenta a su campamento, dándose una confrontación por el maltrato a sus pertenencias y organización. En Caldono el Ejército Nacional detuvo integrantes de las comunidades de las veredas de la Venta, el Darién, Centro y Campo Alegre, todas dentro del resguardo indígena de la Laguna Siberia, después de haberles preguntado abusivamente si estaban en paro o si se dirigían a la Minga.
Del mismo modo, según las denuncias del CRIC, atacaron con gases lacrimógenos al campamento minguero de la vereda de La Pajosa, Cajibío, luego de la noche anterior la comunidad hubiese sido hostigada y atacada por sobrevuelos de drones y una fuerte explosión. Por otro lado, según la denuncia de la Comunidad Afro del Norte del Cauca, durante una protesta pacífica en Buenos Aires, en la vereda de San Francisco, el ESMAD entró violentamente por medio de distintos vehículos, lanzó gases lacrimógenos contra la comunidad que se encontraba en la vía y retuvo a algunos manifestantes, y les quitó su cédula de ciudadanía para tomarles fotografías.
Antioquia: Amenazas e incumplimientos en Planes de Sustitución
Durante el periodo se registraron en Antioquia 11 hechos en donde hubo al menos 14 víctimas en donde destaca un caso de desplazamiento forzado y un desalojo de comunidades de Sabanalarga, que se suma al despojo y la tragedia humanitaria ocasionada por EPM e Hidroituango. También 3 situaciones de hostigamiento y 2 homicidios.
Al igual que en el Cauca, en Antioquia se percibe una recomposición y reorganización del poder territorial con el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz donde las comunidades organizadas enfrentan la incapacidad institucionalidad y la amenaza de los grupos armados ilegales.
Por eso en muchos casos los beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS, están en la mira de esas fuerzas en disputa, sobre todo porque no hay un discurso coherente desde el gobierno que pretende abrir la compuerta a la erradicación forzada ya declarada inconstitucional, contradiciendo los Acuerdos de Paz que contemplan la sustitución voluntaria y concertada. Mientras las comunidades están comprometidas con la implementación, la fuerza pública insiste en la erradicación forzada y los grupos armados ilegales intimidan y atacan a quienes cuestionan su autoridad territorial.
La vereda El Cedral, del municipio de Ituango, acumula varios de los hechos registrados en el periodo, 3 de los 11 del departamento. Así, familias campesinas denunciaron hechos de hostigamiento al haber sido citadas a reuniones con el autodenominado Frente 18 de las disidencias de las FARC, las cuales tuvieron como resultado que a los días siguientes fueran amenazadas por ser beneficiarias del PNIS.
En la misma vereda se ha denunciado el abandono estatal ya que no se han cumplido con las garantías mínimas de seguridad ante la presencia de grupos paramilitares, grupos delincuenciales y el surgimiento de las llamadas disidencias. Una muestra de ello es que haya habido fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y varios hombres armados, que al parecer pertenecían a las Autodefensas Gaitanistas en cercanías a la Institución Educativa Luis María Preciado Echavarria.
Según hemos registrado lo anterior se ha presentado en varias veredas del municipio, en donde habitantes del Palmichal, Los Venados, Esmeralda, La Flecha, Santa Rosa, Rogero, Soledad, Río Sucio y Santa Barbara, han sido amenazados por participar en los programas del PNIS, a tal punto que alrededor de 560 familias han tenido que salir de sus hogares desplazadas.
Chocó: Resistiendo a una guerra del pasado
Como ya lo señalamos, las comunidades indígenas y afro del Chocó están viviendo una aguda crisis humanitaria por el desplazamiento forzado y una total falta de garantías de seguridad. La mayoría de los hechos denunciados del departamento se presentaron en el municipio de Riosucio, 8 de los 10, que incluyen 2 denuncias por presencia paramilitar, 2 por infracciones al DIH, 1 por desplazamiento forzado y 1 por homicidio.
