En unas semanas todo parece haber cambiado. La vida se detuvo, la muerte se extendió, y nuestra vulnerabilidad se hizo más evidente que nunca. Al menos un millón doscientas mil personas estaban contagiadas de COVID19 hasta el pasado 6 de abril, y las cifras oficiales reportaban al menos setenta mil muertes por la enfermedad.
Para millones de personas la vida se ha detenido; para centenares de miles la muerte los ronda a ellos o a sus familias; para la mayoría de la humanidad las mismas preguntas persisten: ¿Cuándo pasará esto? ¿Qué haremos cuando podamos salir? ¿Podremos vivir la misma vida que llevábamos antes?
Sin embargo, algunos aspectos no cambian, o mejor, algunos aspectos recrean al viejo gatopardo: todo cambia para que nada cambie. El poder corporativo, que ha crecido con el impulso y profundización del neoliberalismo en las últimas décadas, ha logrado influir en la toma de decisiones públicas para priorizar el beneficio privado de unos pocos. Por eso hemos dicho que en muchos países, y en Colombia en particular, se vive la captura corporativa del Estado.
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Por captura corporativa entendemos el ordenamiento institucional que privilegia el favorecimiento del interés de grandes empresarios, en contra del interés público. Tal captura corporativa del Estado se expresa en múltiples maniobras, acuerdos, prácticas, normas y decisiones que priorizan las ganancias de unos pocos, socavando el interés público, debilitando la democracia y bloqueando las políticas públicas que procuran garantizar los derechos humanos.
En esta terrible situación de avance de la pandemia, los representantes del poder corporativo han solicitado a los gobiernos del mundo que no se detengan las actividades productivas, aunque expertos y científicos han señalado que la única manera de contener la expansión descontrolada del virus, y por lo tanto de proteger la vida de los trabajadores hombres y mujeres, es decretando medidas de cuarentena y distanciamiento social. Incluso en estos momentos de crisis, cuando se amenaza la vida de millones de personas, el poder corporativo prioriza sus ganancias por encima de la vida humana.
Por otro lado, la crisis también es un campo fértil para conflictos frente a los destinatarios de las ayudas que el Estado, mediante gasto público, debe proveer. Mientras que el poder corporativo pide auxilios para la banca y las grandes empresas con la excusa de evitar su quiebra, los sectores populares demandan medidas de auxilio para los más vulnerables como la Renta Básica de Emergencia, salarios de emergencia para la población en situación de pobreza, prohibición de despidos y disminución de salarios, fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, así como provisión de subsidios para trabajadores independientes, y para pequeñas y medianas empresas.
Las consecuencias para los países que han privilegiado el lucro privado han sido dramáticas. La resistencia del gobierno de Estados Unidos a darle la debida importancia al virus con el fin de evitar los impactos en la economía, han posicionado al país como el principal foco de infecciones en el mundo, triplicando los casos reportados por China y duplicando los de España, el segundo país con mayor número de personas infectadas. Las consecuencias en términos de violaciones al derecho a la salud son particularmente terribles en esta situación, dado que por muchos años los gobiernos han mantenido un sistema de aseguramiento que privilegia el lucro de las empresas privadas, y abandona a su mala suerte a los desempleados y a las poblaciones más pobres.
En Colombia, como podía preverse, la situación no es tan distinta. Apenas se detectó el primer caso confirmado de coronavirus en el país, distintos sectores le exigieron al presidente Iván Duque decretar medidas que restringieran la circulación de personas. A pesar del incremento de casos, el presidente se demoró 19 días en decretar la cuarentena. Durante estos días, fueron reiterados los llamados de los gremios de grandes empresarios (como la ANDI y Fenalco) al gobierno para que se abstuviera de tomar medidas que pudieran afectar la producción y el comercio.
Desde entonces, muchas de las medidas económicas que ha tomado el gobierno parecen destinadas a darle auxilio al sector bancario y a los grandes empresarios. En contraste, las medidas de auxilio a la pobreza han sido insuficientes e incapaces de alcanzar a la gran masa de trabajadores y trabajadoras de la economía informal, o que han perdido el empleo por causa de la coyuntura.
En todo el mundo, la crisis ha puesto de presente la necesidad de transformar el modelo económico y el rol del Estado. La única manera de enfrentar la pandemia y la inminente recesión económica global, es diseñar nuevos caminos civilizatorios basados en la regulación de la iniciativa económica privada, los límites a la acumulación de la riqueza, la redistribución de activos, la intervención del Estado en la economía con criterios de bienestar social y ambiental, la priorización de la economía del cuidado de los humanos y los territorios, y la garantía de los derechos humanos vistos de manera integral.
Esos nuevos caminos exigen que la vida esté por encima de la acumulación del capital; que la economía del cuidado esté por encima de los intereses de grandes empresarios y banqueros; que la democracia esté por encima del poder corporativo y que los derechos de la gente sean más importantes que los intereses de un puñado de empresarios.
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