Este 18 de febrero del 2022, el Consejo de Estado declaró improcedente la tutela interpuesta por José de Jesús Uribe Silva, un humilde carpintero víctima de montaje judicial originado en una controversia económica con el magistrado José Alfredo Escobar Araújo, quien lo contrató para una obra y le terminó generando una condena a cuatro años de privación de su libertad.

En 2003, José de Jesús se dedicaba a su labor y obra, pero en unas diferencias con el Magistrado Escobar Araújo, éste y sus escoltas le extrajeron una maquinaria de su taller como garantía por el contrato que habían suscrito. Este hecho fue denunciado por el carpintero ante la justicia por haberle quitado su principal herramienta de trabajo, pero en contra-ataque, el Magistrado Araujo denunció a José de Jesús por estafa, falsa denuncia y constreñimiento ilegal.

En una inusual actuación veloz de la justicia penal colombiana, el señor Jesús Uribe inmediatamente fue condenado a cuatro años de prisión por el Juez 19 Penal en sentencia que confirmó el Tribunal Superior de Pasto.

Ante las múltiples irregularidades de este proceso, la representación del carpintero llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia que, en el año 2010, lo absolvió de los cargos después de un año de permanecer en detención domiciliaria. El máximo tribunal declaró que siempre existió atipicidad en la conducta, esto es, que la conducta del carpintero no encajaba en ningún delito, situación que debió haber reconocido el Juzgado, el Tribunal e incluso el Fiscal que lo investigó tan aceleradamente.

Como consecuencia de este error judicial, José de Jesús se enfermó, perdió sus trabajos, sufrió escarmiento en medios de comunicación y fue excluido en sus relaciones familiares y públicas, fue ultrajado y sufrió persecución, sin embargo, nunca recibió justicia. Por el contrario, cuando en junio de 2011 demandó la responsabilidad del Estado por los errores cometidos por la administración de justicia, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado –Sección Tercera-, le negaron su derecho a la reparación integral.

¿Cuáles fueron las razones para desconocer el daño que se le generó al señor Uribe Silva como consecuencia de la injusta privación de su libertad? Tanto el Tribunal como el Consejo de Estado replicaron los argumentos del Juzgado y el Tribunal Superior que lo condenaron en lo penal, pero omitieron realizar una valoración sobre lo veloces que fueron las “investigaciones” y condenas en este caso y, además, el Consejo de Estado tampoco se refirió a la evidente atipicidad de la conducta que reconoció la Corte Suprema de Justicia y que dejaron pasar por alto las otras dos instancias judiciales. Aún más grave, el Alto Tribunal ni siquiera estudió las afectaciones físicas, económicas, laborales y emocionales que le generó la injusta condena al carpintero.

Una vez más, el abuso del poder se impuso sobre un ciudadano humilde e inocente. En este y los últimos casos, el Consejo de Estado sostiene que una persona puede estar privada de su libertad por años, sin importar las afectaciones a las víctimas y sus familias, que las sentencias sean erróneas o que las pruebas sean insuficientes, que exista el derecho a la presunción de inocencia o incluso, como en este caso, que la conducta ni siquiera configure delito.

Por todo lo anterior, en diciembre del año 2021, desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar, en representación de la víctima presentamos una acción de tutela contra la providencia del Consejo de Estado, reiterando el abuso del poder y los daños antijurídicos que no fueron analizados por los jueces de instancia, y solicitamos la protección a los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral del Carpintero.

Ante la decisión del 18 de febrero de 2022 que rechazó la tutela, impugnamos la decisión buscando que este Alto Tribunal reconsidere proteger los derechos fundamentales que le fueron negados al carpintero, haciendo énfasis que el abuso del poder de la justicia generó afectaciones en una persona humilde e inocente.

Esta es una oportunidad para que la justicia pueda alejarse de las influencias y conflictos de interés, y resolver en derecho un caso que compromete a uno de sus Magistrados. Esperamos que el Consejo de Estado admita esta tutela y la falle a favor de los derechos fundamentales de este ciudadano, reconozca el abuso de poder y el error judicial en su contra, y ordene la reparación integral por los perjuicios sufridos.

Lea Columna de Daniel Coronell, El magistrado y el carpintero publicada el 29 de mayo de 2019
Escuche entrevista con el señor José Uribe S. en Caracol Radio el 1 de junio de 2019

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