Las comunidades de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó ha protestado porque la ocupación a sus territorios no ha cesado y la restitución no llega. Además, han denunciado que los paramilitares responsables históricamente del desplazamiento en esta zona siguen operando, incluso en presencia de la fuerza pública. Por ello, siguen viviendo bajo constantes intimidaciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, incluso dentro de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza de esta comunidad amparada con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH.
Así mismo, las comunidades del pueblo Emberá Katío, del Resguardo Salaquí- Pavarando, también en el municipio de Riosucio, han denunciado que ante los constantes enfrentamientos entre grupos ilegales no identificados y la instalación de minas antipersonal en sus territorios, se han visto obligados a desplazarse. También, en el Resguardo Opogado-Doguado, en el municipio de Bojayá, 187 familias también fueron desplazadas, huyendo de los enfrentamientos entre las AGC y el ELN.
El constante asedio de los enfrentamientos ha obligado a las comunidades a ubicarse en zonas sin las condiciones adecuadas para vivir, tal y como ocurrió con las comunidades de Jagual y Marcial, los cuales han tenido que resguardarse en zanjas para evitar quedar en medio del fuego cruzado, dejando así, según la denuncia de la ONIC, a alrededor de 1000 familias en riesgo permanente. Lo mismo ocurrió en el municipio de Alto Guayabal, en donde las comunidades denunciaron que debido a los desplazamientos a los que se han visto obligados, han presentado síntomas de paludismo lo que se suma a la presencia de paramilitares de la AGC y de la guerrilla del ELN que en muchos casos han prohibido la pesca y la caza, además de haber restringido el ingreso de víveres municipios.
Pueblos indígenas, líderes y lideresas siguen en la mira de los violentos
Por poblaciones y sectores sociales, en el periodo del actual SOS, 58 de los 122 hechos recayeron sobre población indígena, 6 homicidios, 10 atentados, 7 amenazas, 10 situaciones de hostigamiento, 19 abusos de la fuerza pública y 5 infracciones al DIH, en las que hubo 1396 víctimas. La mayoría de los hechos se dieron en la coyuntura de la Minga Social a la cual el Estado dio un tratamiento militar y represivo.
Desde el partido de gobierno, el senador Uribe y el ministro de Defensa Botero promovieron intervenciones de la fuerza pública, acusando a las comunidades de ser apoyadas por el terrorismo, mientras que el presidente Duque optó por convocar una reunión, a la que luego no asistió, cerrando así una breve fisura entre las políticas de su gobierno y la agenda de su partido.
Así mismo los líderes y lideresas sociales siguen estando en peligro. 41 de los 122 hechos recayeron sobre personas dedicadas al activismo, en los que se presentaron 16 homicidios, 8 muertes de mingueros por artefacto explosivo en circunstancias aún confusas, 2 atentados, 16 amenazas, 4 situaciones de hostigamiento, 5 abusos de la fuerza pública y 1 caso de secuestro en donde hubo 99 víctimas. Uno de los hechos más lamentables tiene que ver con el asesinato del líder Policarpo Guzmán Mage, un campesino fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia -ASCAMTA, y coordinador municipal de la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, el cual había vuelto al municipio luego de varios años al haber sido desplazado inicialmente por el grupo paramilitar “Los Rastrojos”.
Una vez más, el suroccidente es la región en donde comprometerse con el activismo político y social es más peligroso, ya que acumuló 21 de 41 hechos, 15 y 6 en Cauca y Valle del Cauca en ese orden, 3 en Huila y 2 en Antioquia, Caquetá, Chocó, Norte de Santander y Santander, respectivamente.
De acuerdo con el informe Todos los nombres, todos los rostros, del movimiento Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), entre enero de 2016 y mayo de 2019 ha habido 837 personas asesinadas, de las cuales 702 serían líderes y lideresas sociales y 135 excombatientes de las FARC.
