La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines, Sindicato de Industria – ASONAL JUDICIAL S.I. – Subdirectiva Cali, en consideración al gran despliegue informativo, que tiene tinte de condicionador económico y social, el cual hace alusión a las expresiones del Director de Estudios País del Departamento de Economía de la OCDE Álvaro Pereira, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y del Gerente del Banco de la República José Darío Uribe, frente a la posible inclusión o Adhesión de nuestro país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, sostienen que es indispensable imponer a los menguados ingresos de los colombianos, una reforma tributaria de manera integral, frente a la expectativa del disfrute de la pensión, ajustar algunos criterios en una nueva reforma pensional y laboral.
En concreto tales propuestas de manera sintética, son:
1. La reforma tributaria se concentrará en disminuir las rentas al capital, es decir, quitarle obligaciones a los grandes empresarios y/o empresas, para ampliar la taza gravable al ciudadano de a pie; en lo que tiene que ver con el IVA que está actualmente, en el 16%, aumentarlo al 19%, como aparentemente es el criterio internacional, o mejor en los países miembros de ese club de
2. Una reforma laboral, antidemocrática y completamente inequitativa, que impondría salarios mínimos por región y sector económico, (tal vez de acuerdo al aporte en el PIB?), generando mayor nivel de exclusión económica y social, aumento desmesurado de los índices de miseria regional y nacional, y que naturalmente, está en contra vía de los objetivos del actual gobierno, de “acabar con el hambre y la miseria” en el país.
Finalmente en esta materia, reafirma una propuesta del notablato industrial de Colombia, que se ha venido controvirtiendo año tras año, y de la cual la clase trabajadora ha salido airosa, como es la eliminación del 4% de la parafiscalidad,
destinada al subsidio familiar.
3. Una reforma pensional, con una propuesta totalmente descabellada, como es la igualar la edad pensional entre hombres y mujeres para pensionarse, fijándola en 62 años; igualmente da luz al otorgamiento de pensiones por debajo del salario mínimo, con todo lo anterior, se entierra definitivamente el régimen de prima media, fortaleciendo a su vez, a los empresarios y al sector financiero del orden nacional y transnacional.
En primer lugar, debemos aclarar que las recomendaciones de este organismo elitista, no son camisa de fuerza, o tienen criterio vinculante para los países que no pertenecen a ese escenario internacional, de exclusión económica y social. Por tanto, demandamos que el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos Calderón y los partidos de la Unidad Nacional, no den por aplicables las mismas, y antes por el contrario, las rechacen de plano.
De aplicarse integralmente las sugerencias, dicha situación representaría que el advenedizo factor político y social del actual mandatorio, en primer lugar de favorecer a la oligarquía nacional, al notablato industrial y comercial, de estar reunido con sus similares a nivel mundial, de sentarse y beber champán y comer caviar, en el club de los ricos; mientras los 46 millones de colombianos, nos sucumbimos en la exclusión, pobreza, marginalidad y miseria, constitutivas de una mayor desigualdad social, factores todos, que agitan cotidianamente los origines del conflicto social y armado en el que se desangra nuestra nación.
Hecho fáctico, que contrasta con los pomposos anuncios del gobierno frente a los Diálogos con la insurgencia de las FARC – EP en La Habana – Cuba, y que los hace extensivos a otras guerrillas como el ELN y EPL. Quedaría entonces, al descubierto que no hay el más mínimo interés por parte del establecimiento de lograr la tan anhelada PAZ en nuestro país. Ahora bien, bajo la misma premisa de no aceptar condicionamientos para alcanzar la paz, como un derecho constitucional de carácter fundamental consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política, según el cual “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, por ende, exigimos al Ejecutivo y Legislativo Nacional: primero, NO ACEPTAR tales pretensiones por parte de la OCDE y segundo, NO AGITAR más las banderas del conflicto interno en nuestra
Obsérvese, que dentro de la hoja de ruta de la campaña electoral del actual andatario de los colombianos, se consignaron los siguientes puntos, que de entrada se contradicen abiertamente con las sugerencias del organismo internacional, estos son:
1.- Un país solidario, incluyente y de oportunidades. Este primer pilar busca construir un país que les dé la mano a los más sectores más vulnerables y contempla educación, vivienda y salud.
3.- Un país sin miedo, sin guerra y en paz. La terminación del conflicto armado para construir una paz verdadera se constituye en el tema transversal del Plan de Gobierno de Juan Manuel Santos.
Nuestra organización sindical, ASONAL JUDICIAL – SINDICATO DE INDUSTRIA, afirma conforme a la Constitución y la Ley, que las recomendaciones de este organismo internacional son enfáticamente inconvenientes, en el ámbito político y social para la nación Colombiana, muchos menos, para determinar la adhesión de Colombia a la OCDE, a costa de la debacle económica, política y social para los colombianos.
Santiago de Cali, Enero 23 de 2015.
DIEGO ESCOBAR CUELLAR
Fiscal Nacional
Asonal Judicial S.I.