En el hecho que ocurrió en territorio colectivo de las comunidades afro descendientes del consejo comunitario de Altamira y Frontera, además, quedaron, por lo menos, 20 personas heridas. Entre las personas asesinadas, se encontraban dos indígenas del Pueblo Awá que ha sufrido durante este año varios ataques. Según la Defensoría del Pueblo, con base en los testimonios recogidos durante la misión de verificación que tuvo lugar el 6 de octubre 2017 liderada por esta entidad, se estableció la presunta participación de la Policía Antinarcóticos en la masacre.
Los hechos se dieron en medio de una protesta contra una campaña de erradicación forzada en el municipio de Tumaco. El campesinado se estaba oponiendo a la erradicación forzada de cultivos de coca, exigiendo que se cumpliera el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
– PNIS reglamentada en el Decreto 893 de 2017. La comunidad había suscrito un acuerdo de sustitución voluntaria en marzo 2017, que hasta la fecha, no se ha implementado
Es sumamente preocupante que las organizaciones que participaron posteriormente en una Misión de Verificación sobre los hechos fueran hostigadas de nuevo por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía. Para evitar la entrada de la Misión de Verificación al lugar donde se presentaron los hechos, los agentes del Esmad procedieron a lanzar proyectiles de aturdimiento y a hacer disparos al aire. También preocupa que, aunque posteriormente fueron destituidos cuatro miembros de la policía, en un primer comunicado el Ejército y la Policía negaron los hechos, alegando que las muertes se dieron por un ataque de un grupo armado ilegal.
No es la primera vez que ocurren este tipo de asesinatos a manos de la Fuerza Pública durante protestas sociales en Colombia por el uso de armas de fuego o el uso indebido de armas de baja letalidad. Durante el Paro Nacional Agrario de 2013 hubo 12 personas asesinadas y 21 personas heridas por armas de fuego. Durante la Minga Agraria, Étnica y Popular en 2016, se denunciaron 3 muertes a manos de la fuerza pública. Durante el Paro Cívico en Buenaventura en 2017 se denunció el uso de armas de fuego contra la manifestación y armas de baja letalidad como gas lacrimógeno, que causaron heridas a 300 personas, entre ellas 10 con armas de fuego.
Las organizaciones firmantes consideramos que tales hechos demuestran la importancia de implementar cuanto antes el Acuerdo de Paz para evitar más conflictos violentos sobre la erradicación forzada y la represión también violenta de la protesta social. Es necesario prevenir, a través de la implementación de lo acordado, este tipo de situaciones y su escalamiento en hechos violentos con víctimas de la población civil. No se puede hablar de una paz duradera y sostenible en todo el territorio colombiano en el posacuerdo si no hay garantías de participación y movilización en su construcción.
Consideramos que estos gravísimos hechos pueden también afectar al buen desarrollo y avance del proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dado que este tipo de violaciones del derecho a la participación política y ciudadana, puede afectar la confianza entre las partes en la Mesa de Diálogos en Quito.
Por todo ello, las organizaciones firmantes solicitamos a la Unión Europea (en particular a su Delegación en Bogotá), sus Estados Miembros, Suiza y Noruega:
- Verificar los hechos a través de una visita a terreno y a través de otros medios de consulta y verificación
- Pronunciarse públicamente ante estos graves hechos.
- Promover una adecuada respuesta por parte de las autoridades colombianas y dar seguimiento a ésta.
- Las organizaciones firmantes solicitamos al Gobierno colombiano:
- Investigar lo ocurrido con debida diligencia, llevar a juicio a los responsables e imponer las sanciones penales y disciplinarias pertinentes a los responsables directos e indirectos de lo ocurrido
- Implementar con celeridad y cumplir en su integralidad con el Acuerdo de Paz
- En particular, aprobar e implementar cuanto antes la propuesta de Ley de garantías de participación ciudadana que las incluye garantías y protección para la protesta social.
- Avance en el marco de esta Ley o fuera de ella en la construcción de un protocolo de actuación de la Fuerza Pública en las protestas sociales que incluya, entra otros elementos, la total prohibición del uso de armas de fuego contra la población civil en el marco de las protestas.
- Cumplir con los autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional relación a las comunidades indígenas y negras