1.- Desde sus orígenes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR, ha estado vinculado a la causa de los derechos de las víctimas con una honestidad a toda prueba, contra la impunidad, por la verdad, la Justicia y la reparación integral, la solución política del Conflicto y el respeto a las libertades públicas, tan vulneradas en este país.
2.- En el caso de la masacre de Mapiripán perpetrada entre el 15 y el 20 de junio de 1997 por grupos paramilitares trasladados desde Urabá por vía aérea, con la ayuda del ejército nacional, olvida el Estado Colombiano, que este caso precisamente fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por que en Colombia hubo impunidad, la justicia no operó, el Estado no fue capaz de determinar el número de víctimas, su identidad y su paradero.
3.- No nos cabe la menor duda que es al Estado a quien le correspondía ayudar a esclarecer la verdad y no al Colectivo de Abogados. Si uno o más avivatos se infiltraron entre las víctimas era al Estado y, particularmente, a la rama judicial, a quien le correspondía establecer estos hechos y después de catorce años está claro que no lo hizo.
4.- Ahora, el Presidente de la Republica, el Ministro de Justicia y hasta el propio Procurador, en una actitud novelesca se rasgan las vestiduras, simulan escandalizarse, hablan de “engaños al Estado”, amenazan con “judicializar” al colectivo de abogados, aprovechan para pedir la “revisión de la condena al General Uscátegui” y casi llegan al extremo de sugerir que la masacre de Mapiripán es un espejismo y no existió.
5.- Es evidente que afrontamos una nueva ofensiva desde el gobierno contra la actividad de las organizaciones de derechos humanos, un intento por dividir al movimiento de los derechos humanos entre buenos y malos, imponer obstáculos contra la actividad de los abogados defensores, contra el derecho a la defensa, contra el debido proceso, y al mismo tiempo cobre fuerza la tendencia a la impunidad, el fuero militar y una reforma a la justicia que favorece el statu quo y judicializa la inconformidad social.
El Comité Permanente rechaza la pretensión de altos funcionarios del Estado de distorsionar la realidad, de intentar evadir su responsabilidad, y exigimos que más bien contribuyan a develar la verdad de los hechos en el caso de la masacre de Mapiripán, identificar las carencias y los errores procesales del caso y apoyen la realización de la justicia respetando el debido proceso, renunciando a la estigmatización y la calumnia.
Bogotá, Octubre 31 de 2011
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
