Publicado originalmente en: eltiempo.com
En mayo habrá audiencias en caso del colectivo Cajar, que ha denunciado persecución por 30 años.
Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) juzgará un caso por la vigilancia e inteligencia ilegal a defensores de derechos humanos.
Se trata del caso interpuesto por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que ha denunciado ser víctima de prácticas de persecución por más de 30 años, en los que sus integrantes han sido foco de actividades de inteligencia ilegal de diferentes organismos del Estado, discursos estigmatizantes, amenazas, atentados, exilios, campañas de desprestigio, torturas psicológicas y hostigamientos.
Aunque Cajar ha sido el representante de otras víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), esta vez, en una audiencia pública convocada para mayo próximo, llegará como peticionario, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que destacó el litigio como una oportunidad para ayudar a transformar el escenario de graves violaciones a los defensores y defensoras en todo el continente.
“Esperamos que la audiencia permita establecer el impacto de las amenazas para la vida de las personas defensoras y consecuentemente, la necesidad de robustecer las políticas públicas que respondan efectivamente y ofrezcan a quienes defienden derechos, la posibilidad de realizar sus labores sin miedo”, dijo Viviana Krsticevic directora ejecutiva de Cejil.
Antes de que un caso pase a la Corte IDH primero surge un trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el caso del Cajar ya se pronunció en un informe en el que señaló que “el Estado incumplió su deber de respeto al hacerse parte mediante acciones concretas de sus autoridades del riesgo enfrentado por el Cajar, así como al mostrarse tolerante y aquiescente respecto de los hechos en su contra”.
Este informe final, sin embargo, no compromete la decisión de la Corte, que escuchará en una audiencia pública citada para el 12 y 13 de mayo próximo a las víctimas, al Estado, a la misma CIDH y a varios testigos para, posteriormente, dar su veredicto.
Frente a lo que esperan las víctimas, el Cajar indicó que piden que las amenazas contra integrantes del Cajar y contra el colectivo sean investigadas a fondo, que se hagan reformas estructurales a las prácticas de inteligencia estatal para que persecuciones como la que han vivido no se repitan, y medidas de reparación integral como el reconocimiento de responsabilidad y perdón público por parte del Estado.