Nos preocupa que el derecho legítimo a la protesta y movilización social sea descalificado con el repetido argumento de que
son infiltradas por las guerrillas, con el propósito de deslegitimar los reclamos de la población y con esto justificar la
represión violenta contra los manifestantes.

Durante los primeros años de este Gobierno, frente a las movilizaciones sociales prevaleció la voluntad de diálogo, preocupa
hoy que, luego de la aprobación de las reformas constitucionales y legales al fuero militar y policial, se ha vuelto a la
estigmatización, la represión, al uso desproporcionado de la fuerza, los abusos de autoridad, maltratos y la muerte violenta de
manifestantes.

Los excesos del ESMAD, el empleo de unidades del Ejército Nacional y el uso de fusiles y armas de asalto contra los
campesinos y, el ataque con disparos de fusil a una Misión Humanitaria de Verificación son violaciones al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos que no permite definir a los civiles como “blanco legítimo” de las balas oficiales.
Los homicidios de los civiles Diomar Humberto Angarita, Hermides Palacios, Leonel Jácome y Edinson Franco,
asesinados por efectivos del Ejército y la Policía, constituyen genuinas ejecuciones sumarias y arbitrarias de civiles que
deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas con prontitud y eficacia por la Justicia Ordinaria.

Por estas consideraciones, las Plataformas de Derechos Humanos y Paz exigimos al Gobierno Nacional que:

• Cesen las estigmatizaciones y señalamientos en contra de los manifestantes, y que por el contrario, se reconozca a
las organizaciones campesinas y sus líderes como interlocutores válidos.

• Se habiliten escenarios de diálogo que permitan plantear salidas a las reclamaciones de las comunidades
campesinas.

• Se priorice el dialogo en contraposición al uso indiscriminado de la fuerza contra las comunidades campesinas.

• La Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones judiciales correspondientes.

Expresamos nuestra profunda solidaridad a las organizaciones y a los familiares de los campesinos asesinados.

Una vez más hacemos un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional a que
adopten las medidas necesarias para retirar del ordenamiento jurídico las normas de la Ley de Seguridad Ciudadana que
criminalizan el derecho a la protesta social así como las normas de impunidad y de autorización del uso letal de la fuerza
contra los ciudadanos y ciudadanas contenidas en las recientes reformas constitucional y legal del fuero militar y policial.

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