Hechos:
Al sur occidente de Colombia, Departamento de Nariño, Municipio de Ipiales
Martes 8 de mayo de 2012
Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, cerca de las 9:15 de la noche, inicia un operativo militar aéreo y terrestre de integrantes de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional.
Miércoles 9 de mayo de 2012
Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, vereda Fronteras del Amarradero (límites con el Ecuador), cerca de las 00:30 de la madrugada, se desarrolla un fuerte bombardeo aéreo seguido de ametrallamientos indiscriminados desde Helicópteros, sobre zona poblada del Consejo Comunitario “Liberación y Futuro” y posteriormente se realiza el desembarco de militares de la Brigada Móvil No. 13 en el mismo lugar.
A las 7:00 de la mañana, se conforma una Comisión de Verificación integrada por comuneros de la región entre quienes estaban: José Carabalí (Presidente del Consejo Comunitario), Dailer Mosquera, Luis Ángel Carabalí, Luis Bisbicus, Albenio Arrieta, Ferley Cerón, Isaías Coronel Y Jonás Caicedo. Cuando la comisión se acerco al lugar de los bombardeos, fueron detenidos por un grupo de soldados profesionales que ocultaban sus identificaciones, quienes no les permitieron continuar por los caminos de la vereda.
Pese a ello, la comisión pudo acceder a la vivienda del señor Faustino Carabalí, vivienda en la cual el grupo de militares de la Brigada Móvil No. 13 se encontraban acampa mentados y tenían retenida en contra de su voluntad a la señora Cayetana Carabalí, bajo el argumento de los militares de “garantizarle la seguridad por posibles combates que se pudieran presentar”. Igualmente su vivienda había sido allanada irregularmente (no existía orden judicial) y los militares causaron daños en muebles, enseres y alimentos.
Durante el tiempo en que la Comisión de Verificación estuvo en la vivienda del señor Faustino Carabalí. El grupo de militares los registraron fotográficamente, sus documentos de identidad fueron registrados y recibieron graves señalamientos por parte de los militares, acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla al interrumpir el desarrollo del operativo y no informar sobre la ubicación de grupos guerrilleros o campos minados.
Aproximadamente a las 11:00 de la mañana se desplegó otro grupo de militares en otras áreas de la vereda y durante las horas de la mañana se han presentado sobrevuelos sobre la región.
Frente al fundado temor de los habitantes del municipio de Ipiales y ante el temor de las comunidades y los ciudadanos afectados
Responzabilizan:
Al Estado Colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento del Nariño en Cabeza de Raúl Delgado, a los comandantes de las fuerzas militares y policiales asentadas en la zona, por las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades Militares que dirigen.
Exigen
Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad de los pobladores de la vereda Fronteras del Amarradero del Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, en el Departamento de Nariño que se están viendo afectados por la acción arbitraria de las fuerzas regulares del Estado Colombiano.
A la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
· El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Al Estado Colombiano
· El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los pobladores de la vereda Fronteras del Amarradero del Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos consagradas en los hechos de esta Denuncia Pública.
A la Gobernación del Nariño
· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los pobladores de la vereda Fronteras del Amarradero del Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos consagradas en los hechos de esta Denuncia Pública.
A la Defensoría del Pueblo
· Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los pobladores de la vereda Fronteras del Amarradero del Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos consagradas en los hechos de esta Denuncia Pública.
Solicitan:
A la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (Oacnudh)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
Instan a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta la crítica situación de derechos humanos que están afrontando el departamento del Nariño