¿Quiénes son los responsables?
En 49 de los 122 hechos el autor es desconocido, en donde se presentaron 20 homicidios, 9 amenazas, 8 situaciones de hostigamiento, 7 atentados, 3 infracciones al DIH, 1 agresión en manifestación y 1 caso de secuestro a una lideresa sindical de la USO. En otros 16 hechos la responsabilidad recae en grupos paramilitares denominados: AGC, Águilas Negras, Autodefensas Campesinas y “Los Koreanos”, los cuales participaron en 5 amenazas y 3 infracciones al DIH.
Así mismo, 12 de los hechos fueron perpetrados por grupos autodenominados como disidencias de las FARC y por el ELN, con 5 amenazas, 4 hechos de hostigamiento y 4 infracciones del DIH.
La fuerza pública fue responsable de 42 hechos, 23 el ESMAD, 14 el Ejército Nacional, 4 la Policía Nacional y 1 en actuación conjunta entre el ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros -EMCAR.
De los 27 hechos de abuso de la fuerza pública, 21 se presentaron en el Cauca, 2 en Valle del Cauca y 1 en Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Putumayo, respectivamente, en los que participó principalmente el ESMAD y el Ejército Nacional. Hubo también 7 situaciones de hostigamiento, 4 en el Cauca y 1 en Bogotá, Antioquia y Meta, atribuidos sobre todo al Ejército Nacional.
En el periodo también se denunciaron 4 homicidios a manos de la fuerza pública.1 en en el municipio de Cajibío, Cauca, en donde según la denuncia por un disparo hecho por la Polícia Nacional perdió la vida Deiner Cerefino Yunda Camayo, quien se encontraba participando de la Minga. 2 en el municipio de Tumaco, Nariño en donde según la denuncia miembros de la Policía Nacional entraron al lugar de residencia de Winston Preciado y Tomás Solís, y, sin mediar palabra, abrieron fuego, quitándoles la vida para luego llevarlos en un helicóptero. Ambos eran miembros de la Junta de la Vereda de Tiesteria perteneciente al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.
Pero quizás el que tuvo mayor resonancia fue el cometido en el municipio de Convención, Norte de Santander donde Dimar Torres Arévalo, excombatiente de las FARC y campesino, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional. De no ser por la intervención de campesinos de la zona no se conocerían las circunstancias de su ocurrencia, ya que no solo le quitaron la vida sino que cercenaron partes de su cuerpopara luego enterrarlo en una fosa común. Este último causó tanto revuelo a nivel nacional que el General Diego Villegas pidió disculpas públicas a la comunidad en el municipio de Ocaña, del mismo departamento, mientras el Ministro de Defensa dio declaraciones contradictoras tratando de ocultar los hechos.
Y la implementación embolatada
Aunque desde los sectores más críticos de los Acuerdos de Paz y cuyos intereses están hoy representados en el gobierno se insiste en responsabilizar al Acuerdo mismo de este nuevo ciclo de violencia posacuerdo con las Farc-EP, la realidad de las regiones evidencia que es justamente el incumplimiento de lo pactado, el principal obstáculo que enfrenta la seguridad y la paz en los territorios.
Según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, a febrero de 2019 el 69% lo acordado está en proceso de implementación y, a más de dos años de la firma del Acuerdo, sólo el 23% ha sido implementado completamente. En los puntos 1 y 3 Reforma Rural integral y Solución al problema de las drogas, cruciales para la paz territorial, el incumplimiento es de más del 50%. La no aprobación de la Reforma Política y de las Circunscripciones Especiales de Paz también son señalados como grandes deudas con la implementación de los Acuerdos de Paz.
