Ante señalamientos contra defensores/as y víctimas de crímenes de Estado,

Ante señalamientos contra defensores/as y víctimas de crímenes de Estado,

El Movice y las organizaciones abajo firmantes consideran que argumentos y señalamientos como los esgrimidos por el General (r), responden a la aplicación de doctrinas de seguridad arraigadas en buena parte del estamento militar colombiano y de quienes hicieron parte de él. Esta situación ha traído como consecuencia que a las y los defensores de DD.HH y las víctimas de crímenes de Estado se nos señale como actores de una guerra, lo que a la postre ha legitimado la persecución, así como el exterminio social y político.

Las organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, las agresiones sistemáticas y acusaciones sin fundamento a las cuales hemos sido sometidas.

El día 6 de julio, Soraya Gutiérrez A., abogada defensora de derechos humanos, en su condición de vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, e integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-, intervino en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional en el marco del examen de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017 que incorpora a la Constitución Nacional el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En su intervención, solicitó a la Corte revisar el concepto de los delitos cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado, además de establecer criterios de diferenciación entre el mismo y la violencia sociopolítica ejercida contra sectores sociales y opositores políticos. Estos delitos han sido cometidos, de manera sistemática y generalizada, por el Estado con el apoyo de estructuras paramilitares y grupos económicos.

Igualmente requirió establecer un régimen más estricto para investigar y sancionar aquellas conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública dada su posición de garantes. El trato diferenciado para agentes del Estado no debe implicar un trato privilegiado en relación con el marco jurídico (el cual excluye la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la responsabilidad de mando, que establece condiciones concurrentes que desdibujan lo establecido en el Estatuto de Roma). Finalmente, hizo un llamado a que se establezcan mecanismos de coordinación y condicionalidad entre los distintos componentes del Sistema, en cumplimiento de la integralidad de éste.

Luego de su intervención, el General en retiro Jaime Ruíz Barrera, representante de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares – ACORE, dedicó buena parte de su alocución a señalar y estigmatizar la labor del Cajar, de las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Las señaló de hacer parte de la “extrema izquierda radical” y desempeñar un papel dentro del conflicto armado, descrito por él como la “guerra jurídica”, la cual según su apreciación, tendría como objetivo propinar una derrota a las fuerzas militares y dejarlos “consumidos, acabados y eliminados”. Esta situación se desarrolló sin haber sido moderada por la Corte Constitucional y el día anterior, 5 de julio, el Fiscal General de la Nación mencionó igualmente en su discurso el término de la “guerra jurídica” en la misma sala de audiencias.

El Movice y las organizaciones abajo firmantes consideran que argumentos y señalamientos como los esgrimidos por el General (r), responden a la aplicación de doctrinas de seguridad arraigadas en buena parte del estamento militar colombiano y de quienes hicieron parte de él. Esta situación ha traído como consecuencia que a las y los defensores de DD.HH y las víctimas de crímenes de Estado se nos señale como actores de una guerra, lo que a la postre ha legitimado la persecución, así como el exterminio social y político. Si queremos avanzar en una paz estable y duradera, es necesario abrir un debate público sobre el rol de la Fuerza Pública en su construcción y las doctrinas que hasta ahora han orientado su accionar: aquellas que ven en el pensamiento distinto a un “enemigo interno” que hay que combatir, visión que ha permeado amplias capas de la sociedad.

Al finalizar la audiencia, hubo hostigamientos contra Soraya Gutiérrez por parte de una señora que se identificó dudosamente como defensora de derechos humanos. Inquirió a la vocera del Movice preguntando por su esquema de protección, asegurando que se había presentado un incidente de seguridad en el corredor de la Corte, que temían por su seguridad y que el GAULA estaba enterado de esta situación y pendiente de lo que requiriera. Sin embargo, se retiró rápidamente de la sala de audiencias y los policías presentes en el pasillo desmintieron que se hubieran presentado hechos relevantes para la seguridad del recinto.

Estas situaciones de ataque y amenaza, a víctimas y personas defensoras de derechos humanos, viene reiterándose en escenarios en los que se exponen nuestras solicitudes de garantías de verdad, justicia, reparación integral y no repetición basadas en derechos reconocidos nacional e internacionalmente.En diversos escenarios, durante el año 2016, la Defensoría del Pueblo registró 134 homicidios a personas de movimientos sociales. Este año el panorama es similar, hasta el momento organizaciones sociales registran 66 atentados contra defensores/as de DD.HH.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a las instituciones del Estado encargadas de velar y garantizar nuestros derechos, para que rechacen este tipo de estigmatizaciones y ataques, y se tomen medidas encaminadas a hacer efectiva la legitimidad de la labor de las y los defensores de derechos humanos, así como de las víctimas y sus organizaciones. Esta legitimidad que ha sido reconocida por la propia Corte Constitucional y por Directivas de la Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa, de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría, la cual reiteró dicho reconocimiento el pasado 14 de junio mediante la expedición de la Directiva 002 de 2017. Asimismo, solicitamos concertar y poner en marcha la política pública nacional contra la estigmatización a los liderazgos sociales, acorde a lo establecido en los Acuerdos de La Habana.

