No es concebible que en una democracia exista un cuerpo de agentes armados dedicados a impedir la libre expresión de los ciudadanos en las calles y vulnerar de manera sistemática su integridad, o privarlos de su libertad o su vida cuando intentan hacerlo. La Corte Suprema de Justicia ha resumido estos patrones de actuación ilegal de este cuerpo policial afirmando que se evidencia una «problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas»[1].

Tanto por su incapacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales y legales adecuadamente con sus principales funciones constitucionales, incluido el control del orden público y la prevención e investigación de los delitos en el marco de las protestas, como por su doctrina y resultados contrarios a cualquier estándar de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, el ESMAD debe ser desmantelado pues ha demostrado ser estructuralmente incapaz de cumplir sus funciones con apego a la ley y respetar los derechos que deben ser garantizados en un Estado de Derecho.

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Boletín Especial sobre Derechos Humanos N° 10

[1] Corte Suprema de Justicia (22 junio de 2021). Sala Civil de la Corte Suprema ordena medidas para garantizar derecho a protesta pacífica. En: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/