Los días 11 y 12 de marzo de 2024, nos reunimos en Bogotá, Vocerías Territoriales del Proceso Nacional de Garantías con el apoyo de las Plataformas de Derechos Humanos y el Programa Somos Defensores, con el objetivo de abordar la falta de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de derechos humanos y la necesidad de construir una estrategia conjunta y articulada para la protección de la vida en los territorios.

Como movimiento de derechos humanos advertimos una crisis humanitaria que afecta a las comunidades y a los liderazgos sociales.  La actuación de los grupos armados se ha fortalecido en los territorios, así como las confrontaciones entre ellos, con graves afectaciones para la población civil, como se evidencia en los desplazamientos masivos, confinamientos, amenazas y asesinatos.  Hemos perdido cientos de compañeros y compañeras, otros y otras han debido desplazarse o limitar su ejercicio de liderazgo para salvaguardar sus vidas.

La reciente emisión por parte de la Corte Constitucional de la sentencia SU-546 de 2023, que reconoce un Estado de Cosas Inconstitucional con relación a personas defensoras y liderazgos sociales evidencia esta realidad.  Asumiremos la labor de divulgar ampliamente esta decisión y exigir su cumplimiento por parte de las autoridades a nivel territorial y nacional.

En el espacio, dialogamos con  la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos humanos del Ministerio del Interior,  la Unidad Nacional de Protección UNP y congresistas del Pacto Histórico.  A través de estas entidades, transmitimos el mensaje de urgencia de que los derechos humanos vuelvan a estar en la agenda pública nacional.

Saludamos la voluntad del actual Gobierno por avanzar en la elaboración de la Política Pública de garantías, pero se requiere el cumplimiento de otros compromisos como la instalación sin demora de la Mesa Nacional de Garantías y el impulso de las 21 Mesas Territoriales en el país; el seguimiento al Plan de Emergencia, la participación en el “proceso de modernización” de la UNP y la investigación y sanción de las agresiones, la implementación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras (PIGMLD), avances decididos en la ampliación del alcance de la protección colectiva a través del cumplimiento del Decreto 660 de 2018, así como la incorporación de los enfoques diferenciales, de derechos humanos de las mujeres, de género, étnico, territorial e interseccional en el marco de los diversos instrumentos de promoción y protección de garantías para personas defensoras.

Insistimos en la necesidad de transformar el modelo de protección de carácter reactivo e individual, hacia uno que fortalezca la dimensión integral-colectiva y la materialización de enfoques diferenciales étnico, de género, territorial a partir de una participación real, decidida, periódica y cualificada por parte de la sociedad civil.

La comunidad internacional también hizo presencia a través de OACNUDH, PNUD, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Delegación de la Unión Europea en Colombia y las Embajadas de Suiza, Suecia, Noruega y Alemania.  Las delegaciones renovaron su respaldo a la labor de defensa de los derechos Humanos.  Solicitamos su acompañamiento y presencia en los territorios; pedimos apoyo para que el Gobierno Nacional articule las diferentes políticas en materia de paz, desmantelamiento de actores armados y derechos humanos; así como sumarse a la exigencia de cumplimiento la Sentencia SU-546 de 2023 para que la institucionalidad aborde de forma estructural las garantías para la defensa de los derechos humanos.

Como movimiento de derechos humanos insistimos en una reunión urgente con el presidente de la república y haremos seguimiento a los compromisos de las entidades y la comunidad internacional.  Solicitamos un dialogo sostenido con la Oficina del Alto Comisionado de Paz (OACP) en articulación con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Llamamos la atención sobre la necesidad de que la nueva fiscal asuma un papel decidido en la investigación y judicialización de los responsables de las agresiones ejercidas en contra de los liderazgos y personas defensoras de DDHH. Requerimos que la Política de Paz total contribuya a la superación de la crisis humanitaria y a mitigar la violencia contra personas defensoras y liderazgos sociales.  Exigimos el respeto irrestricto a la vida, libertad e integridad por parte de los actores armados y que los diálogos y negociaciones de paz tomen en cuenta nuestras voces y propuestas.

Descarga aquí el comunicado:

C-VoceriasNacionalesTerritorialesDeGarantias-11y12-03-2024