Suscriben:

ABCPAZ
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos – Asfaddes
Asociación de campesinos y campesinas de la finca la Europa
Asociación de mujeres por Casanare
Asociación de Víctimas de Crímenes del Estado – Asorvimm
Campaña Paz Completa
Central Nacional Pro Vivienda
Cinco Claves para un tratamiento diferenciado de la violencia sexual en la paz
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR
Colectivo de Memoria y Dignidad
Colectivo Luciano Romero, colombianos exiliados en Asturias
Colectivo Sociojuridico Orlando Fals Borda
Colectivo 16 de mayo
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos del Partido Comunista Colombiano – PCC
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
Comité Permanente Por la defensa de los derechos humanos en Colombia – CPDH
CPDH Caldas
Corporación Arlequines
Corporación CEAC
Corporación CSOMIANCOL
Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Corporación Sembrar
Corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria
Corporación Claretiana NPB
Corporación Humanas Colombia
Corporación para el Desarrollo Regional – CDR
Corporación Nuevo Arco Iris
Corporación Reiniciar
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS
Corporación Sisma Mujer
Corporación Yurupari
Coordinadora campesina de Montes de María
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos – CCEEU
Coordinación de Víctimas y Derechos Humanos Nororiente
Fundación TierraPatria
Ecos de Colombia Costa Rica
Equipo Colombiano Interdisciplinario De Trabajo Forense Y Asistencia Psicosocial – EQUITAS
Escuela Nacional Sindical
Familiares de víctimas de desaparición forzada Valle
Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales Cali
Fundación Nydia Erika
Fundación Forjando Futuros
Fundación FUNDEXCO
Grupo de Familiares de Víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá “Vida Memoria y Dignidad”
Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
Hijas e hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio – H.I.J.O.S
Humanidad Vigente
Instituto Popular de Capacitación – IPC
Justapaz
Comisión Intereclesial Justicia y Paz
La Casa de la Mujer
Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
Movice Caldas
Movice Atlántico
Movice Madrid
Mesa Psicosocial
Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales
MECoPa migrantes y exiliados colombianos por la paz – Argentina
Mesa Sucreña por la paz
Mujeres caminando por la verdad
Punto de Encuentro por La Paz y la Democracia
#PazALaCalle
RedUnipaz-Nodo Centro
Red de Víctimas Colombianas por la Paz en América Latina y el Caribe REVICPAZ-LAC

Red Colombiana de Lugares de Memoria:
La Casa de la Memoria Viva de los Hijos del Tabaco, Coca y Yuca dulce
La Chorrera, Amazonas
Casa Museo de la Memoria
Centro Comunitario Remanso de Paz
Centro de Acercamiento para la Reconciliación, CARE
Salón del Nunca Más
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Museo Nacional de la Memoria, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Villavicencio)
Casa de la Memoria de El Salado
Quiosco de la Memoria Las Brisas
Museo Comunitario de San Jacinto
Mujer Misterio de Amor que Da Vida a la vida –Bosque de la Memoria. Cartagena del Chairá
Museo Caquetá
Centro de Memoria del Conflicto
Lugar de Memoria del Atrato
Centro Integral de Formación y Fortalecimiento Cultural WIWA (Sierra Nevada de Santa Marta)
Lugar de Memoria departamental del Meta – El Tente
Rutas de Memoria de El Castillo
Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense
La Piedra de San Lorenzo
Museo Comunitario “Tras las huellas de El Placer” (Putumayo)
Capilla de la Memoria de Buenaventura
Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla
Fundación Guagua
Lugar de Memoria departamental del Valle.
Parque Monumento de Trujillo, AFAVIT

Ruta Pacífica de Mujeres
Sindicato de Trabajadores de EPM y UNE Telecomunicaciones – Sintraemsdes Risaralda
Viva la Ciudadanía

Personas:
Carlos Arturo Velandia- Gestor de Paz
Darwin Torres – #PazALaCalle
Juan Camilo Caicedo – #PazALaCalle
Myriam Criado – Corporación Ágora
Iván Cepeda Cstro – Senador
Alirio Uribe Muñoz Representante a la Cámara

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