La historia es la siguiente: en mayo de 2014 hubo una audiencia que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, varios ministros del despacho y líderes sindicales que se ocupan del tema de la reparación colectiva del movimiento sindical. En esta audiencia el Gobierno se comprometió a expedir un decreto para conformar un equipo “de alto nivel” que estudie metodologías, explore caminos y tome decisiones que conlleven a la reparación del movimiento sindical como víctima colectiva del conflicto armado.

 

Dicho equipo estaría conformado por voceros de la presidencia, los titulares de los ministerios que tienen que ver con el tema de la reparación, la fiscalía, o sus delegados, entre otros. En todo caso un equipo de alto nivel y poder decisorio. Para ello las centrales sindicales y Fecode redactaron conjuntamente un proyecto de decreto que entregaron al Gobierno, que a su vez lo devolvió con anotaciones, y así siguieron otros intercambios. Pero cuando parecía que había consenso sobre el texto final, la última versión que entregó el gobierno en enero pasado tuvo, para sorpresa de los sindicalistas, algunas novedades, como el cambio de nombre del equipo de alto nivel por el de “comisión”, y que los sindicalistas no son integrantes de la comisión sino “invitados permanentes”.

Estos cambios no cayeron bien entre la dirigencia sindical, que no los considera simples alteraciones semánticas. Primero, porque no fueron consultados, y segundo porque rebaja el poder decisorio de la mesa bipartita que orientará el proceso de reparación colectiva y afecta la representatividad de los delegados sindicales. Aunque es de anotar que la CGT si no le ve objeción al cambio de nombre de la comisión, no lo considera tema de fondo.

Domingo Tovar, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT y encargado del tema por esta central, la más golpeada por la violencia antisindical a lo largo de las últimas décadas, señaló al respecto: “Se cambió la concepción inicial, que era la de un equipo bilateral gobierno-movimiento sindical, con funciones para definir metodologías, e incluso discutir presupuesto para la reparación, con una secretaría técnica de dos personas, una del gobierno y otra del movimiento sindical. Hoy no tenemos nada de eso, tenemos una comisión, y todos sabemos lo que pasa en este país con las comisiones”.

Señaló también que no tiene sentido llamar invitados permanentes a los delegados sindicales, pues “para conformar una comisión de invitados no se necesita un decreto presidencial”. Recordó que la Ley 1448 y el Decreto que crea la Unidad de Atención Integral y Reparación a las Víctimas son limitadas, no resuelven todos los problemas en la materia. “La única forma de resolver esos limitantes es mediante un instrumento con legalidad jurídica de alto nivel. O de lo contrario que el Gobierno imponga la norma como la quiere imponer”, agregó el directivo de la CUT.

De la misma opinión es Nora Tovar, secretaria ejecutiva de la CTC y encargada por esta central para el tema de la reparación colectiva. “Uno no ve la voluntad política del gobierno. No entendemos los cambios que introdujo cuando el documento estaba de un cacho”, dijo. Además teme que todo quede en una mesa “sin dientes”. La comparó con la mesa interinstitucional que abrió el gobierno hace algunos años para el tema de derechos humanos, y que no ha funcionado, o funciona cuando el gobierno le conviene.

“Necesitamos una mesa que empiece a definir políticas y discuta lo que estamos proponiendo para la reparación de un colectivo tan importante como es el movimiento sindical”, anotó Tovar. Una mesa en la que sean partícipes y no invitados, porque este calificativo les resta protagonismo como iguales. “Si llegamos a acuerdos y consensos tenemos que ser parte decisoria”, recalcó.

En cambio Humberto Correa, del área de Derechos Humanos de la CGT, si bien no comparte el cambio de rol de integrantes por el de invitados permanentes, no ve objeción al cambio de nombre de la comisión, no lo considera una cuestión de fondo, toda vez que su esencia y objetivos se mantienen.

“La comisión ya no se llama de alto nivel porque, según nos explicaron, constitucionalmente no se puede llamar así. Pero no creemos que con eso pierda categoría porque sus integrantes son los mismos acordados, o sea el fiscal, los ministros de Trabajo y de Hacienda, cuatro ministros en total, más los representantes de las centrales sindicales. Lo que estamos esperando es que el Presidente Santos firme el decreto”, señaló el vocero de la CGT.

Por su parte Domingo Tovar, de la CUT, dijo desconocer las razones del gobierno para introducir los cambios porque no han tenido oportunidad de interlocución. La última se dio en diciembre, en el marco de la discusión del incremento del salario mínimo.

“Estábamos convencidos de que el Gobierno iba a cumplir el acuerdo en el marco del Decreto. Pero seguimos a la expectativa, haciendo esfuerzos para que la reparación del movimiento social y sindical sea una realidad. La CUT está en el momento preciso para ponerle dientes a los contenidos de la propuesta que firmamos las 3 centrales y Fecode. Estamos listos para empezar a negociar”, dijo.

Informó que el tema lo van a discutir en el comité ejecutivo y la Junta Nacional de la CUT el 10 y 11 de febrero. También se tratará al interior de Fecode para ver qué hacer. Para Domingo Tovar la actitud vacilante del gobierno en el tema de la reparación colectiva del sindicalismo no corresponde con el espíritu de las negociaciones de paz.

Por su parte Nora Tovar, de la CTC, dijo que entre las centrales sindicales y Fecode hay muy buen ambiente y entendimiento para seguir manteniendo una propuesta unitaria. “Nos estamos reuniendo con el equipo de personas que conocen del tema para asesorarnos bien y tomar la decisiones que creamos convenientes”, dijo.

Sobre cambio en la dirección de la UNP

El Ministerio del Interior designó al ingeniero Diego Mora como el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en reemplazo de Andrés Villamizar, quien estuvo tres años frente a esta entidad, salpicada en los últimos meses por escándalos de corrupción y dificultades por falta de presupuesto, como también por fallas administrativas advertidas por la Contraloría.

Entre las personas cuya protección tiene a su cargo la UNP figuran los sindicalismos amenazados y con problemas de seguridad, en su mayoría afiliados a la CUT. Por tal razón preguntamos a Domingo Tovar su opinión sobre el nuevo director de esta entidad:

“Hay una serie de problemas que tenemos que resolver en la discusión con el gobierno sobre la figura de la Unidad Nacional de Protección. Y hasta que en la mesa no haga presencia el nuevo director Diego Mora no podemos saber qué va a pasar con la UNP, para dónde va, bajo el entendido de que el Gobierno tiene un plan de restructuración de la entidad, que tiene un déficit presupuestal”.

Sobre los principales retos que tiene el nuevo director, Tovar dijo que éste deberá retomar el papel que la unidad tenía cuando se creó, ver cómo acaba con la corrupción que hay al interior de la entidad, y cómo se protegen los derechos laborarles de los trabajadores escoltas que están sindicalizados y son afiliados a la CUT.

Publicado 11 de febrero de 2015.