En defensa de la JEP y de la Paz
Haciendo caso omiso a lo que la Corte Constitucional ya había dicho sobre la JEP, el gobierno Duque en consonancia con las tesis uribistas, desgastó los primeros meses del año y su relación con el Congreso en la discusión seis objeciones a su Ley Estatutaria del órgano de justicia transicional, las cuales pretendían reformar lo que ya había sido revisado en detalle, contando para ello la vocería del ex fiscal Néstor Humberto Martínez en el Congreso y contando con la supervisión del presidente del Senado, Ernesto Macías.
Aún así y luego de prolongadas sesiones en donde los partidos de gobierno se vieron derrotados por mayoría en el Congreso, la Corte Constitucional tuvo que revisar nuevamente las objeciones y aclaró que todos sus argumentos ya habían sido solucionados, de tal forma que ordenó al presidente Duque sancionar la ley. Ese hecho significó un avance muy importante para la implementación del Acuerdo en materia de justicia a la vez que otro síntoma de la escasa legitimidad con la que cuenta el gobierno en su empeño por retomar el rumbo de la guerra.
Ante las objeciones y constantes intentos de deslegitimación de la JEP, sus defensores y defensoras se han multiplicado, dentro y fuera del país. Las expresiones de respaldo han venido de la ONU, de la UE, de los países garantes del Acuerdo de Paz, al mismo tiempo que se dieron amplias discusiones y movilizaciones en todo el país, en las que participaron organizaciones sociales y de víctimas, de tal forma que, si antes existían dudas sobre su funcionamiento y posibilidades, hoy en día la opinión pública cuenta con más claridad sobre la justicia transicional y su importancia para la construcción de paz.
También avanza y se consolida el movimiento nacional Defendamos la Paz donde convergen víctimas, organizaciones y líderes sociales, académicos, periodistas, congresistas, voceros de distintas vertientes políticas para discutir estrategias para defender el Acuerdo de Paz.
Como primera meta se trazó la recolección de un millón de firmas con las que se espera brindar de legitimidad la Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, o las llamadas Curules de Paz, las cuales serían ocupadas por 16 representantes de las zonas más golpeadas por el conflicto armado entre 2018 y 2022, y que fueron hundidas en la legislatura pasada. Por ahora, están en revisión en el Consejo de Estado, luego de dos fallos de la Corte Constitucional que permiten interpretar que en las votaciones de 2017 hubo apoyo suficiente para que fueran aprobadas.
A propósito de su cuadragésima novena Asamblea General, la cual será llevará a cabo en Medellín, Antioquia, del 26 al 28 de junio, organizaciones defensoras de derechos humanos junto con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -Oacnudh y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, convocan al evento Defensoras y defensoras bajo ataque: ¿Que falta para proteger a quienes defienden los derechos en Colombia? donde se busca que el estado colombiano y los estados parte adquieran compromisos reales de protección de estas personas y sus comunidades en todo el continente.
Por otra parte, diversas organizaciones sociales y políticas han hecho un llamado a la Jornada Internacionalista de Solidaridad, por la Soberanía e Integración de los Pueblos, la cual tiene como objetivo problematizar y visibilizar las críticas al papel que la Organización de Estados Americanos -OEA ha desempeñado en América Latina y el Caribe.
En estas jornadas, el día 26 será desarrollado el Foro Internacionalista de Solidaridad, por la Soberanía e integración de los Pueblos, el 27 la Movilización por la Defensa de la Soberanía e integración de los Pueblos en rechazo a la política injerencista de la OEA y el 28 de junio la Reunión Nacional ampliada de Organizaciones Sociales, sindicales y políticas, en las cuales se abordarán las Perspectivas de la Solidaridad Internacionalista, defensa de la soberanía e integración de los pueblos, en la Universidad Autónoma de Medellín.
Frente a todos los obstáculos y todos los intentos por retroceder, la paz se impone. Son múltiples voces a nivel internacional y desde los sectores más diversos del espectro político quienes le exigen al Presidente Duque abandonar la agenda de su partido político y gobernar para todo un país y en un contexto internacional que se resiste a que Colombia retroceda.