Las organizaciones sociales, ambientales, territoriales, sindicales y de derechos humanos, así como los procesos que defendemos el Agua, la Vida, los bienes comunes y los derechos de las comunidades, integrantes de la Campaña Frenemos las Demandas de Transnacionales, expresamos nuestro respaldo al anuncio realizado por el Gobierno Nacional de Colombia el 26 de marzo de 2026 sobre la salida de Colombia del régimen de arbitraje transnacional de inversión. Este pronunciamiento parte de una convicción profunda que nos une: no es aceptable que las decisiones legítimas adoptadas por los Estados para proteger la Tierra, los Territorios campesinos y urbanos, los pueblos indígenas, las comunidades negras y la salud pública terminen sometidas a mecanismos internacionales diseñados para privilegiar la codicia del inversionista extranjero por encima del interés general, este ha sido el caso de las demandas en contra de Colombia de las empresas transnacionales Aris Mining, Glencore, Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle contra el Agua, los Páramos y los Ríos de Santander; la Guajira; Antioquia; y Caldas. Distintos organismos internacionales han advertido, además, que el régimen de protección de inversiones legitima desequilibrios entre los derechos de los inversionistas y las obligaciones que asumen frente a los Estados y las comunidades, y que es necesario resguardar de manera efectiva la facultad de los Estados de regular en defensa del interés público.
Los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos apuraron en los años 2000 la firma de tratados bilaterales de inversión y de libre comercio sin ningún tipo de debate público ni
estudio de impactos ambientales o sociales. Una de las consecuencias de esta firma masiva ha sido una avalancha de demandas de arbitraje. Desde 2016 y hasta marzo de 2026,
Colombia ha recibido 29 demandas ISDS ante tribunales de arbitraje internacional —el 90% ante el CIADI del Banco Mundial—, convirtiéndose en 2018 en el país más demandado del mundo. Los inversores provienen mayoritariamente de Europa (52%) y América del Norte —Estados Unidos y Canadá— (45%). Más del 40% de las demandas corresponde al sector minero, seguido por actividades financieras e información y comunicaciones. En los seis casos en que ganaron los inversores, Colombia pagó o acordó 412 millones de dólares — cifra que supera el presupuesto completo del Ministerio de Agricultura para 2026—, mientras que las 10 demandas actualmente pendientes acumulan reclamaciones que superan los 12.200 millones de dólares, equivalentes a casi la mitad del servicio total de la deuda pública proyectada para ese año. A eso se suman los costos de defensa jurídica: solo en siete casos resueltos, Colombia desembolsó 27,5 millones de dólares adicionales en honorarios y costos de tribunal, incluyendo 5,5 millones pagados al propio bufete del inversor —Freshfields Bruckhaus Deringer— tras perder el arbitraje South32 vs. Colombia.
Denunciamos que esta instancia ha operado como un sistema arbitrario, asimétrico y profundamente costoso. Aun cuando los Estados no terminen condenados, estos procesos
implican litigios prolongados, equipos de defensa especializados, gastos millonarios en honorarios, tribunales y trámites internacionales, desviando recursos públicos que deberían
destinarse a garantizar derechos, fortalecer la institucionalidad y atender las necesidades urgentes de la población. Además, las demandas -o la mera amenaza de una demanda- puede disuadir que el Estado adopte las medidas necesarias para defender el interés público y garantizar la protección del ambiente, de la salud, y el respeto por los derechos de los pueblos, lo cual se conoce cómo el ‘efecto disuasorio’ y de ‘enfriamiento’. El propio proceso de reforma impulsado en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha reconocido problemas serios de costos, duración, falta de predictibilidad, inconsistencias en las decisiones y cuestionamientos sobre la legitimidad del sistema. Por eso sostenemos que no se trata solo de discutir el resultado final de cada demanda, sino de cuestionar un mecanismo hecho a la medida de las empresas transnacionales para profundizar la destrucción de la Tierra, sostener la impunidad, saquear las finanzas públicas y castigar económicamente la defensa del territorio, la naturaleza y la vida, profundizando la violencia contra sus defensores y defensoras.
En ese sentido, consideramos que el anuncio del Gobierno debe traducirse en decisiones concretas y coherentes: la revisión integral de los tratados bilaterales de inversión y de los
tratados de libre comercio que incorporan cláusulas de protección al inversor, la terminación de estos acuerdos; y la salida de Colombia del CIADI y de otras reglas e instituciones de
solución de controversias inversor-Estado, garantizando una auditoría social y popular. Este es un paso necesario para revitalizar la autodeterminación de los Territorios, recuperar
soberanía democrática, garantizar la capacidad regulatoria del Estado y poner límites reales al poder de las corporaciones extranjeras sobre el destino del país. Al mismo tiempo,
hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones y gobiernos de América Latina para que avancen en la misma dirección y construyan una respuesta regional frente a un
sistema que ha subordinado la justicia social, ambiental y climática a la rentabilidad privada. Proteger a las comunidades, la Naturaleza y los Territorios no puede seguir siendo
entendido como medidas económicamente riesgosas; debe ser reconocido, en toda la región, como una obligación irrenunciable de los Estados.
