y las víctimas siguen sin acceso a reparación y servicios de salud globales e integrales. Hoy 26N Lanzamiento virtual del informe a las 9 am

Bogotá, 25 de noviembre de 2020. Mediante un evento virtual, el próximo jueves 26 de noviembre a las 9:00 a.m., la Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008 y 009 de 2015 – Anexos reservados- entregará un informe que actualiza la información concerniente al estado de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.

El documento actualiza la información presentada en el Sexto Informe de la Mesa y está basado en las respuestas de las diferentes entidades a cargo de la atención de víctimas de violencia sexual dirigidas a la Corte en atención al auto 737 de 2017 que valoró como bajo el nivel de cumplimiento de las órdenes emitidas a las diferentes entidades estatales en orden a superar el estado de cosas inconstitucional (ECI) declarado en la sentencia T-025 de 2004.

Este reporte prioriza tres ámbitos de actuación institucional: i. acceso a la justicia y reparación (judicial y administrativa), y las estrategias institucionales de las diferentes entidades del sistema de justicia; ii. protección, en el que se analiza su materialización en las esferas judicial y administrativa; y iii. atención en salud.

En su Sexto Informe, la Mesa constató la casi total impunidad de los eventos de violencia sexual consignados en los anexos reservados de los autos 092 de 2008 y 009 de 2015. La Mesa evidenció inconsistencias y desconocimiento por parte de la Fiscalía frente al universo de casos, inactividad procesal permanente, y ausencia de estrategia de investigación uniforme. Si bien la Fiscalía muestra avances en relación con las estrategias de judicialización y articulación, dichos esfuerzos aún no han impactado en la disminución de la impunidad de los casos. Adicionalmente, se realizó una valoración de información entregada por la JEP a la Mesa, de la cual se concluye que no hay información coherente y unificada sobre los casos, ni existe una estrategia articulada para su judicialización. Además, no se ha priorizado el macrocaso nacional de violencia sexual.

En materia de protección, la Mesa constata un estado muy incipiente de avance, sobre todo a nivel de reglamentación, eliminación de brechas de protección de las víctimas conforme al régimen que judicializa a sus agresores y ausencia de caracterización de daños individuales de violencia sexual. A su vez, la Corte Constitucional se vio obligada a requerir avances efectivos en la adecuación de los programas y en la adopción e implementación de medidas de protección ajustadas a los estándares constitucionales, y acciones ‘macro’ para la formulación y puesta en marcha de políticas públicas interinstitucionales.

En lo relativo al acceso al derecho a la salud, se encontró que no todas las mujeres víctimas de violencia sexual amparadas por los autos están cubiertas por el sistema de salud. Esto, en parte, por la discordancia sobre el universo de víctimas, que refuerza la continuidad de fallas estructurales en los sistemas de información de las diferentes instituciones y la articulación entre ellos, al igual que en el suministro de información a las mujeres sobre sus derechos y los trámites que caben en cada eventualidad; en ocasiones incluso se les trasladó a ellas la responsabilidad de resolver las alteraciones en su estado de afiliación, supeditando a esto la atención en salud.

Si bien se encontró que las víctimas han recibido atención en salud sexual y reproductiva, no se detalla si esta fue especializada, completa, gratuita y permanente, y si esta fue capaz de restablecer de manera plena su capacidad para gozar de esta dimensión de su personalidad.

En general, la Mesa encuentra que, aunque los avances formales son visibles, la consolidación de avances materiales está aún en una etapa inicial. Se esperaría que al finalizar la actual vigencia los resultados concretos sean evidentes y que el plan de trabajo para la articulación nacional y territorial y ampliación de cobertura sea sostenible en las futuras vigencias y con las lecciones aprendidas puestas en práctica. En el mismo sentido, la Mesa también encontró fallas en otras entidades encargadas de garantizar los derechos de las víctimas, como la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

Por último, a partir de la actualización y valoración efectuada en el más reciente informe, la Mesa formuló 41 recomendaciones a las diferentes entidades involucradas en las esferas de actuación estatal de los sectores justicia, protección y salud, focalizadas en la atención de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Mesa de seguimiento a los autos 092 de 2008 y 009 de 2015 -Anexos reservados-

Resumen ejecutivo:

 

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